Colombia tiene una oportunidad clave para eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas y proteger a las niñas y adolescentes
7 de Octubre de 2024
El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una grave violación de los derechos de las niñas y adolescentes, pero ha sido ignorada durante mucho tiempo en Colombia. Actualmente, la ley permite el matrimonio desde los 14 años con el consentimiento de los padres, y muchas niñas y adolescentes menores de 18 años se unen de manera informal, a menudo conviviendo con hombres mayores. Sin embargo, esto podría cambiar si el Senado de la República de Colombia aprueba el Proyecto de Ley 155/2023C, que busca eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas para personas menores de 18 años, sin excepciones.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas persisten en Colombia
A pesar de los esfuerzos globales para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas, estas prácticas nocivas siguen siendo comunes en muchos lugares, y en Colombia, la situación es preocupante. El “Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia 2010-2020”, de UNICEF Colombia, encontró que el país ocupa el puesto 20 a nivel mundial en el número de niñas casadas o en unión informal antes de los 15 años. En comparación con los países de América Latina y el Caribe, Colombia se ubica en el 11º lugar en adolescentes que se casan o establecen uniones informales antes de los 18 años.
El porcentaje de personas que se unen entre los 15 y los 18 años no ha disminuido significativamente en las últimas tres décadas, y el problema sigue siendo invisibilizado y, por lo tanto, no es abordado adecuadamente. Las normas sociales y de género profundamente arraigadas perpetúan esta práctica, y la pobreza agrava significativamente la situación. En las comunidades rurales e indígenas, las tasas son aún más altas debido a tradiciones y presiones económicas que incrementan la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas exponen a niñas y adolescentes a otros riesgos
Las consecuencias del matrimonio infantil y las uniones tempranas son diversas, aumentando la probabilidad de que las niñas y adolescentes sufran violencia sexual, física y emocional, además de embarazos no deseados. Aquellas que quedan embarazadas a muy temprana edad, antes de que su cuerpo esté completamente desarrollado, enfrentan un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto.
Muchas de estas niñas y adolescentes están en pareja con hombres que tienen el doble o incluso el triple de su edad. Según el estudio de UNICEF Colombia, «el 73% de las niñas de entre 10 y 14 años informaron estar en unión con hombres mayores de 20 años, mientras que el 45,7% de las adolescentes de entre 15 y 19 años informaron estar en unión con hombres de entre 20 y 24 años, y el 42,4% informaron estar en unión con hombres de 25 años o más.» Estas brechas de edad crean un desequilibrio de poder en las relaciones, dejando a muchas niñas y adolescentes dependientes de su pareja mayor, lo que limita su capacidad para otorgar un consentimiento pleno o ejercer sus derechos.
Las niñas y adolescentes casadas o unidas, y las madres adolescentes suelen abandonar sus estudios, lo que las aísla de sus pares y aumenta la probabilidad de que enfrenten problemas de salud mental. La falta de educación también limita sus oportunidades de adquirir los conocimientos necesarios para lograr la independencia financiera y ascender socialmente. Esto perpetúa los ciclos de pobreza y frena su desarrollo, dejándolas a ellas y a sus hijos/as más propensos a enfrentar dificultades sociales, económicas y personales.
Colombia no está garantizando la protección adecuada para las niñas y las adolescentes
Según un informe de 2024 de Girls Not Brides, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, excepto Haití y Uruguay, han establecido la edad mínima legal para el matrimonio en 18 años. Sin embargo, al menos 21 de los 32 países cuentan con excepciones o vacíos legales que permiten el matrimonio a edades más tempranas con el consentimiento de los padres o de un juez.
Este es el caso de Colombia, donde el matrimonio está prohibido para personas menores de 18 años, pero el Código Civil permite excepciones para que adolescentes entre 14 y 18 años puedan casarse con el consentimiento de los padres o un tutor legal. Este consentimiento se otorga con frecuencia, especialmente en casos de embarazo o violencia sexual, en los que las presiones familiares y sociales juegan un papel importante en los matrimonios y uniones tempranas. Sin embargo, dada la situación de coerción y de desigualdad en la que se encuentran las niñas y adolescentes, su aparente consentimiento puede no ser pleno y libre.
El informe de Equality Now titulado “Eliminación de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en Colombia” subraya que el gobierno colombiano no ha brindado las salvaguardias adecuadas para evitar que los padres obliguen o coaccionen a los niños, niñas, y adolescentes a casarse o unirse.
Equality Now ha examinado el marco legal colombiano en la materia y concluyó que el país está violando los estándares internacionales y regionales de derechos humanos que ha suscrito en relación con la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Esto incluye la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras.
Prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas es un paso, pero no es suficiente
En toda la región de América Latina y el Caribe, 11 países han implementado leyes que establecen la edad mínima para casarse en 18 años, sin excepciones. Así lo hizo República Dominicana en 2020 y Perú en 2023. Puerto Rico también ha establecido la edad mínima en 21 años, requiriendo el consentimiento de ambos padres para casarse después de los 18 años.
