¿Racismo en el cine?: Reflexiones a partir de la reciente película de Blancanieves
3 de Junio de 2025

¿Qué hay detrás de la polémica por la nueva película de Blanca Nieves? ¿Persiste el racismo en el cine bajo el disfraz de nostalgia y tradición?
En la actualidad, pese a que se han realizado intentos para fomentar la inclusión en la industria del cine, aún persiste una carencia en la representación de los grupos minoritarios. Aquello, aún cuando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (aquí y aquí) defiende la postura de que los medios de difusión (lo que incluye al cine y la televisión) promuevan la comprensión, la tolerancia entre las personas y los grupos humanos, y a que contribuyan a erradicar el racismo, la discriminación y los prejuicios raciales, evitando en particular que se presente a las personas de manera estereotipada, parcial, unilateral o capciosa.
Recordemos, diversas producciones estadounidenses, que han presentado ideologías que han perpetúado significativas diferencias raciales, como The Birth of Nation (El Nacimiento de una Nación) dirigida por D.W. Griffith, por citar un ejemplo ilustrativo. Si bien es cierto, el cine estadounidense ha mostrado en la última década romper con algunos estereotipos vinculados a la raza, sexo y género, por ejemplo a través de la incorporación de superheroínas en películas como “La mujer maravilla”; también es verdad que un sector importante de la población ha cuestionado y rechazado la modificación de rasgos fenotípicos o caracterísiticas físicas observables (estatura, color de ojos, color de cabello, forma del rostro, color de la piel, entre otros) de personajes en el cine, para poder insertar la participación de minorías étnicas. Hablemos, por ejemplo, del reciente caso de la película “live action” de Disney, Blanca Nieves, dirigida por Marc Webb, que recupera el primer clásico animado de 1937 que lleva por título Blanca Nieves y los siete enanos.
La historia original fue publicada en el siglo XIX por los hermanos Grimm y está inspirada en el folclore alemán, incluso se ha argumentado que el personaje central está basado en una mujer alemana de la nobleza del siglo XVI. Es decir, Blanca Nieves surge como un personaje de cuento que representa un arquetipo caucásico de belleza. Así, en el caso de las representaciones corporales en las revistas de moda, incluso en nuestros días, suele prevalecer la presencia de personas de tez clara, que se asocian con una elevada cualidad de belleza. Adicionalmente, en México y Latinoamérica se considera que entre más clara es la piel de un individuo, no salamente se le atribuye mayor belleza, sino también un mayor estatus socioeconómico.
Lamentablemente, el fenómeno del racismo, en revistas y otros medios de comunicación, en efecto, tiende a ser cada vez más “global”, es decir, a conjugar (en formas que varían de una experiencia concreta a otra) dimensiones planetarias —en todo caso supranacionales o trasnacionales. Principalmente, los medios de comunicación derivados de las redes sociales, se han convertidos en una uno de los medios más relevantes de distribución de información y comunicación global.
Es a través de las redes sociales, que la nueva película de Blanca Nieves ha recibido constantes críticas y comentarios de índole racista, particularme dirigidos en contra de la actriz de 23 años Rachel Zegler, de origen colombiana, quien interpreta el personaje de la princesa Blanca Nieves, quien ha sido víctima de comentarios discriminatorios basados principalmente es su origen y el color de su piel.
Gran parte de las menciones en redes sociales en contra de la actriz, defienden la añoranza de la infancia por el cuento clásico con una princesa “Blanquísima como la nieve”, esta nostalgia o melancolía por lo tradicional o por el cuento de ficción y las memorias de la niñez, no es otra cosa que una suerte de “racismo disfrazado”. Es importante entender, que, tratándose de prejuicios y estereotipos raciales asociados a rasgos fenotípicos como el color de la piel, como he apuntado, están asentados en la mente de las personas como “un conjunto de prácticas estructuradas que se reproducen desde intereses diversos; entre ellos, los relativos a la lógica económica y política”. También es valioso resaltar que, en el fondo de las prácticas racistas, existe una utopía de la uniformidad que buscaría desaparecer todo lo que no fuera homogéneo.
“En México y Latinoamérica, donde sus poblaciones cuentan con características heterogéneas —por etnias, encuentra una contradicción al buscar uniformidades; se da una lucha entre naturaleza, historia e imposiciones” (Esteban Krotz, 1994).
En esta tesitura, es pertinente reflexionar que el racismo no siempre va acompañado de estrategias económicas o políticas gubernamentales, sino que consiste en ideas que contornan el pensamiento humano con nociones preconcebidas o prejuicios insertos en prácticas generacionales que acompañan a las personas desde sus expresiones lingüísticas y sus acciones.
En este sentido, Julio Cortázar, sobre los prejuicios, escribió que:
“[E]l lenguaje está ahí y es una gran maravilla, pero ¡cuidado! Hay que tener en cuenta la posibilidad de que nos engañe, es decir, que nosotros estemos convencidos que estamos pensando por nuestra cuenta y en realidad el lenguaje esté pensando por nosostros, utilizando estereotipos y fórmulas que pueden estar completamente ”.
Otro término frecuentemente utilizado en redes sociales en contra de la película, acusa a Disney de lo que se ha acuñado como “inclusión forzada”, al cambiar el color de la piel del personaje de la princesa del cuento original. Esta denominación, a la luz de los derechos humanos y del conjunto de instrumentos legales en la materia, no es reconocida. Es decir, la “inclusión forzada” es una adaptación generada en las redes sociales para rechazar o repudiar los intentos de insertar o incluir otros sectores poblacionales en el cine y romper con el llamado “whitewashing”, o lo que es lo mismo, el dominio en actores y actrices con tez blanca en el cine, incluso representando a mínorias étnicas. Pensemos un momento, que si necesitamos que la inclusión sea coercitiva o forzosa, es porque no tenemos tolerancia con lo diverso y que no somos capaces de reconocer, en términos de justicia y derechos humanos, lo que corresponde hacer “no discriminar”.
Un sector importante de la crítica cinematrográfica se ha preguntado, por otro lado, si las intenciones de corporaciones como Disney, al modificar las caracterísiticas físicas o fenotípicas de los personajes en sus películas, realmente busca diversificar la participación de actores y actrices y romper con estereotipos raciales que discriminan y excluyen, o simplemente pretenden evitar la denominada “cultura de la cancelación” en redes sociales (que promueve retirar el apoyo a empresas o personas como consecuencia de determinados comentarios o acciones).
Para evitar dicha cancelación, casas productoras como Disney han decidido incorporar, en sus servicios de streaming, disclaimers (avisos de descargo de responsabilidad) antes de las películas con contenido racista o estereotipado; contextualizando lo que se va a ver y aclarando que “estas representaciones estaban mal en ese entonces y están mal hoy”.
En cuanto al racismo en las redes sociales, Naciones Unidas ha manifestado la urgente necesidad de que las empresas dedicadas a ellas, asuman un mayor nivel de responsabilidad frente a las muestras de odio dirigidas a las personas afrodescendientes y minorías étnicas. Entender que si el punto medular de un debate o discusión, en este caso una película, tiene como prisma el color de piel de una persona, se trata de racismo, aunque sea meramente un comentario anónimo en redes sociales.
Citación académica sugerida: Citación académica sugerida: Rosas Fregoso, Roxana. ¿Racismo en el cine?: Reflexiones a partir del caso de Blancanieves. Agenda Estado de Derecho. 2025/06/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/racismo-en-el-cine-blancanieves/
Palabras clave: racismo, derechos humanos, cine, Blanca Nieves.
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Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Estación Noroeste de Investigación y Docencia, ENID.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.