Luces y sombras del diálogo jurisprudencial multinivel en el Sistema Interamericano
16 de Febrero de 2022
¿Por qué la Corte IDH cita la jurisprudencia de algunas cortes nacionales con mayor frecuencia que la de otras, y con qué objetivos?
Uno de los principales objetivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la construcción de un régimen legal de derechos humanos común a los países que se encuentran bajo su jurisdicción. Consolidar este régimen requiere de cierto grado de armonía entre los criterios que utilizan jueces nacionales e interamericanos para la resolución de casos en los que se debate la afectación de derechos fundamentales. Una de las herramientas para lograr dicha integración es el diálogo jurisprudencial entre jueces. Esto implica, entre otras cosas, la referencia asidua a fallos de otras cortes a la hora de fundamentar sentencias.
Para la Corte IDH resulta clave que los jueces nacionales incorporen sus fallos como fuente de derecho, porque de esta manera se amplía el alcance de los estándares interamericanos mucho mas allá de los poquísimos ciudadanos que tienen la suerte de poder llevar sus reclamos hasta Costa Rica, país sede del organismo judicial. Así mismo, que jueces nacionales reconozcan la legitimidad y utilidad de lo dispuesto por la Corte IDH, también puede ser visto como un indicio de la creciente autoridad que comanda el sistema regional de protección de derechos.
El uso de jurisprudencia nacional por parte de la Corte IDH es igualmente importante para la construcción de un régimen legal de derechos humanos a nivel regional. Cierto reconocimiento o deferencia hacia los criterios esbozados por actores nacionales puede servir como contrapunto para quienes asocian a las instancias judiciales internacionales con déficits democráticos o con la erosión de la soberanía nacional. En este sentido, un diálogo jurisprudencial fluido no solo cementa la legitimidad de las sentencias interamericanas, sino que también puede garantizar su efectividad y recepción positiva en los diferentes países.
A pesar de que son muchos los que celebran la intensidad y calidad del diálogo jurisprudencial en las Américas, todavía sabemos poco sobre el grado real en el que las cortes nacionales y la Corte IDH se reconocen mutuamente como interlocutores válidos a través de las citas que incluyen en los fundamentos de sus sentencias.
En un trabajo recientemente publicado en el International Journal of Constitutional Law intentamos remediar este déficit. Construimos dos bases de datos originales para investigar de la manera más rigurosa posible los patrones de citas a la Corte IDH en las sentencias de 13 altas cortes nacionales, así como también de citas a jurisprudencia nacional en los fallos interamericanos. En otras palabras, examinamos cuándo, cómo y por qué estos jueces deciden citarse entre sí.
A nivel nacional encontramos 4,999 citas a la Corte IDH en 1,736 sentencias emitidas entre 1994 y 2012. El total no resulta alto, sobre todo si tenemos en cuenta que durante este período los tribunales en cuestión emitieron cientos de miles de resoluciones. Alrededor del 96% de los fallos con citas incluyen entre 1 y 10 referencias a jurisprudencia interamericana. En el otro extremo hay tres sentencias (Expedientes Varios 910/2011, México, 2011, 81 citas; Simón, Argentina, 2005, 103 citas; y C-370-06, Colombia, 2006, 181 citas) que concentran un número desproporcionadamente alto de citas.
Mas allá de estos números un tanto decepcionantes, nuestro análisis socio-histórico revela un altísimo nivel de variación temporal en la apertura al diálogo: al final de la serie las citas son mucho más frecuentes que al principio. Creemos que esto se debe a la mayor visibilidad que ha adquirido la Corte IDH a partir de mediados de los años 2000, y a los esfuerzos institucionales (ej. celebración de audiencias fuera de Costa Rica o la participación anual de la Corte IDH en el Encuentro Latinoamericano de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales) y jurisprudenciales (ej. Doctrina del control de convencionalidad) que acompañaron ese proceso de consolidación de autoridad.
