En términos generales, un diagnóstico de cáncer requiere de un abordaje terapéutico que disminuya el riesgo o lo elimine. Cuando la Comisión dictó las medidas cautelares aquí referidas, dos de las eventuales beneficiarias ya habían fallecido. Para estas mujeres, que murieron esperando a tener acceso a los medicamentos y tratamientos necesarios para enfrentar el cáncer de mama, su derecho se hizo ilusorio, porque el Estado venezolano no lo garantizó de manera efectiva.

 La realidad de los pacientes con cáncer en Venezuela, y particularmente las mujeres, constituye un problema de derechos humanos, desde el momento en que no se les garantiza atención oportuna y de calidad. Se trata de una violación al derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación de género y a la equidad en el acceso a los servicios, e incluso a sus derechos económicos.

Esto se traduce en una violación sistemática del derecho a la vida, porque esas muertes pudieron ser evitadas, siempre que se hubieran tomado medidas oportunas y eficaces. Los datos evidencian que los fallecimientos de mujeres con cáncer de mama en vez de disminuir han aumentado. Para el año 2014, las cifras oficiales mostraban que el cáncer de mama fue la tercera causa de muerte del país; y en la actualidad, es la primera. De hecho, cada día nueve mujeres pierden la vida por esta patología, lo que supera en más del 30% al promedio de todos los demás países suramericanos

 Igualmente, esta crisis se traduce en la violación del derecho a la salud porque no hay accesibilidad física ni asequibilidad económica a tecnología médica, conocimiento clínico y medicamentos necesarios. El acceso de estas doce mujeres a bienes y servicios sanitarios les hubiera permitido un diagnóstico oportuno o un tratamiento adecuado y de calidad, con lo cual, probablemente, su padecimiento no hubiera avanzado.

También se configura discriminación porque, en el caso sobre el que se pronunció la Comisión, dos de las mujeres que ya habían muerto, lo hicieron por razón de su género. La incidencia de esta patología se da en mujeres, y la ocurrencia de una mayor mortalidad ocurre en aquellas que pertenecen a las clases menos favorecidas. El tratamiento del cáncer de mama puede ser muy eficaz, en particular cuando la enfermedad se detecta temprano. No obstante la desigualdad de género desfavorece que las mujeres tengan tiempo y recursos para cuidar de su salud mamaria, oportuna y adecuadamente.

Adicionalmente, se presenta un evidente caso de desigualdad de género estructural que impone a las mujeres condiciones culturales, familiares, educacionales, y en el caso venezolano, incluso, económicas y políticas que son desfavorecedoras y dificultan —o impiden— que tengan el tiempo y los recursos necesarios para cuidar de su salud mamaria.

La conducta omisiva del Estado venezolano fue —y ha sido— reiterada. No garantizó el acceso oportuno a servicios de salud y con ello al tratamiento adecuado, con las consecuencias ya indicadas; ni respondió, en su oportunidad, a los requerimientos de la Comisión.

En dos ocasiones, el 8 de octubre de 2019 y el 13 de enero de 2020, como punto previo a su decisión,  la Comisión solicitó al gobierno venezolano información  que permitiera controvertir los hechos alegados a lo largo del procedimiento. En ninguna de ellas obtuvo respuesta. Esta omisión produjo un “daño irreparable” a los derechos de las beneficiarias de la decisión; derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

El silencio oficial a los llamamientos de la Comisión se mantuvo, ante la petición para conocer los avances, en la protección de los derechos de las beneficiadas por las medidas cautelares. La ausencia de respuesta del Estado venezolano indica un menoscabo de sus instituciones democráticas, como se desprende del incumplimiento de los principios y obligaciones derivadas de su pertenencia al Sistema Interamericano, uno de los cuales es el acatamiento de las decisiones, sentencias o pronunciamientos de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

La Resolución de la Comisión admite varias lecturas. Constituye un antecedente  jurídico favorable, tanto para Venezuela como para la región, al posicionar el cáncer de mama como un problema de derechos humanos. Por otra parte, muestra la brecha existente entre la enunciación de las garantías constitucionales, en materia de derechos humanos, y su efectiva realización en Venezuela. Más allá, arroja pruebas sobre la falta de voluntad política para alcanzar sus objetivos en tanto un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.