La negativa a recibir una vacuna, es una situación que involucra diferentes derechos. Por un lado, se encuentra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal de quien decide no aplicarse una vacuna. Ello se manifiesta, en la premisa según la cual, se debe contar con el consentimiento de los pacientes al momento de la realización de cualquier procedimiento médico, dentro de los que se incluye la vacunación. 

En el caso de los menores de edad, el consentimiento, por regla general se encuentra en cabeza de los padres o tutores legales, quienes en principio, son los encargados de autorizar la realización de los procedimientos médicos, incluso tratándose de “menores adultos”, es decir, menores próximos a cumplir la mayoría de edad. Así, por ejemplo, la  Corte Constitucional colombiana ha señalado que ante la negativa de un “menor adulto” de recibir una transfusión de sangre, por ser contraria a sus creencias religiosas, se debe tener en cuenta también el consentimiento de quien tiene la patria potestad, prevaleciendo la decisión del padre o la madre, si el propósito de aquellos es salvaguardar el derecho a la vida del menor. 

Por otro lado, se encuentra el derecho a la salud pública, atendiendo que uno de los propósitos de la vacunación es la garantía del derecho a la salud de terceros indeterminados, que pueden ser contagiados por una persona no vacunada. Sobre este particular, hay que señalar que, aunque de acuerdo con los estudios, las vacunas no impiden el contagio, sí reducen la posibilidad de contraer la enfermedad y previenen hospitalizaciones, y por tanto, influyen en el porcentaje de personas que requiren acceso a hospitales o cuidados intensivos. Lo anterior, se traduce a su vez, en la capacidad del sistema de salud de atender o no a todos los casos que se presenten de COVID-19 y de otras enfermedades. 

Adicionalmente, en el contexto educativo, a estos derechos se sumaría el derecho a la educación de quienes son expulsados o no aceptados en las instituciones, por negarse a la vacunación, ya sea por decisión propia, o de los padres o tutores, tratándose de estudiantes menores de edad. En esta materia, hay que anotar que en algunos países como Estados Unidos —en donde la vacunación ha avanzado con mayor celeridad—, ya se ha empezado a discutir sobre la obligatoriedad de la vacuna para asistir a clases presenciales y a otros tipos de escenarios.   

Ahora, la pregunta que surge es: ¿cuáles derechos deben primar al resolver la tensión expuesta?

En España, en un caso en el cual los padres de estudiantes se negaban a aplicar a sus hijos la vacuna contra el sarampión, un juez determinó la obligatoriedad de la imposición  de la vacuna de manera excepcional y transitoria. Lo anterior, justificado en la necesidad de contener un brote en el colegio al que asistían los menores. 

El caso citado, sobre renuencia a la vacunación, demuestra que el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal pueden ceder frente al derecho a la salud pública. Sin embargo, se destaca que el juez reconoce la excepcionalidad y transitoriedad de la medida. A su vez, la decisión se justifica en la necesidad de la vacunación en una situación específica. 

En el mismo sentido, en un pronunciamiento reciente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco de un caso, en el que los padres de varios estudiantes checos consideraron vulnerado su derecho al respeto a la vida privada, al ser multados por incumplimiento del plan de vacunación obligatorio de sus hijos —a quienes además, se les negó la admisión en una guardería en razón a este hecho—, se consideró que la vacunación obligatoria es necesaria en una sociedad democrática y se encuentra justificada en la Ley.

De esa manera, en esta oportunidad, también la necesidad de la medida, fue el criterio clave para la decisión del Tribunal, a partir de la aplicación de un test en el que se determinó si la medida respondía a una necesidad social urgente y si los argumentos de las autoridades nacionales fueron pertinentes, suficientes y proporcionados, con relación al fin legítimo perseguido.