La Justicia y el Poder Político en Paraguay: ¿un ataque a la independencia judicial?

21 de Diciembre de 2021
La Justicia y el Poder Político en Paraguay: ¿un ataque a la independencia judicial?
Crédito foto: Corte Suprema de Justicia de Paraguay

Una sentencia de la Corte IDH reabre el debate sobre los obstáculos para la independencia del poder judicial en Paraguay.

La independencia judicial es un componente indispensable e inquebrantable en un Estado democrático y constitucional de derecho. Así se ha establecido en el art. 248 de la Constitución Nacional de Paraguay. A su vez, la independencia judicial se vincula estrechamente con el principio de separación de poderes (art. 3 CN) y con la cualidad misma que deben tener los jueces, como funcionarios públicos, a quienes se confía el poder judicial (art. 247 CN).

Es un requisito esencial para que la administración de justicia sea imparcial y objetiva, ya que solo los jueces independientes pueden proporcionar una protección jurídica efectiva, exigida y garantizada por la misma Constitución (art. 16 CN). Ante todo, este principio debe ser comprendido en beneficio de los ciudadanos respecto a la necesidad de una correcta administración de justicia. Por lo demás, otros órganos constitucionales están obligados a respetar este principio, sin delimitación ni excepción alguna.

Empero, la instrumentalización de la justicia con otros fines, sean políticos, religiosos, económicos e ideológicos, conlleva el debilitamiento progresivo de este principio central del Estado de Derecho. Así, la sentencia Ríos Avalos y otro vs. Paraguay, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en agosto de 2021, representa la ocasión especial para impulsar un debate colectivo en torno a la independencia del poder judicial paraguayo.

¿Cómo ocurrió la destitución de los ministros de la Corte Suprema de Justicia?

El Paraguay forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, la Ley 1/1989 fue la primera ley pronunciada poco después de la caída del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner (1954-1989), por medio de la cual se aprobó y ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, por Decreto 16.078 del 8 de enero de 1993 se reconoció de forma expresa la competencia de la Corte IDH.

Dentro de este marco, la responsabilidad del Estado paraguayo ya ha sido objeto de varias sentencias de la Corte. En este sentido, se ha resuelto que el Estado paraguayo ha quebrantado el principio de independencia judicial luego de que en el año 2003 se destituyó arbitrariamente a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Así, en noviembre de 2003 la Cámara de Diputados del Paraguay presentó acusación contra tres ministros de la Corte Suprema, exigiendo el inicio del juicio político en aplicación de la causal de “mal desempeño en sus funciones”. Días posteriores, la Cámara de Senadores estableció resolutivamente un procedimiento único para llevar a cabo el juicio político contra dos de los exjueces. Finalmente, el 12 de diciembre de 2003, los senadores declararon —en amplia mayoría— culpables a los exjueces Fernández Gadea y Ríos Ávalos y resolvieron su destitución inmediata. En consecuencia, ambos recurrieron ante la Corte Suprema por medio de acciones de inconstitucionalidad, las cuales fueron —en principio— admitidas en diciembre de 2009. El Congreso Nacional reaccionó enérgicamente ante estos fallos por medio de su primera Resolución del año 2010, en la que, además, advirtió expresamente a los ministros de la Corte que, en caso de no revertir los fallos mencionados, incurrirían en causales de juicio político. En un inesperado revés, la Corte decidió apresuradamente dejar sin efecto sus propios fallos negándoles validez jurídica. Fue a partir de entonces que ambos exjueces acudieron ante la Corte IDH.

Independencia judicial y juicio político

En un sentido amplio, el análisis de este caso posee alta relevancia a partir de dos aristas. Por un lado, la desvirtuación del mecanismo constitucional de juicio político. Por otro, el menoscabo que resulta de su mal uso para la independencia judicial.

