Una paradigmática transformación del Estado de Chile ha propuesto el proyecto de Carta Fundamental, debatido y aprobado en la Convención Constituyente: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.

Se trata del texto que se plebiscitará el 4 de septiembre, de uno que se autodefine y contextualiza no tanto por abundar en conceptos –aunque suene paradójico plantearlo así– sino porque su desarrollo proviene de las mismas instituciones que consagra. 

En efecto, es lo que ocurre con el reconocimiento de Chile como un Estado social y democrático de derecho, desde el momento en que sus bases se construirán a partir de una República solidaria, con una democracia paritaria, que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.

Un principio que, de igual modo, limita el actuar del Estado, obligándolo a proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos, que constituyen su fundamento y orientan toda su actividad. De allí que la servicialidad del Estado se entienda por el proyecto como un imperativo de generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.

Se postula entonces a Chile como una democracia inclusiva y paritaria, que se ejercerá en forma directa, participativa, comunitaria y representativa.

Uno de los aspectos más significativos del proyecto de Constitución es la institucionalidad que se promueve a partir de la lectura que el constituyente de la convención efectúa del Estado social de derecho: una igualdad sustantiva, a la que le llamaremos amplia. Se entiende por tal la igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos.

No obstante, la citada lectura del proyecto constitucional se extiende también hasta lo que podríamos denominar un tipo de igualdad estricta o sólo de género. Con ella la Constitución se obliga a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado.

Por otra parte, de aprobarse este texto supremo, Chile sería uno de los primeros Estados en constitucionalizarse como ecológico, lo cual supone no sólo un conjunto razonado y lógico de medidas para armonizar la vida de las personas con el medio ambiente, sino que, de igual modo, promueve acciones tendientes a conservar la Naturaleza, comenzando por su reconocimiento como sujeto de derecho.

Así, entre otras disposiciones ecológicas, el proyecto impone al Estado el deber de adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes; proteger los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antártico; proteger la función ecológica y social de la tierra; además de adoptar acciones frente a la crisis climática y ecológica. Asimismo, uno de los límites del derecho de propiedad será su función ecológica, la que, a su turno, integra el derecho fundamental a la ciudad. Corolario orgánico es la creación de una Defensoría de la Naturaleza.

El carácter regional se construye a través de entidades territoriales autónomas y territorios especiales, en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado, quien, a su turno, debe promover la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales.

En lo que incumbe a la interculturalidad y plurinacionalidad, desde el punto de vista constitucional, la primera obliga al Estado a reconocer, valorar y promover el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco, debiendo garantizar los mecanismos institucionales que permitan ese diálogo superando las asimetrías existentes en el acceso, distribución y ejercicio del poder en todos los ámbitos de la vida en sociedad.

El texto a plebiscitar proyecta sus definiciones a través de las instituciones que promueve. Es lo que también ocurre con la plurinacionalidad, que expone su concepto mediante la institucionalización de 4 pilares: autonomías territoriales indígenas (entidades territoriales autónomas con personalidad jurídica y patrimonio propio); escaños reservados a colectivos indígenas (cupos en órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local); plurilingüismo (idiomas oficiales) y pluralismo jurídico (sistemas jurídicos de los pueblos originarios).

No es ambicioso sostener entonces que la plurinacionalidad pretende fundar una época. Después de diferentes intentos por constitucionalizar a los pueblos indígenas con la fórmula del “reconocimiento estatal”, con la plurinacionalidad se deja atrás aquella etapa para ingresar a una que, de aprobarse, se caracterizará por la transversalidad y horizontalidad en el ejercicio el poder. 

Lo anterior adquirirá notoriedad, por ejemplo, en materia de pluralismo jurídico. A este respecto, resultan interesantes las constituciones de Bolivia de 2009 y Ecuador de 2008. 

Según la Constitución boliviana, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Se funda, asimismo, en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En materia de pluralismo jurídico (Arts. 190, 191 y 192) si bien la carta boliviana consagra la coexistencia de regímenes jurídicos distintos, otorga a la justicia indígena el carácter de jurisdicción especial.

Y Ecuador se define en su texto supremo como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La Carta ecuatoriana reconoce la jurisdicción indígena para la solución de conflictos internos de las comunidades (Art. 171), sujeta a control de constitucionalidad, delegando en la ley establecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

En definitiva, el proyecto constitucional supone un cambio paradigmático tanto en materia de satisfacción de derechos fundamentales, como en el relacionamiento del Estado de Chile con los pueblos indígenas. El constituyente de la convención promueve así una nueva era de relaciones sociales que, de fructificar, se desarrollará siguiendo un estricto cambio cultural basado en la horizontalidad del poder y en nuevas formas de aplicación del derecho que exigirán de la institucionalidad profundas transformaciones.