La cruel (aunque efectiva) enseñanza de la derrota: un llamado por mayor transparencia en las decisiones de admisibilidad de la CIDH
16 de Noviembre de 2021
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El autor aborda las razones por las cuales considera que la CIDH debe remitir decisiones preliminares de inadmisibilidad o rechazos motivadas.
En la profesión legal no hay sustituto para el tipo particularmente cruel de aprendizaje que ocurre con el desecho o sobreseimiento de una solicitud. Al familiarizarnos con el razonamiento empleado por el organismo correspondiente, entendemos las carencias de las ideas y nociones que hemos desarrollado y refinamos nuestra manera de pensar para ‘pelear un día más’ y hacerlo mejor armados en la defensa de la causa de nuestro mandante. Lamentablemente, órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deciden -presumiblemente, pensando en celeridad y disminución del atraso procesal- no revelar o compartir (hasta el reporte anual de admisibilidad de peticiones, que no incluye todas las decisiones y que omite las medidas cautelares) las razones específicas que motivan las inadmisibilidades o rechazos en términos preliminares y, en cambio, responden con comunicaciones pro forma que indican que los requisitos de admisión no han sido satisfechos.
En términos internos de la Comisión, esa comunicación es cónsona con los requisitos que constan en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19 del Estatuto de la CIDH, y artículos 13, 23, 25, 26, 28 y 29 del Reglamento de la CIDH, sin embargo, ninguno de esos instrumentos, en lo adjetivo, establece un deber de dar respuesta pronta y razonada a los rechazos de solicitudes y peticiones. Ahí, entonces, queda la cosa.
La proposición de esta pieza es que más transparencia y oportunidad en la comunicación de los motivos que informan los rechazos a admitir peticiones o solicitudes de medidas cautelares tendría un efecto beneficioso para peticionarios y víctimas, así como para la propia Comisión, por el valor pedagógico de una decisión de inadmisión motivada. Esto, a su vez, aclararía a los usuarios del Sistema Interamericano cuáles son los parámetros doctrinales utilizados por la Comisión en admisibilidad (sin perjuicio de la existencia del Digesto de Criterios de Admisibilidad y Competencia de la CIDH). Esto contribuiría, casi inequívocamente, a una sustantiva reducción de peticiones y solicitudes rechazadas por la Comisión (así como de su herculea carga de trabajo) por el sólo efecto del incremento en información disponible y reducción del espacio para ejercicios de creatividad por parte de los peticionarios.
Hace unas semanas, un académico y practicante cuya capacidad está más allá de cualquier duda, compartió privadamente conmigo sus dudas sobre las razones por las cuales una petición incoada en contra de los Estados Unidos en la Comisión habría sido rechazada. La petición en sí -de lo que fue revelado- estaba relacionada a la presunta responsabilidad de los Estados Unidos por violaciones extraterritoriales de derechos humanos, ocurridas como consecuencia de actividades militares/de cumplimiento de la ley, fuera de su territorio. Si bien las especulaciones compartidas sobre las posibles razones del rechazo (competencia territorial y personal, ámbito de aplicación material de la Declaración Americana a operaciones extraterritoriales, o inclusive el imposible agotamiento de los remedios domésticos) no fueron muchas ni dilatadas, esto me hizo pensar sobre el problema recurrente de los peticionarios ignorando las razones concretas por las cuales sus peticiones y solicitudes son rechazadas in limine.
Me invadieron, ahora personalmente, estas dudas en fecha reciente cuando una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión, relativa a la detención provisional de un solicitante de refugio (beneficiado por la garantía de no devolución) sobre la base de un pedido de detención provisional con fines de extradición, fue descartada por el organismo. Admitiendo mi propia falibilidad, permanezco convencido de que se trataba de un caso de libro de texto de cuándo las medidas cautelares deben ser solicitadas y acordadas. Sin embargo, continúo preguntándome por qué no se concedieron.
