En virtud del derecho a la privacidad ninguna persona podrá ser objeto de injerencias ilegales o arbitrarias en su vida privada. Así lo establecen tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17) como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 11), ambos ratificados por México. Si bien el PANAUT plantea una injerencia legal por estar previsto en una ley en sentido formal y material, esto es, la LFTR, dicha injerencia resulta arbitraria. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) ha interpretado en su Observación General No. 16 sobre derecho a la intimidad, que, para que una injerencia en la vida privada no sea considerada arbitraria, no sólo requiere estar prevista en una ley, sino que debe ser compatible con las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto, así como ser razonable en las circunstancias particulares del caso.  

El CDH ha señalado que, cuando una ley autorice una injerencia en la vida privada de las personas, dicha ley deberá especificar con detalle las circunstancias precisas en las que podrá verificarse dicha injerencia. De lo contrario, correría el riesgo de considerarse arbitraria, pues les conferiría a las autoridades estatales una gran discrecionalidad al momento de llevarla a cabo. Y es precisamente en este punto donde el PANAUT queda mal parado.

Si bien el legislador creó el PANAUT para alcanzar bienes colectivos mayores como la seguridad pública y la prevención del delito, la LFTR no específica con detalle las circunstancias precisas de cómo se configurará la injerencia en la vida privada de las y los mexicanos. Lo anterior queda de manifiesto cuando la LFTR solicita, para la conformación del PANAUT, la recolección de “datos biométricos”, sin especificar con exactitud qué tipo de datos biométricos serán recolectados. Esto está lejos de ser una cuestión menor.

Los datos biométricos son sumamente importantes porque revelan ciertas características humanas, las cuales no sólo nos distinguen, sino sirven para identificarnos y autentificarnos. Los más comunes son las huellas dactilares. Los datos biométricos agrupan, no obstante, otro tipo de datos, los cuales suponen una mayor invasión a la privacidad de las personas. Estos podrían ser el iris de los ojos, el rostro de las personas, e, incluso, el ADN. 

A diferencia de las huellas dactilares, todos estos datos biométricos tienen la capacidad de revelar aspectos muy sensibles de nuestra vida privada, tales como nuestro estado de salud, nuestra propensión a desarrollar ciertas enfermedades o conductas, y, en el caso del ADN, nuestros parentescos. La recolección de este tipo de datos personales supone, por ende, una injerencia en la vida privada de las personas. En consecuencia, sólo pueden ser utilizados cuando se cuente con el consentimiento del titular de esos datos, o bien, cuando una ley en sentido formal y material autorice su recolección.

En el caso del PANAUT, la LFTR no nos requiere nuestro consentimiento, sino que nos obliga a entregarle al Estado mexicano, concretamente al IFT, nuestros datos biométricos. El problema radica, no obstante, en que el legislador no especificó qué datos biométricos deberán ser recolectados por el Estado. Tal y como está redactada, la LFTR le ha conferido a la autoridad administrativa, esto es, el IFT, una gran discrecionalidad para decidir qué datos biométricos se integrarán al PANAUT. Esto equivale a una injerencia arbitraria en nuestra vida privada. 

Una autoridad administrativa no debe determinar, a su mero arbitrio, el nivel de injerencia que habremos de resentir en nuestra vida privada al momento de entregarle al Estado datos biométricos. En un sistema democrático, esto lo debe determinar el legislador, pues es quien ostenta la representación popular y, por ende, el único que puede establecer restricciones legítimas al ejercicio de nuestros derechos fundamentales, entre ellos, el de privacidad. Para que la injerencia a nuestra vida privada que supone el PANAUT no sea considerada como arbitraria, el legislador debió haber establecido, con toda precisión, qué tipo de datos biométricos habrán de ser recolectados para la conformación del PANAUT. 

Ahora bien, más allá de los datos biométricos, el PANAUT, en sí mismo, no resulta razonable en una sociedad democrática. No cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad indispensables para restringir los derechos humanos. 

En el debate parlamentario nunca se argumentó por qué México necesita de un registro centralizado, con tantos datos personales (como el nombre, domicilio, línea telefónica, identificación oficial con fotografía y ‘datos biométricos’) para combatir el delito. Tampoco se señaló de qué modo, el brindarle al Estado todos esos detalles sobre nuestra vida privada, le ayudaran a mejorar la seguridad pública y disminuir la criminalidad en el país. 

México cuenta con otros recursos a su alcance para lograr esos mismos objetivos sin que ello implique intervenir en nuestra vida privada. Me parece que conformar una base de datos como la que supone el PANAUT será de muy poca utilidad para mejorar la seguridad pública y sí plantea el riesgo de convertirse en un mecanismo de control y vigilancia del Estado mexicano sobre todas y todos sus ciudadanos.