Paraguay: elecciones, tecnología y reformas frente al descrédito social

1 de Junio de 2021
Paraguay: elecciones, tecnología y reformas frente al descrédito social
Foto. Infobae.

La confianza en las elecciones paraguayas sigue siendo un desafío, y las reformas internas incluyen un controvertido control biométrico de votantes y una revisión del financiamiento político en un contexto de creciente complejidad tecnológica y riesgos para la democracia.

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y Diálogo Político

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Diálogo Político

Introducción

La búsqueda por innovar digitalmente en el sistema electoral paraguayo es de larga data. Ejemplos como el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un sistema de información digital para compartir los resultados electorales de manera pionera en Sudamérica, es cuanto menos señal de un afán de innovación digital pública. 

En ese mismo afán, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ha buscado en diversos momentos la implementación del voto electrónico como el sistema de expresión popular a utilizar en el país. Los inicios del uso de las máquinas de votación electrónica tienen un fuerte relacionamiento con la cooperación internacional, concretamente por parte del Gobierno del Brasil y los Estados Unidos, así como de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las máquinas de votación electrónica en Paraguay se utilizaron por primera vez en las elecciones municipales del año 2001. Si bien dichas máquinas fueron posteriormente abandonadas en 2007 tras un acuerdo político de la oposición y ciertos sectores del Partido Colorado, tal política pública constituye un importante hito dentro de los intentos de adopción de tecnología en el sistema electoral paraguayo.

Sin embargo, a pesar de argumentos y preocupaciones que buscan optimizar y mejorar ciertos procesos con la adopción de tecnología, implementar la misma no siempre es sinónimo de mayor eficiencia en la gestión pública, aumento de la confianza de la población hacia las instituciones y sus procesos, ni mucho menos, fortalecimiento de nuestras frágiles democracias.

Máquinas de votación electrónica en el presente: Del tecno-optimismo a denuncias de fraude electoral

Tras once años de uso ininterrumpido de las papeletas como mecanismo de la expresión popular, el uso de las máquinas de votación electrónica fue aprobado vía una reforma electoral en el 2019[1]. Concretamente, se aprobó un nuevo marco legal que habilitó el uso de las máquinas con miras a facilitar el “desbloqueo de listas”, una modalidad de elección que permite determinar al elector la preferencia de candidaturas individuales, independiente del lugar que ocupen en la lista definida por los partidos, además de una ley de financiamiento político que habilitó el monitoreo activo de ingresos y gastos electorales, con información de acceso público por medio de un observatorio.

Así, el 2021 fue el año donde se implementaron por primera vez tres grandes reformas electorales: el voto preferente, el sistema nacional de financiamiento político y la implementación de máquinas de votación electrónica, en el marco de las elecciones municipales.

Las máquinas fueron utilizadas por primera vez en las elecciones municipales del 2021. En una encuesta de usabilidad realizada por la organización TEDIC, se documentó que el 15,3% del electorado en Asunción ingresó de manera acompañada al cuarto oscuro. Dicha organización documentó también que, votantes en Asunción tenían una percepción distinta a la socializada por el TSJE y, al respecto, al funcionamiento de dichas máquinas. Resultados de la encuesta afirmaban también que altos porcentajes de personas que no controlaban sus papeletas de votación con la funcionalidad de chip RFID, ofrecida por las máquinas de votación, así como una percepción de que la expresión del voto quedaba almacenada en las máquinas de votación electrónica y no solo en las papeletas.

Las máquinas de votación utilizadas en Paraguay expiden una versión impresa del voto del elector y lo guardan en un chip RFID (sistema de identificación por radiofrecuencia) ubicado dentro del boletín para el posterior escrutinio público y fiscalizado. Según el TSJE, dichas máquinas no almacenan ningún tipo de información.

Cuestionamientos a las máquinas y la respuesta del Estado

Más allá de los problemas señalados, las elecciones municipales y la novel implementación del sistema de votación electrónica pasaron bastante desapercibidas. Es en las internas partidarias del 2022, sectores políticos empezaron a cuestionar al sistema de votación electrónica con escenarios de fraude. Destacaron las acusaciones del candidato a senador Eduardo Nakayama, quien acusaba a otras candidaturas de haberse beneficiado de una carga “descomunal y desproporcionada de votos” que no podría existir teniendo en cuenta el tiempo promedio estimado de voto por elector. Otras denuncias apuntaron a fraude mediante un sistema en el cual miembros de mesa entregaban papeletas electrónicas impresas y firmadas a ciertos votantes para que los cargaran sistemáticamente en las máquinas de votación.

Tales acusaciones sentaron un precedente que implosionó para las elecciones generales de 2023, donde se renovarían el 100% de los cargos a la presidencia, vicepresidencia, gobernaciones, senadores y diputados. Tras el anuncio de la victoria de Santiago Peña a la Presidencia de la República, diversas candidaturas empezaron a distribuir en sus redes sociales un relato sobre desconfianza en los resultados, apuntando fuertemente al sistema de votación electrónica. En contraste, es importante resaltar que previo a las elecciones, medios asociados al grupo económico que sostuvo la candidatura de Santiago Peña también buscaron instalar una narrativa de fraude electoral vía máquinas de votación

electrónica, a través de una importante inversión de dinero en pautas en las plataformas de Meta, y bajo la narrativa de la entrada al país de “hackers brasileños”.