También documentamos diferencias importantes en el número de citas en cada país, con la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú, la Sala IV de Costa Rica y la Corte Suprema de Argentina al frente del ranking (Gráfica 1). Atribuimos esta variación a los contrastes que todavía existen entre culturas jurídicas y preferencias legales del personal judicial. En este sentido, una mayor predisposición al diálogo se asocia con cambios estructurales en el medioambiente jurídico (ej. reformas constitucionales o creación de nuevas cortes) así como también con el nombramiento de jueces disruptivos, dispuestos a combatir viejas tradiciones jurídicas.
Con respecto a la Corte IDH, mostramos que entre 1988 y 2014 solamente citó jurisprudencia nacional 401 veces, lo cual es un número bajo si se considera que la Corte Europea de Derechos Humanos fue citada 1039 veces. Los países más citados son Colombia, Perú, Venezuela, Chile y Argentina. En el otro extremo se encuentran Trinidad y Tobago, Suriname, Haiti, Grenada y Dominica, ya que la corte nunca citó jurisprudencia local. Al igual que en la base de datos anterior, observamos que las citas se volvieron más frecuentes conforme avanzó el tiempo, quizá coincidiendo con el mayor compromiso con el diálogo jurisprudencial que han expresado en público los presidentes de la Corte más recientes (Gráfica 2).
En el trabajo nos preguntamos ¿Por qué la Corte IDH cita la jurisprudencia de algunas cortes nacionales con mayor frecuencia que la de otras, y con qué objetivos? Nuestros modelos estadísticos revelan que los jueces interamericanos son más propensos a citar precedentes de países con características favorables para la construcción de normas de derechos humanos (ej. países más democráticos), así como también de países con los que la Corte interactúa más a menudo o sobre los que tiene mayor conocimiento (ej. porque visita ese país más a menudo, porque ha lidiado con un alto número de casos contra ese país, o porque la jurisprudencia de ese país es mencionada más frecuentemente en la revista Diálogo Jurisprudencial).
Finalmente, un análisis de contenidos cualitativo sugiere que la Corte IDH usa estas citas como una fuente de autoridad persuasiva, es decir, se nutre de argumentos esbozados por otros para fortalecer los propios. Más interesante aún, encontramos que las citas también se usan para mostrar que los criterios interamericanos son aceptados localmente. Es decir, la Corte IDH busca resaltar ejemplos en los que su autoridad es explícitamente reconocida por tribunales nacionales. Esto último nos lleva a caracterizar a las citas como una herramienta utilizada por la Corte para educar a otros jueces nacionales en el uso de jurisprudencia interamericana con el objetivo de fortalecer el proceso de integración legal.
El trabajo muestra cambios importantes en la intensidad del diálogo jurisprudencial a través del tiempo e identifica qué factores lo han hecho posible. En este sentido, los datos confirman que existen motivos para ser optimistas sobre la posibilidad de una mayor integración y difusión de los estándares de protección disponibles en la región. Creemos, sin embargo, que al final de cuentas se impone una lectura menos favorable del estado de situación. Las citas siguen siendo relativamente poco frecuentes, sobretodo en lo que respecta a las citas a fallos nacionales encontrados en la jurisprudencia interamericana. Esto indica que los jueces interamericanos deben trabajar con el objetivo de profundizar la horizontalidad del diálogo, reconociendo los importantes avances en materia de derechos fundamentales que surgen del trabajo diario de sus pares nacionales.
Citación académica sugerida: González-Ocantos, Ezequiel y Sandholtz, Wayne. Luces y sombras del diálogo jurisprudencial multinivel en el Sistema Interamericano. Agenda Estado de Derecho, 2022/01/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/luces-y-sombras-del-dialogo-jurisprudencial-multinivel-en-el-sistema-interamericano/
Palabras clave: Corte IDH; diálogo jurisprudencial; sentencias
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
