El Congreso de la Unión expidió un marco legal con base en el cual las autoridades del Estado mexicano que tienen a su cargo labores de seguridad pública, inteligencia, prevención y persecución de delitos, pueden solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil relacionados con hechos delictivos, así como información sensible que puede abarcar comunicaciones privadas, sin intervención judicial ni ministerial.

Desde el punto de vista constitucional, conviene señalar que este polémico conjunto normativo surge en nuestro ordenamiento sobre la base de  una robusta doctrina judicial definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien desde el 2010 -véanse, por ejemplo, las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 32/2012, 39/2012, 10/2014 y 82/2021– ha venido bordando, entre otros aspectos, los contornos del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y su interacción con la geolocalización en tiempo real.

En términos generales, el alto tribunal ha sostenido que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones deriva del diverso a la intimidad, aunque posee una autonomía propia y se configura como la garantía por virtud de la cual queda prohibida la intercepción o el conocimiento de una comunicación ajena. En estos precedentes la Corte ya validó la obtención de datos de geolocalización sin intervención judicial, excepcionalmente para los casos de urgencia, considerando esa condición cuando estén en riesgo la vida o integridad física de las víctimas del delito, o bien, exista riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito.

La doctrina judicial de la SCJN sostiene que la orden de localización en tiempo real de un equipo de comunicación sin intervención judicial, se debe limitar a determinar la ubicación precisa desde la que se origina una llamada proveniente de un teléfono móvil, asociado a una línea telefónica relacionada con investigaciones de determinados delitos, lo que no faculta a las autoridades competentes a intervenir las comunicaciones que se realicen a través de tales equipos ni obtener la ubicación de una persona determinada.

De igual forma, el alto tribunal ha estimado que esa intervención sin orden judicial no debe afectar a personas que no posean o usen el equipo móvil relacionado con la investigación, pues en todo momento, la geolocalización se debe entender respecto de equipos directamente asociados con una línea telefónica que está siendo objeto de investigación por formar parte del contexto delictivo, sin que ello pueda abarcar un amplio rango de personas sujetas a vigilancia ni autoriza la intervención de las comunicaciones privadas de las personas que poseen o utilizan el equipo móvil asociado a la investigación.

Lo aprobado por el Congreso de la Unión controvierte de manera directa el estándar de constitucionalidad fijado por la Suprema Corte de Justicia, como veremos enseguida. En primer lugar, conviene traer a análisis lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales establecen que los concesionarios están obligados a colaborar en la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales, en los términos que establezcan las leyes. Los artículos utilizan el reenvío legislativo a otras normas generales para conocer quién, cómo, dónde y cuándo se podrá realizar dicha intervención; no obstante, no especifican cuáles son esas normas, generando con ello una ambigüedad que da paso a la discrecionalidad.

Algunas opiniones aseguran que cuando dichos preceptos utilizan la expresión “en los términos que establezcan las leyes”, la interpretación adecuada debe ser acudir a los artículos 291 y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales -que prevén el control judicial para la geolocalización en tiempo real-; sin embargo, la propia connotación “leyes” en plural, orienta a que dicho Código no es el único ordenamiento que pueden citar las autoridades para solicitar a los concesionarios la geolocalización.

Alestar ante atribuciones que pueden tener un impacto en la inviolabilidad de las comunicaciones y la privacidad, desde el punto de vista de tutela de derechos humanos, lo adecuado hubiera sido que el legislativo dispusiera con toda claridad las normas a las que reenvía la nueva legislación de telecomunicaciones, a fin de conocer con certeza las reglas aplicables para todas las partes involucradas.

En segundo lugar, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9, fracción XXVI, de la nueva Ley de la Guardia Nacional, pues éste elimina el requisito de obtener la autorización de un juzgado de control -pevisto en la ley anterior- previo a que las autoridades obtengan la geolocalización de equipos móviles en tiempo real. Esta disposición faculta a las autoridades a solicitar -bajo el mando del ministerio público- a los concesionarios la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de “prevención de los delitos”.

Los preceptos así redactados generan un potencial problema de inconstitucionalidad, en atención a que, por un lado, eliminan la participación judicial en la geolocalización y, por otro, no atienden a los criterios de excepcionalidad establecidos por la Suprema Corte de Justicia para llevar a cabo dicha acción sin intervención judicial, esto es: acreditar que la información se solicita para afrontar casos de urgencia.

Desde otra óptica, encontramos algunos artículos conflictivos en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. En primer lugar, el artículo 12, fracción III, faculta a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a solicitar a los concesionarios la interconexión y el envío de información de los registros telefónicos de los que se puedan extraer indicios para la investigación y persecución de delitos, de forma que en su ejercicio ya no solamente se prescinde del control judicial, sino inclusive de la participación de la Fiscalía General de la República, único órgano facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal en México.

Un segundo artículo con potencial invalidante es el 24 de la ley citada, conforme al cual, los concesionarios tienen la obligación de vincular sus sistemas de datos telefónicos y biométricos, a través de la red de interconexión, a la plataforma de inteligencia que opere el Centro Nacional de Inteligencia de la secretaría, con el propósito de proporcionar todos los datos que, a juicio de éste, y sin que medie intervención judicial ni ministerial, sean indispensables para extraer indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia en la prevención, investigación y persecución de los delitos.

Como podemos observar, estas disposiciones autorizan a acceder, bajo una modalidad amplificada, a los registros de geolocalización y, prácticamente, a todo tipo de información sensible en poder de empresas privadas de telecomunicaciones, de manera laxa, discrecional y arbitraria, pues basta con que las autoridades consideren por sí y ante sí, que se trata de: “productos de inteligencia” para la prevención de delitos, sin que para ello se exija control judicial ni la participación de la Fiscalía General de la República. Estamos ante una facultad omnímoda del ejecutivo federal para tener en su poder toda la información que desee de manera holgada.

Por último, encontramos el artículo 26 de esta misma ley, que dispone  que el uso y manejo de información, registros, sistemas o cualquier otra fuente para obtener indicios, datos de prueba, o extraer cualquier elemento para fortalecer investigaciones y contribuir a la prevención y persecución de los delitos, deberá realizarse observando las reglas de privacidad, confidencialidad, disponibilidad, integridad, reserva, protección, pero aquí viene lo relevante, el precepto señala: “y, en su caso, previo control judicial”.

A la luz de los criterios de la SCJN antes expuestos, es claro que la frase: “y, en su caso, previo control judicial” produce una ambigüedad que invierte por completo los estándares que el alto tribunal esbozó para autorizar geolocalizaciones sin control judicial previo, en tanto faculta a las autoridades de la secretaría a omitir dicho control de manera arbitraria, por lo que el ejercicio libérrimo de esta atribución se convierte en la regla, en lugar de ser excepción en los casos de urgencia.

Lejos de salvaguardar los derechos fundamentales en juego, este marco legal abre la puerta a la geolocalización en tiempo real y el acceso a información sensible sin la autorización de un juez, incidiendo directamente en la protección de la privacidad y la inviolabilidad en las comunicaciones en México.