Ley de Competencia en Guatemala, una puerta abierta para el Estado de derecho y la prosperidad regional
2 de Octubre de 2025
Guatemala aprobó la Ley de Competencia en 2024. El instrumento busca combatir monopolios, fortalecer mercados, mejorar condiciones laborales, impulsar productividad, innovación y credibilidad jurídica para un desarrollo económico más equitativo.
Hasta hace menos de un año, Guatemala era el único país de Latinoamérica que carecía de una ley de competencia, normativa que abre las puertas a mercados más justos a través de la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas y la creación de instituciones robustas capaces de combatirlas.
Guatemala cuenta con mercados altamente concentrados. Aunque los estudios son limitados, se ha determinado que de 16 mercados, en 11 de ellos las dos empresas más grandes acumulan más del 50% de cuota de mercado, y solo en uno es menor a 10%. Algunos ejemplos particularmente problemáticos son los de cerveza y bebidas alcohólicas, dominado por un monopolio; el de telecomunicaciones, por un duopolio; o el de los medicamentos, dominado por tres cadenas que representan casi 75% del total de las ventas.
La aprobación de la Ley de Competencia en 2024 y su formal integración en 2025 son la materialización de un mandato constitucional largamente esperado. El Artículo 130 de la Constitución guatemalteca prohíbe los monopolios y privilegios, y establece la obligación de proteger la economía de mercado y el bienestar de los consumidores. Sin embargo, desde 1985, esta prohibición constitucional había permanecido como una reserva de ley sin desarrollo normativo.
Este rezago persistía, además, a pesar de compromisos internacionales como el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. La mayoría de los países latinoamericanos promulgaron leyes de competencia mucho antes, con Costa Rica (1994) y Panamá (1996) siendo pioneros en Centroamérica. Actualmente, 20 naciones latinoamericanas cuentan con legislación en la materia, y en las últimas dos décadas, 8 países han introducido nuevas leyes y 11 han modificado las existentes.
La aprobación de la ley no solo impacta la dinámica económica del país, sino que refuerza la credibilidad del marco jurídico guatemalteco. Señala un compromiso con la certeza legal y la previsibilidad, elementos indispensables para atraer inversión, fomentar el crecimiento económico y asegurar un entorno de negocios más justo y equitativo.
La Ley y su Superintendencia deben buscar transformar la economía guatemalteca, históricamente marcada por la concentración de mercados, hacia un modelo de libre competencia que beneficie a consumidores y productores por igual.
Para atenderesos problemas, la Ley crea la Superintendencia de Competencia como una entidad estatal cuyo rol es promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas. Sus funciones incluyen resolver y sancionar infracciones, emitir opiniones consultivas sobre nuevas regulaciones, asesorar al Ejecutivo en políticas de competencia y realizar estudios sectoriales que contribuyan a la identificación de prácticas anticompetitivas.
Uno de los retos cruciales de la Superintendencia es que la ley exige un análisis sofisticado para definir el «mercado relevante» (considerando el ámbito geográfico, el tipo de producto, la posibilidad de sustitución por el consumidor y el precio). Sin embargo, Guatemala carece de suficiente información o datos actualizados para realizar estas mediciones con la precisión requerida.
La efectividad de la Ley depende intrínsecamente de la capacidad de la Superintendencia para realizar análisis económicos rigurosos. Sin datos precisos y actualizados sobre mercados, cuotas de participación, costos y precios, tendrá dificultades para definir mercados relevantes, probar la existencia de posición de dominio o demostrar los efectos anticompetitivos de una conducta. La ausencia de datos robustos no solo dificulta la aplicación de la ley sino que también puede perpetuar la informalidad y la concentración de mercado al no poder identificar y probar eficazmente las prácticas anticompetitivas. Todo ello, subraya la necesidad de una inversión significativa y coordinada en la recopilación y análisis de datos económicos por parte del Estado, no solo para la Superintendencia sino para la planificación económica y la gobernanza en general.
Una normativa y una autoridad del derecho de competencia robustas y adecuadas pueden impulsar a las empresas a mejorar la calidad de sus productos y servicios, aumentar la variedad y, crucialmente, reducir precios en mercados que actualmente se encuentran altamente concentrados o monopolizados. La ley de competencia, sin ser un instrumento redistributivo directo, puede generar una «mejora en las oportunidades de empleo, inversión y crecimiento». Su éxito en la reducción de precios y la mejora de la calidad de bienes y servicios será un indicador tangible de su impacto social, y un argumento poderoso para su legitimidad y apoyo popular.