En lo personal, a la hora de explicar el silencio que causa estas preguntas, opto por pensar que está relacionado con el Plan Estratégico 2017-2021 de la Comisión diseñado para superar el retardo procesal. Para 2017, la CIDH tenía más de 13.000 peticiones en estado de admisibilidad esperando por decisión, en algunos casos por más de 15 años. El infame ejemplo del caso Isaza Uribe v. Colombia ilustra adecuadamente las consecuencias de la enorme carga de trabajo de la Comisión. En aquel caso, la Comisión halló al Estado en violación de derechos humanos por someter al peticionario a una investigación penal de 23 años; conclusión a la que llegó después de 21 años de haber recibido la petición.
Esa notable demora es, probablemente, el efecto de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el principal mecanismo de derechos humanos de una región que contiene más de un billón de personas (excluyendo a Estados Unidos y a Canadá) sometidas a la jurisdicción de Estados que, lamentablemente, tienen la violación de derechos humanos a la orden del día y tienen preocupantes tendencias a minusvalidar al Estado de derecho. Es así auto-evidente porqué la CIDH tiene tanto trabajo, y al mismo tiempo resulta más misterioso por qué ésta no le informaría de manera oportuna y clara a los peticionarios las razones detrás del desecho de sus peticiones y solicitudes.
Mi intuición es que un número significativo de peticiones y solicitudes atascadas en el Sistema son, de hecho, inadmisibles. Sin embargo, el problema es que en ausencia de información individualizada sobre las razones para el rechazo, el Sistema priva a los usuarios de la más util de las herramientas para refinar su técnica litigiosa. Podría pensarse, sin rubor, que este silencio incentiva -por omisión- la formulación de peticiones de manera indiscriminada, contribuyendo así al recargo innecesario de la carga de trabajo de la propia Comisión. Esto, decididamente, contribuye al retraso del análisis y decisión de los casos que sí ameritan protección.
Es indudable que el personal de la Comisión adelanta rigurosos análisis sobre la admisibilidad de las peticiones y solicitudes. No deseo decir, para nada, que lo hagan a la ligera y estoy convencido de que otorgan a su trabajo la atención y seriedad que conlleva, a la vez que tienen en mente la importancia capital del rol que están llamados a desempeñar a beneficio del hemisferio americano. Con poco más de 10 millones de presupuesto en el año 2020 (progresivamente duplicado desde el 2017 con el Acuerdo de Cancún tal como quedó enmarcado en el item XVI de la Resolución 2908/17) el hecho de que la Comisión emita, en promedio, unas 500 decisiones anuales en materia de admisibilidad es lo más cercano que hay en la realidad a un milagro.
Si, entonces, conducen ya este análisis para todas y cada una de las peticiones y solicitudes que se les presentan, en estrica adhesión a los criterios del Digesto ¿por qué no hacer conocidas estas razones a los peticionarios y solicitantes? La explicación que motiva las inadmisibilidades en casos puntuales serviría a los peticionarios y víctimas para informar mejor los términos de sus escritos de cara al futuro. Esto es, naturalmente, un resultado neto positivo que incrementaría y mejoraría nuestro entendimiento común de los derechos humanos en las Américas y contribuiría a fortalecer la defensa de los derechos humanos en la región.
Incluso en términos del tiempo y esfuerzo requeridos para redactar y enviar esta información a los peticionarios no parece desproporcionado o excesivo. Si el resultado previsible es hacer al Sistema más accesible al billón de potenciales beneficiarios, reducir la percepción general de arbitrariedad en la toma de decisiones (mediante la provisión de información concreta y oportuna sobre el rechazo), y contribuir a que abogados y activistas puedan aprender de sus errores y refinar sus propias habilidades, el precio parece justo; Máxime cuando apareja el beneficio añadido de reducir la cantidad de peticiones completamente carentes de fundamento que se reciben en la Comisión.
Artículo originalmente redactado en inglés y publicado en Opinio Juris: http://opiniojuris.org/2021/10/19/the-cruel-yet-effective-tutelage-of-defeat-a-case-for-more-transparency-on-iachr-admissibility-decisions/
Citación académica sugerida: Montiel, Moisés. La cruel (aunque efectiva) enseñanza de la derrota: un llamado por mayor transparencia en las decisiones de admisibilidad de la CIDH. Agenda Estado de Derecho. 2021/11/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/un-llamado-por-mayor-transparencia-en-las-decisiones-de-admisibilidad-de-la-cidh/
Palabras Clave: Américas, CIDH, Transparencia, Admisibilidad.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.