Proceso electoral en Guatemala y la defensa de la democracia en Centroamérica

27 de Julio de 2023
Proceso electoral en Guatemala y la defensa de la democracia en Centroamérica
Foto. TSE Guatemala

El artículo analiza las dificultades del proceso electoral en Guatemala y su contexto regional de regresión democrática. Destaca la valiosa defensa de la democracia por parte del Tribunal Supremo Electoral, al respetar los resultados.

De la exclusión de candidatos al intento de boicot electoral

El último informe del Instituto V-Dem coloca a Guatemala entre los países donde la democracia ha experimentado un notorio deterioro en los últimos tres años. Curiosamente, el retroceso guatemalteco no se basa en la concentración de poder en un individuo o un partido político en particular, sino en una coalición gobernante conformada por doce partidos políticos que han respaldado el gobierno de la actual administración.

En este contexto, las elecciones generales en Guatemala se llevarían a cabo el 25 de junio de 2023, y la segunda vuelta presidencial tendría lugar el 20 de agosto. Ya en febrero, alertábamos sobre la posibilidad de un proceso electoral manchado por la exclusión de candidatos, una clara violación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH). Pero, la realidad ha superado nuestras proyecciones.

Durante el periodo de registro de candidaturas, la Corte de Constitucionalidad (CC) avaló la exclusión de dos candidaturas presidenciales: Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Roberto Arzú del Partido Podemos. A pesar de sus marcadas diferencias ideológicas, ambas representaban una amenaza para la coalición gobernante y fueron excluidas bajo criterios controvertibles.

En mayo, durante la campaña electoral, emergió un nuevo contendiente que amenazó alterar el statu quo. Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, que no formaba parte de la coalición gobernante. Este candidato, encabezó de manera sorpresiva la principal encuesta del país. Su repentino ascenso representó una amenaza para los planes de la coalición, quienes ya habían maniobrado para excluir a candidatos potencialmente disruptivos. Sin embargo, al igual que con los candidatos previamente mencionados, la participación de Pineda fue frustrada mediante un amparo provisional ratificado por la CC poco menos de un mes antes de las elecciones.

El 25 de junio, día de las elecciones, Bernardo Arévalo, candidato de oposición del Movimiento Semilla, sorprendió al avanzar a la segunda vuelta contra Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que había cambiado de una posición de centro izquierda a un discurso conservador y era integrante de la coalición gobernante.

Tras la votación, nueve partidos solicitaron una revisión de escrutinios ante la CC, intentando demorar la confirmación de los resultados. El 1 de julio, la CC intervino nuevamente otorgando un amparo provisional que prolongó el proceso. Pese a los intentos de varios partidos por exigir un recuento manual de votos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) descartó estas acciones.

La crisis escaló el 12 de julio, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lanzó una acusación de falsedad ideológica contra el partido Movimiento Semilla. Según las alegaciones, el partido había falsificado firmas durante su formación en 2018. Estas denuncias surgieron escasas horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral estuviera a punto de oficializar los resultados de la elección presidencial. En un giro dramático de eventos, y con la aprobación de un juez, la fiscalía solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla, en un intento de bloquear su participación en la segunda vuelta.

Después de horas de tensión e incertidumbre, el 13 de julio, la CC concedió un amparo provisional al Partido Semilla, asegurando así su participación en la segunda vuelta programada para el 20 de agosto. Sin embargo, la ofensiva en su contra no ha cesado. El Registro de Ciudadanos, una dependencia del TSE, alegó que la suspensión del partido Semilla contradice el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y se negó a cumplir con la orden judicial ilegal de suspensión del partido. Esta negativa del Registro de Ciudadanos encontró respaldo en el amparo provisional de la CC. Ahora, en respuesta, la fiscalía intenta procesar al director del Registro de Ciudadanos por desobediencia y ha emitido órdenes de captura contra miembros del partido en el marco del caso de supuesta falsificación de firmas.

