Durante el gobierno de 1997-2002, se impulsaron varias reformas constitucionales que favorecieron el control político-partidario de las instituciones públicas nicaragüenses, sobre todo, el control bipartidista del Poder Judicial, incluida naturalmente la Corte Suprema de Justicia. El pacto político entre las dos principales fuerzas partidarias de aquel entonces, institucionalizado a través de las reformas constitucionales de 1999-2000, fue considerado por muchos intelectuales nicaragüenses como demoledor para la institucionalidad democrática del país. Asimismo, con el retorno a la Presidencia de Daniel Ortega en 2007, el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y otros eslabones del Sistema de Administración de Justicia pasó a ser total. (ver informe GIEI, 2018. Pág. 45) De esta forma, desde hace dos décadas el Poder Judicial nicaragüense y todos sus órganos han venido actuando como una bancada partidaria, abusando de sus funciones y facultades constitucionales, al usarlas como un “arma política”

Sin embargo, la decadencia del Poder Judicial se hizo aún más generalizada y evidente durante la crisis sociopolítica de 2018, cuando los nicaragüenses exigieron la renuncia del presidente Daniel Ortega y de su esposa,  la vicepresidenta Rosario Murillo. La institución del habeas corpus fue abolida de hecho, cuando el Poder Judicial se negó a proteger la integridad física y moral de cientos de personas secuestradas por paramilitares o detenidas ilegalmente, sometidas a  tortura y a desapariciones forzadas. Todo esto ocurría  ante la mirada estupefacta de miembros de mecanismos e instancias internacionales entonces presentes en el país, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ver informe OACNUDH, 2019), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver informe CIDH, 2018) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (ver informe GIEI, 2018).

El GIEI en su informe sobre las actuaciones del sistema judicial nicaragüense expresa que que que “el sistema judicial (…) se convirtió en una herramienta de criminalización de la protesta social” así mismo que “[l]a vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de sus gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público” (ver resumen GIEI, 2018:P 8). Actualmente, la gravedad de la situación se evidencia con la existencia de alrededor de 100 presos de conciencia, defensores de derechos humanos, acusados muchos de ellos de “terrorismo” y /o “narcotráfico”, juzgados en violación a las garantías mínimas del debido proceso, como lo ha señalado Human Rights Watch bajo “procesos judiciales plagados de abusos”,  todo por ejercer sus derechos humanos a la protesta cívica y pacífica o por ejercer su rol de defensores de derechos humanos. Además en medio de la pandemia, a diferencia de miles de presos comunes que han sido liberados, los presos políticos no gozan de este tipo de beneficios  y ya hay denuncias de que muchos de ellos se han contagiado de Covid-19, lo que pone en mayor evidencia la parcialización total de este Poder del Estado y su falta de independencia frente al poder político.