Tales relatos de desconfianza generaron movilizaciones históricas, sin precedentes, asociadas a diversos partidos y movimientos, que dejaron como saldo una serie de enfrentamientos entre policías y manifestantes. Asimismo, la respuesta estatal se caracterizó por altos grados de autoritarismo que socavaron el derecho legítimo a la protesta, según organizaciones de derechos humanos y que terminaron con la detención de numerosos manifestantes a modo de despejar las inmediaciones del TSJE, principal punto de convocatoria de la manifestación.

Duras lecciones, prontas reformas

Según el Barómetro de las Américas de LAPOP/Vanrderbilt del 2021, solo el 29% de los encuestados en Paraguay confían en las elecciones, ubicando al país en el cuarto puesto -de entre veinte países- en materia de menor confianza en las elecciones, sólo por detrás de Haití, Honduras y Colombia.

Las reformas legislativas, a pesar de buscar fortalecer estos indicadores de confianza pública, encontraron importantes obstáculos en su implementación, como el incendio que afectó al TSJE donde se incineraron más de 8000 máquinas de votación y todo el sistema de transmisión instantánea de resultados a poco tiempo de las elecciones internas partidarias.

La campaña también fue significativa en el plano digital, según datos de Meta, donde los montos alcanzaron cifras inéditas en inversión publicitaria en los últimos 90 días de campaña de las principales candidaturas presidenciales.

La propaganda electoral en redes sociales no está contemplada en la legislación, salvo como obligación de rendición de gastos y, por tanto, no existe una obligación de tiempo permitido de campaña ni sanciones por violación a la veda. Además, si bien está contemplado el control del gasto, el análisis se hace luego de finalizar el proceso electoral y ser proclamadas las nuevas autoridades. Esto no permite un control activo y simultáneo desde la máxima institución electoral, en alianza con otros entes persecutorios de ilícitos posibles subyacentes al despliegue de grandes montos de dinero, como el financiamiento proveniente del narcotráfico y el crimen organizado. Asimismo, tampoco están contempladas sanciones penales por la realización de declaraciones falsas sobre el patrimonio y las rendiciones. Estas cuestiones llevaron a distintos actores institucionales, incluyendo al propio Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a anunciar nuevas reformas a impulsar dentro del nuevo periodo legislativo, quizás, para re-encausar la confianza pública.

La reforma más polémica, anunciada y presuntamente con apoyo de distintos actores políticos, radica en la implementación de un control biométrico -huella dactilar- de los electores en la mesa de votación, bajo el argumento de combate al fraude. Este sistema, implementado en países de corte autoritario, podrían afectar gravemente los datos personales de los usuarios, tal como lo venimos señalando desde el 2019. Tal situación se agrava en un contexto jurídico como el paraguayo, falto de una ley integral de protección de datos personales.

La segunda modificación que se encuentra como prioridad del TSJE es la reforma de la ley de financiamiento político, que permitiría endurecer los mecanismos de control y sanción, actualmente débiles y solo rigiendo para sanciones económicas al momento del cobro del subsidio electoral por voto. Desde TEDIC instamos a que las reformas contemplen otros asuntos en el actuar proactivo de la autoridad electoral frente a nuevas amenazas digitales, evaluando el impacto posible a los derechos humanos de las propuestas que sean impulsadas.

Por ejemplo, el gasto en redes sociales no puede ser abordado de forma meramente económica, cuando hoy la micro-segmentación política orienta el modo de desarrollar multimillonarias campañas dirigidas, utilizando datos personales de los electores sin que se enteren su origen, alcance ni se brinde consentimiento, socavando la transparencia y aumentando el riesgo de afectar negativamente la calidad del debate público.

Por otro lado, el control biométrico de votantes se erige como una propuesta tecno-solucionista, similar al modo con el que se instaló la implementación de las máquinas de votación electrónica. La tecnología no es neutra y como podría facilitar masivamente procesos analógicos, también podría afectar masivamente derechos de la población.

En un contexto global con reflujos autoritarios importantes y la confianza pública expuesta a ritmos vertiginosos de avances tecnológicos, preservar la integridad electoral entre actores de la sociedad civil, la academia, los partidos políticos y la ciudadanía en general se erige como una urgencia impostergable para custodiar los avances democráticos en Paraguay y toda América Latina.

Citación académica sugerida: Carrillo, Eduardo y Gómez Berniga, Leonardo. Paraguay: elecciones, tecnología y reformas frente al descrédito social. 2023/11/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/paraguay-elecciones-tecnologia-y-reformas-frente-al-descredito-social/

Palabras clave: Paraguay, sistema electoral paraguayo, innovación digital, voto electrónico.

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ACERCA DE LOS AUTORES
Eduardo Carrillo

Co-director ejecutivo de TEDIC. Relacionista internacional y Máster en administración pública con énfasis en tecnología digital y política por la University College London (UCL). Cuenta con más de siete años de experiencia laboral en organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Investigador en políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación y digitalización. Interesado en el desarrollo económico y social del Paraguay.

Leonardo Gómez Berniga

Coordinador de proyectos de democracia y tecnopolítica en TEDIC. Abogado por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y candidato a magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la UNSAM (Argentina); Especializado en didáctica de la Educación Superior (INAES) y comunicador. Con más de 10 años de experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales. Realiza investigaciones en asuntos electorales, social media analytics, tecnopolítica, democracia y políticas públicas.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.