En defensa de la democracia en Centroamérica

En los últimos años, hemos observado cómo en la región centroamericana, el fenómeno del retroceso democrático persiste. En Nicaragua, el actual régimen de Daniel Ortega se ha mantenido en el poder persiguiendo criminalmente a candidatos opositores, mientras que en El Salvador, Nayib Bukele ha reformado la administración territorial del Estado y la composición del Congreso para asegurarse un control más directo. Estos acontecimientos, junto con la situación en Guatemala, demuestran una nueva forma y ola de autoritarismo, uno que ya no se basa en el uso de la fuerza militar o policial, sino en las leyes.

Actores con influencia política, social y/o económica han logrado cooptar e influenciar a las cortes, Ministerios Públicos, ejército, policía y otras instituciones a través de acciones coordinadas. Estos actores establecen un régimen de legalidad y determinan elecciones que, a su vez, están respaldadas por élites económicas (como es el caso guatemalteco) o movimientos de populismo (como ocurre en el caso salvadoreño) o militancia religiosa.

Estos tres países, El Salvador, Nicaragua y Guatemala son naciones que hace algunas décadas experimentaron un giro hacia la democracia, un evento que marcó el nacimiento de una nueva serie de constituciones en la subregión. Celebraron acuerdos de paz y establecieron un nuevo modelo democrático (como se puede observar en el Tratado de Seguridad Democrática de 1995), que sirvió como base para la adopción de la Carta Democrática Interamericana en 2001. Sin embargo, a pesar de estos logros, el retroceso en la subregión es evidente, a través de la consolidación de regímenes de legalidad y el uso del lawfare.

No es coincidencia que las cortes estén utilizando el vocabulario de los derechos humanos y la democracia para eliminar las prohibiciones constitucionales para la reelección, a pesar de la existencia de mecanismos de reforma para lograrlas. Tampoco es inusual ver el uso del lenguaje de la víctima para legitimar campañas de seguridad y arresto con una anulación total del debido proceso.

Estos escenarios ponen a prueba las instituciones nacionales y la solidaridad regional para la preservación de la democracia. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral (aunque inicialmente actuó excluyendo candidatos y no manteniendo la vigencia de prohibiciones constitucionales a candidatos) ha protegido los resultados electorales. Los Estados Unidos, a pesar de su pasado hegemónico en la región, ha impuesto sanciones económicas y de migración a individuos que han afectado la democracia en varios países de la región (un tema que sin duda requiere mucha investigación).

Aunque la Carta Interamericana establece una serie de mecanismos para la protección de la democracia, no existen ni se han tomado medidas para identificar e informar sobre nuevas formas de deterioro o violación de la democracia, como lo hace la Comisión de Venecia para Europa y otros lugares del mundo (quizás deberíamos reconsiderar el rol del Comité Jurídico Interamericano hacia algo similar para dar una voz efectiva a esa solidaridad regional interamericana).

Como hemos señalado, Centroamérica sigue siendo un laboratorio de experiencias regionales, revelando lo mejor y lo peor de América Latina. Es una región única, donde el constitucionalismo, la metodología comparada, la diplomacia, y el derecho internacional y trasnacional han tenido un impacto significativo y se fusionan para dar forma a los variados eventos que han moldeado su tumultuosa historia. Centroamérica ha sido y sigue siendo un lugar donde las ideas trasnacionales cobran forma, y el éxito en la defensa de la democracia en esta subregión no solo refleja lo que ocurre allí, sino las ideas globales que han puesto a esta pequeña región en su probeta.

Citación académica sugerida: Villagrán Sandoval, Arturo & Ortiz Romero, Edgar. Proceso electoral en Guatemala y la defensa de la democracia en Centroamérica. Agenda Estado de Derecho. 2023/07/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/proceso-electoral-en-guatemala-y-la-defensa-de-la-democracia-en-centroamerica/

Palabras clave: Centroamérica; Guatemala; elecciones; democracia.

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ACERCA DE LOS AUTORES
Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Miembro del comité editorial de Agenda Estado de Derecho. Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestría en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, específicamente en negociación de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementación de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Edgar Ortiz Romero

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala; magíster en economía por Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor universitario y director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala.

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.