Las empresas que operan en mercados con mayor competencia experimentan crecimientos más acelerados de la productividad, pues los recursos se asignan a las más eficientes, mientras que las menos competitivas tienden a salir del mercado.. La competencia estimula la innovación e inversión. En contraste, Guatemala muestra un crecimiento débil de la productividad laboral y una baja formación de capital en comparación con otros países de la región. Esta debilidad se explica, en parte, por la concentración de mercado, que reduce los incentivos para innovar y mejorar la eficiencia, ya que las empresas dominantes no enfrentan una presión competitiva significativa.
La Ley de Competencia busca revertir esta tendencia al forzar a las empresas a competir por la eficiencia, lo que debería impulsar la productividad y la innovación en el largo plazo, transformando el aparato productivo nacional. Además, es un catalizador para una transformación estructural de la economía guatemalteca, moviéndola de un modelo de rentas y privilegios a uno basado en la productividad y la innovación. Esto es crucial para la sostenibilidad del crecimiento económico y para que Guatemala pueda competir eficazmente en los mercados internacionales, diversificando su base productiva más allá de los sectores tradicionales.
Guatemala se caracteriza por una alta informalidad laboral (cerca del 80% de la población ocupada en 2023) y bajos salarios en el sector formal, donde los salarios representan solo el 20% del valor agregado, significativamente menor al promedio regional del 40%. Esto indica ganancias brutas extraordinariamente altas para las empresas, lo que sugiere poder de mercado y barreras a la competencia. La competencia puede estimular una oferta abierta de mano de obra especializada y su consecuente aumento en el nivel de los precios (salarios), mientras que las cláusulas de no competencia pueden usarse para suprimir la movilidad laboral y mantener bajos los salarios.
La baja participación de los salarios en el valor agregado y la alta informalidad en Guatemala no son solo problemas económicos, sino que tienen implicaciones directas en los derechos humanos laborales, como el derecho a un salario justo y a condiciones de trabajo dignas. La concentración de mercado puede dar a las empresas dominantes un poder excesivo sobre los trabajadores, deprimiendo los salarios y limitando la movilidad y las oportunidades. Una política de competencia robusta, al desarticular este poder de mercado, puede mejorar las condiciones laborales y los salarios, y fomentar la formalización del empleo.
Guatemala puede aprender de las experiencias de países como Chile, México y Colombia, que tienen trayectorias más largas en la aplicación de leyes de competencia y han desarrollado mejores prácticas en la ejecución de sus leyes. Más allá de la función sancionatoria, las autoridades de competencia en la región han demostrado la importancia de la «abogacía de competencia». Esta función proactiva incluye la realización de estudios de mercado o sectoriales, actividades pedagógicas y de difusión sobre la ley de competencia, y la participación con sus posturas en procesos de formulación de políticas y elaboración de regulaciones que puedan tener impactos en la competencia.
La abogacía de la competencia es una herramienta poderosa para prevenir prácticas anticompetitivas, educar al mercado y fomentar una cultura de cumplimiento. Al influir en el diseño de nuevas regulaciones y en la política pública en general, la Superintendencia puede moldear un entorno más competitivo de manera preventiva, reduciendo la necesidad de intervenciones sancionatorias posteriores y promoviendo un cambio cultural hacia la competencia leal.
La Ley de Competencia en Guatemala y la recién integrada Superintendencia de Competencia representan un paso histórico y fundamental para el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de un desarrollo económico más equitativo. La transición de una prohibición constitucional teórica a una regulación práctica y sancionable de los monopolios es un avance crucial que impactará positivamente en la certeza jurídica, la atracción de inversiones y, de manera tangible, en el bienestar de los consumidores y las condiciones laborales. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del país para superar desafíos significativos, como la escasez de datos económicos fiables, la necesidad de construir una capacidad técnica altamente especializada en la Superintendencia y la armonización con las regulaciones sectoriales existentes.
Citación académica sugerida: Gálvez H., José Javier. Ley de Competencia en Guatemala, una puerta abierta para el Estado de derecho y la prosperidad regional. Agenda Estado de Derecho, 2025/10/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ley-de-competencia-en-guatemala/
Palabras claves: Competencia. Guatemala; monopolios; productividad; innovación; desarrollo.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
