El 5 de marzo de 2025 una noticia conmocionó a México y tuvo repercusión en el mundo: un colectivo de madres buscadoras localizó cientos de pares de zapatos, crematorios clandestinos y restos humanos en un rancho de Teuchitlán, Jalisco. El hallazgo pareció despertar la conciencia colectiva de que México atraviesa una crisis de desapariciones de personas. El gobierno mexicano reconoce que hay más de 126 mil personas desaparecidas.

Las desapariciones de personas en México no son nuevas. En los años 60, 70 y 80, las desapariciones se contaban por centenas. En esa época, era posible identificar un claro involucramiento de agentes del Estado en las detenciones de las personas. Muchas estaban vinculadas con las actividades políticas de las víctimas. Sin embargo, las lógicas de las desapariciones cambiaron en el transcurso de los años. A partir de la llamada guerra contra el narcotráfico se presentó un aumento sin precedentes. La información sobre los perpetradores se diluyó y las razones de las detenciones no parecieron estar vinculadas con actividades políticas de las víctimas.

No obstante, con independencia de quién cometa las desapariciones, las razones detrás de ellas, la identidad de las víctimas y las actividades a las que se dedicaban, el Estado es responsable de buscar a todas las personas. El derecho internacional exige a los Estados buscar a las personas desaparecidas, identificar a los responsables y reparar a las víctimas. Estas obligaciones se enmarcan en los derechos a acceder a la justicia,  verdad y  reparación. La legislación mexicana reconoce estos derechos en la Ley General de Víctimas y la Ley General en materia de Desaparición Forzada.

El gobierno anterior había reconocido que México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones. Sin embargo, en la parte final del mandato de López Obrador, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, renunció al negarse a implementar un censo de personas desaparecidas sin sustento legal. Después de su salida, el gobierno federal desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana, una institución creada para identificar más de 70 mil cuerpos y miles de restos óseos.

Pese a ello, la situación de las desapariciones de personas no fue parte de la agenda central de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero el hallazgo de Teuchitlán, más allá del debate terminológico, trajo a la conversación mediática y de las conferencias de prensa de la presidenta Sheinbaum el fenómeno de las desapariciones. La presidenta dio a conocer una serie de acciones para enfrentar las desapariciones. Por su parte, el controvertido Fiscal General, Gertz Manero anunció que la Fiscalía General de la República atraería la investigación. Antes de eso, el Fiscal General y la fiscalía de Jalisco organizaron una visita al lugar del hallazgo donde permitieron el ingreso de la prensa sin protocolos adecuados. Además, sometieron a las familias de personas desaparecidas a una situación de incertidumbre y revictimización.

Las medidas anunciadas por Sheinbaum fueron, entre otras,: a) fortalecer instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el Centro Nacional de Identificación Humana y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; b) crear una base nacional única de información forense, c) reformas legales donde se incluye la plataforma única de identidad y una alerta de búsqueda inmediata para evitar la espera de 72 horas para iniciar la búsqueda; d) equiparar el delito desaparición al de secuestro; y e) publicar mensualmente las cifras de carpetas de investigación iniciadas por desaparición.

Posteriormente, la presidenta firmó un decreto que en esencia ordenó dotar de presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y al Centro Nacional de Identificación Humana. Además, remitió al Senado varias reformas legales entre las que se destaca una iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada.

La reacción de las familias de personas desaparecidas podría calificarse como de justificado escepticismo. Señalaron que varias de las medidas anunciadas no son nuevas y criticaron otras por limitadas y cuestionables. Por su parte, organizaciones de derechos humanos, coincidieron en que no se trata de medidas nuevas y que algunas como la equiparación del delito de desaparición al de secuestro representa un retroceso.

En la esfera internacional, el 14 de marzo, Liz Throssell, vocera del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un comentario. Ahí se destaca que colectivos de familias que buscan a sus seres queridos ubicaron un centro clandestino que era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de entrenamiento. Además, se recordó que el sitio fue allanado por la Guardia Nacional y la fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024 sin detectar lo que pasaba.

Por su parte, el 27 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado reconociendo la labor de las personas buscadoras. En su pronunciamiento, la CIDH indicó que los hallazgos sugerían que el rancho Izaguirre habría sido utilizado como de centro de entrenamiento, asesinato y desaparición de personas.

A su vez, el de 3 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) emitió una Acción Urgente relacionada con los hallazgos de Teuchitlán después de que las organizaciones Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato presentaron una petición. Entre otras cosas, el Comité CED solicitó al Estado mexicano realizar acciones de búsqueda e investigación coordinadas y exhaustivas así como resguardar el sitio y las pruebas.

En este contexto, el Comité CED activó por primera vez en su historia un mecanismo contenido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas mediante el cual podría someter a consideración de la Asamblea General de la ONU que en México existe una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas.

El hallazgo de Teuchitlán, la dignidad de las víctimas que se resisten al olvido y la movilización colectiva nos recordó que no podemos pretender vivir en democracia con una crisis de desapariciones a cuestas. Las obligaciones del Estado han sido establecidas repetidamente y para atenderlas se requiere voluntad política reflejada en compromisos medibles y en un presupuesto apropiado.

Las constantes reformas legales parecen olvidar que gran parte de los problemas para atender las desapariciones de personas se concentran en las malas prácticas de policías y fiscalías. Ni la reforma legal más avanzada solucionará esta falta de capacidad y de rendición de cuentas  ni las deficiencias presupuestarias.

Asimismo, la centralidad de las víctimas es fundamental. El gobierno presentó una iniciativa de reforma legal de forma precipitada y sin consultar a las víctimas. La presidenta Sheinbaum debe evitar cometer los errores de sus predecesores. Para ello, debe respetar el derecho de las familias de las personas desaparecidas a participar en la búsqueda en todas sus etapas, incluyendo la construcción de políticas públicas, fomentando su participación.