Sin embargo, prohibir el matrimonio formal no es suficiente. Después de que México introdujo una prohibición del matrimonio infantil en 2020, hubo un aumento en las uniones informales. En Europa, una encuesta de UNICEF sobre el matrimonio infantil en Georgia reveló que el 14% de las niñas de entre 20 y 24 años se habían casado antes de cumplir los 18 años, a pesar de la legislación que prohíbe el matrimonio antes de esa edad.
Otros países también han enfrentado desafíos para eliminar el matrimonio infantil y uniones tempranas. Por ejemplo, Guatemala aprobó una ley en 2017 que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años sin excepciones, pero la prevalencia sigue siendo del 30%. Las tasas son especialmente altas entre las comunidades indígenas y rurales, donde las campañas de concienciación han sido insuficientes. El claro contraste entre lo que establecen las leyes y lo que sucede en la práctica resalta cómo las normas pueden resultar ineficaces sin una implementación efectiva.
Un ejemplo de aplicación efectiva se encuentra en el Reino Unido, donde, tras la implementación de una nueva ley que prohíbe por completo el matrimonio infantil para jóvenes de 16 y 17 años, se ha logrado integrar con éxito la sensibilización en diversos sectores, como la educación y los servicios de salud. Este enfoque multisectorial está demostrando ser eficaz para abordar el problema de manera integral.
Colombia debe eliminar el matrimonio infantil y garantizar la implementación efectiva de la ley
En Colombia, el marco legal, junto con factores sociales y culturales, sigue contribuyendo a un fracaso sistémico en la protección de niñas y adolescentes, quienes a menudo se ven presionadas para contraer matrimonio infantil o entrar en uniones informales, convirtiéndose en víctimas de explotación y trabajo infantil.
El Proyecto de Ley 155/2023C, que pronto será sometido a votación final en el Senado, representa una oportunidad crucial para avanzar. Además de modificar el Código Civil para impedir que personas menores de 18 años puedan casarse o formar uniones de hecho, el proyecto resalta la importancia de desarrollar políticas que aborden las causas estructurales del problema. Entre sus propuestas están la creación del Programa Nacional de Atención Integral para los Proyectos de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes; así como un programa de sensibilización sobre las consecuencias y los factores que impulsan las uniones tempranas. Ambos deberían integrarse a la Política Pública de Infancia y Adolescencia que ya tiene el país.
Como complemento a la prohibición, Colombia requiere la adopción de reformas legales y de política pública con un enfoque integral, multisectorial y bien financiado, y que contenga la estricta aplicación de la edad mínima para el matrimonio. La estrecha colaboración entre los actores clave es fundamental para asegurar una cooperación efectiva en el abordaje de los factores estructurales que se retroalimentan entre sí y una implementación adecuada con resultados concretos en los diferentes sectores y en el goce efectivo de derechos de las niñas y las adolescentes.
Las políticas deben priorizar la sensibilización pública sobre los cambios legales y promover el cambio social partiendo de una mejor comprensión de los impactos negativos del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Involucrar a la sociedad civil y fomentar su participación es esencial para generar un entorno que desincentive estas prácticas nocivas.
Es fundamental que las niñas y adolescentes tengan un rol central en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, aplicando metodologías participativas que prioricen sus intereses y perspectivas. Asimismo, es crucial garantizar una educación sexual integral y el acceso a servicios de salud reproductiva. Solo empoderando a las niñas y las adolescentes, Colombia podrá proteger plenamente sus derechos y construir una sociedad donde puedan desarrollar sus proyectos de vida.
Palabras clave: Matrimonio infantil, Colombia, Senado de la República, uniones tempranas, infancias, adolescencia, relaciones desiguales
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ACERCA DE LOS AUTORES
Sandra Ramírez
Asesora Legal y de Incidencia de Equality Now para América Latina y el Caribe. Sandra es abogada con un LL.M. en Derecho Internacional y Comparado, especializado en Derechos Humanos, de la Universidad George Washington. Cuenta con amplia experiencia trabajando en organizaciones internacionales en Colombia, donde ha llevado a cabo investigaciones, ofrecido asesoría legal y diseñado programas de capacitación enfocados en la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres. Ha trabajado con diversos grupos, incluyendo mujeres con discapacidad, jóvenes, comunidades indígenas y afrodescendientes, migrantes y personas afectadas por el conflicto armado interno.
Andrea Tague Montaña
Oficial de género y desarrollo de la Oficina de UNICEF en Colombia. Andrea es politóloga de la Universidad del Rosario, realizó un máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos orientados a la promoción de la igualdad de género y la no discriminación. Durante los últimos años, su trabajo se ha enfocado en posicionar las afectaciones que impactan desproporcionadamente a niñas y adolescentes para que cuenten con las condiciones y las oportunidades que favorezcan su protección y desarrollo integral.
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