El compromiso inclaudicable con las personas defensoras del ambiente ante el Acuerdo de Escazú

17 de Agosto de 2022
El compromiso inclaudicable con las personas defensoras del ambiente ante el Acuerdo de Escazú
Crédito foto: Pexels

¿Qué representa el Acuerdo de Escazú para Colombia y Latinoamérica?

El pasado 26 de julio de 2022, el Senado de la República de Colombia aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca la ratificación del Acuerdo de Escazú; un tratado que significa una apuesta segura para proteger la integridad y la vida de las personas defensoras del ambiente. Tras varios intentos desde la suscripción del Acuerdo en diciembre de 2019, todo indicaría que durante esta legislatura habrá un cambio de rumbo y este tratado será finalmente aprobado en ambas cámaras para ser posteriormente sancionado por el Presidente electo.

Pero ¿en qué consiste este Acuerdo? El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico con un enfoque ambiental, que contempla los derechos a la información y la participación pública, con estándares de justicia aplicables en contextos de conflictos ambientales. Al ser el primer tratado vinculante sobre temas ambientales en América Latina y el Caribe, y el único en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas defensoras del ambiente, este tratado se convierte en otra piedra angular de los derechos humanos en toda la región.

En particular, en su artículo 9, el Acuerdo dispone tres obligaciones para los Estados encaminadas a la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. La primera obligación consiste en garantizar un entorno seguro para que estas personas puedan ejercer sus actividades sin sufrir amenazas; en segundo lugar, los Estados deben tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos de las personas defensoras del ambiente; y por último, el deber de tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones, contra los derechos de las personas defensoras del ambiente.

A pesar de esta amplia protección, a la fecha, Colombia no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. El país catalogado como el más peligroso para las personas defensoras del ambiente ha sido renuente a obligarse internacionalmente y, mientras tanto, las violaciones de derechos humanos en contra de este colectivo no cesan. Un ejemplo de ello es el asesinato de Luz Marina Arteaga, una defensora de derechos ambientales, a quien el Estado le falló. Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó medidas de protección, éstas no estuvieron acordes al nivel de riesgo que presentaba la defensora. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación conocía de las denuncias que realizó por amenazas constantes que recibía contra su vida, pero tanto los hechos previos como la fatal consecuencia de los mismos, hoy siguen en la impunidad. Quizás otra hubiese sido su suerte de haberse ratificado este acuerdo oportunamente.

En definitiva, la falta de voluntad política ha sido el factor determinante para que el Acuerdo no se hubiese ratificado hasta ahora, sumado a la desinformación sobre los verdaderos alcances que tiene el tratado. Su instrumentalización como una herramienta para la mitigación de los conflictos ambientales, garantiza la materialización de mejores prácticas para la resolución de estos, en la medida que involucra a todos los actores interesados y fortalece los estándares existentes en materia de protección ambiental.

Por otra parte, se debe destacar el valor que tuvo la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1), celebrada en Santiago de Chile, del 20 al 22 de abril de 2022. En esta reunión, se aprobó una declaración política en la cual se resaltó la importancia de la labor llevada a cabo por las personas defensoras del ambiente, pero además se exhortó a todos los países signatarios del Acuerdo de Escazú, que aún no lo habían ratificado, para que lo hicieran lo más pronto posible.

Cabe destacar que, en la actualidad el instrumento ha sido ratificado por: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia y Uruguay. Por lo que aún quedan 12 países de la región que siendo signatarios del Acuerdo de Escazú, todavía no lo ratifican, entre ellos dos de los países más biodiversos del mundo: Brasil y Colombia

Con relación a Colombia, en la Conferencia se destacó el papel de la sociedad civil colombiana, que ha sido la mayor difusora del Acuerdo, pero además se hizo un llamado de atención al Estado colombiano por no haber dispuesto los medios necesarios para la ratificación de este instrumento, en medio de cifras alarmantes de hostigamiento y asesinato a personas defensoras del ambiente. Al respecto, de acuerdo con Indepaz, desde de la firma del Acuerdo de Paz hasta el año 2021 se registró el asesinato de 611 lideres ambientales en Colombia, cifra que de manera lamentable sigue en aumento.

Sin duda, esta Conferencia puede ser vista como el punto de partida para que los Estados de la región entiendan que, la protección del ambiente y de quienes lo defienden es una condición necesaria para una democracia ambiental justa y participativa. Lo anterior va de la mano con la ratificación del Acuerdo de Escazú, ya que en definitiva este instrumento no sólo salda la deuda histórica con los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, sino que además garantiza la participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En el caso colombiano, no se debe esperar a que la situación sea aún más crítica. La ratificación del Acuerdo de Escazú supone el cumplimiento, al menos formal, de ese compromiso inclaudicable con las personas defensoras del ambiente. Quienes tienen la posibilidad de comprender la importancia de este tratado tienen la responsabilidad de extender ese conocimiento a la sociedad, porque nadie es ajeno a las consecuencias que produce el daño al ambiente, pero tampoco se puede ser indiferente ante quienes dan su vida por defenderlo.

Citación académica sugerida: Gutiérrez Pérez, Alejandro & Matiz Espinosa, Karen. El compromiso inclaudicable con las personas defensoras del ambiente ante el Acuerdo de Escazú. Agenda Estado de Derecho. 2022/08/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/personas-defensoras-del-ambiente-ante-el-acuerdo-de-escazu/

Palabras clave: Acuerdo de Escazú, personas defensoras, Colombia

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ACERCA DEL AUTOR Y AUTORA
Alejandro Gutiérrez Pérez

Abogado con orientación en Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Distinguido con el Premio a la excelencia académica por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de Iniciativa Americana por la Justicia. Exparticipante y juez en competencias de derechos humanos tipo moot court. Actualmente estudiante de la especialización en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.

Karen Matiz Espinosa

Abogada con énfasis en derecho penal, y especialista en Derechos Humanos y Sistemas de Protección de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente estudiante de la especialización en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.

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