En lo que refiere al primero, resulta inaceptable el empleo de un procedimiento diseñado y previsto exclusivamente para un caso (ad hoc), a través de una mera resolución parlamentaria. Indudablemente esta no posee capacidad suficiente para limitar ni menoscabar derechos y garantías constitucionales. Principios concomitantes, como el derecho a un juez imparcial y la defensa en juicio son inviolables, no solo en los procesos penales, sino en todos aquellos que puedan concluir en una sanción (art. 17 CN). Por consiguiente, el juicio político (art. 225 CN), no porque sea “político” justifica limitación alguna de los derechos esenciales. Esto parece evidente. Sin embargo, en situaciones de crisis política como la de 2003 se lo ha pasado por alto, así como también en 2012 con la destitución arbitraria del expresidente Fernando Lugo.

Del mismo modo, el empleo discrecional y abusivo del mecanismo de juicio político ha afectado el principio de independencia judicial. Esto se desprende a primera vista de los mismos hechos, ya que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de todo lo actuado y decidido en juicio político provocó una tensión directa entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Tanto así que la Corte se vio intimidada por la advertencia de un eventual nuevo juicio político, razón —al parecer— suficiente para ulteriormente dejar sin efecto sus propios fallos.

El fallo de la Corte IDH como un nuevo desafío para el Paraguay

El reciente fallo de la Corte IDH no debe ni puede quedar como simple letra muerta. Por lo tanto, conviene analizar, en sentido estricto, los posibles efectos de este fallo: por un lado, la necesidad de reformas legislativas y, por otro, fijar mecanismos suficientes para fortalecer la independencia judicial.

En primer lugar, se debe hacer hincapié en la necesidad de una ley reglamentaria de la norma constitucional que prevé el juicio político. Por lo demás, se debe establecer en ella un procedimiento que sea absolutamente concomitante con las reglas del debido proceso y la defensa en juicio. Asimismo, el alcance con el cual se debe comprender la causal “mal desempeño en sus funciones” debe estar taxativamente definida y delimitada. De esta manera se podrán cubrir aquellos vacíos legales que dan lugar a arbitrariedades bimarckianas irreversibles y transgresoras del principio de separación de los poderes. Un primer proyecto de ley se ha presentado en el año 2012 pero no ha prosperado. Una segunda propuesta legislativa viene a reforzar nuevamente este enfoque. Sin embargo, el trámite se encuentra estancado desde 2016.

En segundo lugar, no se debe perder de vista que el sistema judicial paraguayo se encuentra, desde hace décadas, en estado crítico. Esto es así, no solo por el alto costo para acceder a ella, sino también por el elevado índice de corrupción que desafortunadamente la identifica. Así se ha demostrado —una vez más— en el Rule of Lax Index 2021. Y es que la independencia judicial no debe ser concebida únicamente como un todo, sino también como un atributo personal, más aún cuando las instituciones no son lo suficientemente sólidas.

En este sentido, un buen comienzo sería la mejora en los criterios de selección para acceder a la judicatura, en la que el alto rendimiento académico y profesional y la solvencia ética sean factores determinantes para ocupar el cargo de juez. Además, se deben establecer mecanismos eficaces de protección a los jueces contra cualquier tipo de injerencia externa. Finalmente, deseo acentuar que la independencia judicial no es un atributo adquirido recién a partir del nombramiento como juez, sino que se trata de una cualidad que debe preexistir en la persona, pues en ella se basará la confianza ciudadana. Oportuna resulta entonces la conocida expresión de Lord Hewart en aquel emblemático fallo de 1924: “Justice must not only be done, but must also be seen to be done” (“No solo se debe hacer justicia, sino que se debe demostrar que se hace justicia”).

Citación académica sugerida: Irrazabal, Juan Pablo. La Justicia y el Poder Político en Paraguay: ¿un ataque a la independencia judicial?, Agenda Estado de Derecho, 2021/12/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-justicia-y-el-poder-politico-en-paraguay-un-ataque-a-la-independencia-judicial/

Palabras clave: independencia judicial, juicio político, sistema judicial, Paraguay

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ACERCA DEL AUTOR
Juan Pablo Irrazabal

Abogado, egresado de la Universidad Católica de Asunción (2012). Master of Laws (Bonn, 2019) y Ph.D. Candidat en la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemania. Becario de la Fundación Konrad-Adenauer.

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