Por una parte, el hecho de que la SCJN haya reconocido que existe un derecho al cuidado que se desprende del parámetro de regularidad constitucional, obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a protegerlo, respetarlo, garantizarlo y promoverlo.

Esto significa que, aunque siempre será ideal que el derecho al cuidado se reconozca expresamente en la Constitución mexicana, su existencia implícita en ella —derivada del entendimiento conjunto de otros preceptos establecidos en la misma Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos— obliga desde ahora a las autoridades a crear leyes secundarias y políticas públicas que delineen los contenidos específicos de ese derecho, para que todas las personas puedan cuidar, ser cuidadas y autocuidarse en igualdad de condiciones.

Estas leyes y políticas tendrían que estar encaminadas a reorganizar los trabajos de cuidados para transitar a un sistema colectivo que proteja y garantice el derecho al cuidado, es decir, una verdadera “sociedad del cuidado”, en la que participen y compartan la responsabilidad todos los sectores de la sociedad —las familias, los espacios laborales y educativos, las empresas, la comunidad y, de forma central, las instituciones del Estado—. Esta perspectiva de la sociedad del cuidado es también un aspecto que reconoció la SCJN en el amparo directo 6/2023.

La finalidad, por tanto, de una sociedad del cuidado tendría que consistir en democratizar los cuidados, es decir, que toda la sociedad esté involucrada en su cobertura, insistiendo en el papel primordial del Estado en esa tarea, de manera que no recaigan única y exclusivamente en las familias o en las propias personas que requieren cuidados.

Por eso, las transferencias monetarias —apoyos económicos proporcionados por el gobierno— a determinados grupos que requieren cuidados extensos o especializados —como las personas mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas— no cumplen con esa finalidad, pues perpetúan el status quo de que los cuidados son “algo que deben solucionar las familias por sí mismas”, y no un compromiso de la sociedad en conjunto.

Por otra, como ha sucedido con otros derechos, es esperable que se impulsen más litigios para hacer exigible ante tribunales el derecho al cuidado, cuando las autoridades no lo garanticen o protejan adecuadamente.

Esto tendrá como consecuencia que se detone una línea jurisprudencial sobre el derecho al cuidado que desarrolle de forma “más fina” su contenido, atendiendo, con especial énfasis, a las necesidades de cuidados que requieren los grupos de atención prioritaria —personas con discapacidad, personas mayores, personas con enfermedades crónicas, y niñas, niños y adolescentes— y las personas que les cuidan.

Sobre este segundo punto, por ejemplo, recientemente, por la vía del juicio de amparo, se combatió la omisión del congreso de la Ciudad de México de aprobar las iniciativas sobre la Ley Integral de Cuidados de esa entidad federativa. Este asunto actualmente continúa en trámite, por lo que esperamos pronto contar con un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteada que podría contribuir a la construcción de esa línea jurisprudencial, no sólo por parte de la SCJN, sino de otros tribunales federales de inferior jerarquía, como los juzgados de distrito federales.

Estoy convencida que poner el centro de las agendas políticas el derecho al cuidado es el proyecto más revolucionario a favor de la igualdad de género de los últimos años, pues busca desarticular las estructuras que sistemáticamente han ubicado a las mujeres y a las niñas en un plano de desigualdad.

A la par de ello, los tribunales pueden impulsar y acompañar esas transformaciones a través de sus sentencias, para lo cual es imprescindible contar con personas juzgadoras con una formación técnica y comprometidas con la igualdad de género y con el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.