En su Opinión Consultiva OC-29/22 sobre enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad (“OC-29”), la Corte IDH estableció que la aplicación de un enfoque diferenciado en la política penitenciaria permite definir e implementar las medidas dirigidas a superar la discriminación estructural e interseccional que les afecta a “determinados grupos de personas privadas de libertad que son minoritarios y marginalizados”. Lo anterior, mediante i) la identificación de la forma en que sus características y el entorno penitenciario condicionan la garantía de sus derechos, y ii) la determinación de los riesgos específicos de vulneración de derechos, según sus características y necesidades particulares (párr. 68).

Como parte de este enfoque, la adopción de medidas alternativas resulta un elemento central. Esta conclusión queda clara en el desarrollo presentado por la Corte IDH, en su OC-29. En esta oportunidad, a pesar de que la misma solicitud de opinión consultiva, realizada por la CIDH, se dirigió únicamente en acciones especiales a realizar en un contexto de privación de libertad, el tribunal interamericano se pronuncia sobre la obligación de los Estados de adoptar medidas alternativas a la privación de libertad respecto de determinados grupos en situación de riesgo.

En particular, y en atención a los riesgos agudizados en que se encuentran algunos grupos específicos que constituyeron el objeto de la referida opinión, la Corte IDH llamó a la aplicación prioritaria de las medidas sustitutivas respecto de las personas indígenas, las personas mayores, y de las mujeres privadas de libertad –con énfasis en aquéllas que se encuentran embarazadas, en período de posparto y lactancia, y que tienen responsabilidades de cuidado.

Sobre las mujeres privadas de libertad, la Corte IDH expone las afectaciones desproporcionadas que enfrentan en un contexto de detención. Ello atendiendo a que los sistemas carcelarios se han diseñado y estructurado desde una visión androcéntrica. Frente a esta realidad, el tribunal resalta la situación de riesgo específico de vulneración enfrentado por las mujeres embarazadas, en período de posparto y lactancia, y de aquéllas con responsabilidades de cuidado (párrs. 126 – 131).

En consecuencia, la Corte IDH determina los estándares relativos a la utilización prioritaria de las medidas sustitutivas a la libertad, misma que responde a los siguientes aspectos: i) el perfil de las mujeres que son sometidas al sistema penal, relacionado a su vez con la comisión de delitos no violentos, y el riesgo bajo para la seguridad ciudadana, y ii) el impacto desproporcionado respecto de sus hijos e hijas, y otras personas que se encuentren bajo su cuidado (párrs. 132 y 133). Estas directrices, así como las relacionadas con las excepciones en la aplicación del uso prioritario de este tipo de medidas, encuentran su fundamento en lo desarrollado por las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (“Reglas de Bangkok”), en particular, en su Regla 64.