En la sección anterior sobre el tema desarrollamos algunas consideraciones sobre litigios relevantes en el ámbito nacional en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos en la región. Otro aspecto clave del litigio estratégico en América Latina es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha sentado las bases para importantes avances regionales.

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos temas clave se destacan por su importancia y continuidad: la violencia sexual y la violencia obstétrica, que han sido analizados desde un enfoque de violencia contra las mujeres. En cuanto a la violencia sexual, el litigio estratégico ha llevado a los tribunales a reconsiderar el valor y el estándar de admisibilidad de las pruebas disponibles en estos casos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la importancia fundamental del testimonio de las víctimas en ausencia de otras pruebas, ha adoptado una definición amplia de lo que constituye violencia sexual y ha establecido que la violencia sexual puede constituir tortura bajo ciertas condiciones. Del mismo modo, ha analizado los efectos de esta violencia desde una perspectiva interseccional, lo que le permitió concluir que, bajo determinadas circunstancias, este tipo de violencia puede constituir tortura dados los efectos en las víctimas y las condiciones en las que se lleva a cabo.

En violencia obstétrica, casos emblemáticos como I.V. vs. Bolivia y Brítez Arce vs. Argentina han sentado precedentes cruciales, impulsando estándares mínimos para el consentimiento informado y la atención materna. Estas decisiones judiciales remarcan la necesidad urgente de capacitar a las personas que ofrecen servicios de salud para dar un tratamiento digno, respetuoso y adaptado a las personas embarazadas. Ambos casos reflejan una realidad devastadora en cuanto a la prestación de servicios de salud, que dan lugar a casos de esterilización forzada o muerte ante la falta de capacidad y empatía. Las decisiones de la Corte Interamericana en estos casos fueron transformadoras y un gran paso hacia redimensionar la importancia del tema en la región.

En relación con el derecho a la autonomía reproductiva, en el caso de Manuela y Otros vs. El Salvador, resolvió la controversia sobre una mujer que murió en prisión sin atención médica adecuada, luego de haber sido sentenciada por homicidio agravado al haber sufrido un aborto espontáneo. La Corte señaló, entre otras cosas, que la aplicación de la pena por homicidio agravado a una persona en estado puerperal o perinatal, sin analizar estas condiciones específicas, constituía una pena cruel y desproporcionada y que el actuar de las autoridades en el caso había constituido una violación al derecho a la defensa, a ser juzgada por un tribunal imparcial, la presunción de inocencia, el deber de motivar, y la obligación de no aplicar la legislación de forma discriminatoria. Asimismo, remarcó la importancia de analizar la situación de interseccionalidad que enfrentan las mujeres en situación de pobreza, y la necesidad de interpretar el derecho a la salud desde un enfoque de reconocimiento a la integridad personal.

Por otro lado, en el caso de Beatriz y otros vs. El Salvador, en el que también analizó la prohibición absoluta del aborto ante las complicaciones en la salud de una mujer que fue obligada a dar a luz en un embarazo de alto riesgo y sin viabilidad, la Corte determinó que el Estado tenía la obligación de dictar disposiciones de actuación para el personal de salud ante casos similares para proteger la salud y la vida libre de violencia de las mujeres en el Salvador. Ambas sentencias representan la posibilidad única del tribunal regional de analizar políticas que dañan la integridad y el acceso a derechos y sentar mínimos indispensables para el ejercicio de derechos.