Entrevista a Hélène Tigroudja sobre el trabajo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su impacto en América Latina y el Caribe
Antes de dar inicio al 136º Período de Sesiones del Comité de Derechos Humanos, el Equipo Editorial de Agenda Estado de Derecho entrevistó en exclusiva a Hélène Tigroudja.
Es doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad de Lille 2, Francia. Académica de la Universidad de Aix-Marseille, de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University Washington College of Law y de la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como experta en reparaciones ante la Corte Penal Internacional. Actualmente es parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Agenda Estado de Derecho (AED)
En junio de este año, Hélène Tigroudja fue reelecta por un segundo período (2023-2026) como parte del Comité de Derechos Humanos. Actualmente, dicho Comité está compuesto de 18 expertos(as) independientes, de los cuales 11 son hombres. ¿Cómo impacta la subrepresentación de mujeres en órganos internacionales?
Hélène Tigroudja (HT)
Es una pregunta muy importante, porque es verdad que en las elecciones a los órganos de la ONU hay un problema de enfoque de género. Actualmente, la situación ha mejorado un poco con las relatorías especiales y los grupos de trabajo, en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, el problema de representación de las mujeres persiste con los órganos de tratados. Las únicas excepciones son el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres y el Comité sobre los Derechos del Niño, lo cual, por cierto, está marcado por un cierto estereotipo de que las mujeres son buenas expertas cuando hablamos de discriminación contra las mujeres o de derechos de la niñez; pero no cuando se trata, por ejemplo, de derechos civiles y políticos, desapariciones forzadas, torturas o de derechos económicos, sociales y culturales.
La pregunta es compleja no solo por lo que ya señalé, sino que también porque junto con el problema de representación de género, muchas veces está la experiencia de que hay mujeres que están en estas posiciones, sin una perspectiva de género. Entonces, el punto es que no solo es importante elegir a mujeres en los órganos de la ONU, sino también elegir a mujeres que tengan una perspectiva de género, esto es, que posean un enfoque acerca de la importancia de tener en cuenta las implicaciones específicas y diferenciadoras para los derechos humanos de las mujeres, ante temas tan variados como la violencia sexual o la participación en el espacio cívico y político.
“Hay que diferenciar la distinción entre representación de las mujeres y representación de las mujeres que tienen una perspectiva de género a la hora de aplicar, garantizar e interpretar los derechos humanos”
AED:
Centrándonos ahora en su rol como parte del Comité de Derechos Humanos, la gran mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe han ratificado tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Protocolo Facultativo del Pacto, ¿Cuál cree que es o son los efectos más importantes de la ratificación de este último instrumento?
HT:
La principal relevancia del Protocolo Facultativo es organizar el procedimiento de comunicaciones individuales. En este sentido, constituye un mecanismo esencial para denunciar violaciones individuales a los derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Teniendo en cuenta este contexto, tenemos decisiones muy importantes que han impactado en la región latinoamericana, gracias a que los Estados han ratificado este Protocolo Facultativo.
Por ejemplo, hay decisiones contra Uruguay que se remontan a los inicios de las actividades del Comité, en los setenta y ochenta, y que constituyeron avances en materia de desapariciones forzadas y lucha contra la impunidad en el país. Recientemente, se ha ido progresando en estándares sobre el mismo tema, con casos contra México: Carlos Moreno Zamora et al. c. México (2019) y Midiam Iricelda Valdez Cantú et al. c. México (2019).
Ahora bien, me parece que el impacto es difícil de analizarlo desde un enfoque general, ya que a veces las decisiones del Comité hacen diferencias ante situaciones concretas. Un ejemplo muy reciente ocurrió en Paraguay.
Hace unas semanas el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, visitó el país y señaló que “el uso desmedido de agrotóxicos en Paraguay está envenenando al país y está afectando la vida y la salud de la gente”. Fue así como, en el marco de esta visita, el relator utilizó como insumo las dos decisiones del Comité de Derechos Humanos en contra de Paraguay: Cáceres et al. v. Paraguay (2019) y Benito Oliveira Pereira et al. v. Paraguay (2021). En este sentido, para explicar el problema estructural que aqueja al Estado paraguayo, el Relator destacó la importancia de implementar las decisiones del Comité y de proteger el derecho a la vida, especialmente de las comunidades indígenas.
Pese a ello, no puedo decir que las decisiones tengan un impacto de tal magnitud como sucede en el caso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí las decisiones del Comité de Derechos Humanos pueden servir para visibilizar problemáticas de derechos humanos en determinados países de la región, tal como ha sucedido en Paraguay y México.
AED.
Muchas veces, da la sensación de que las decisiones del Comité de Derechos Humanos (y de otros órganos de Naciones Unidas) están muy alejadas de la ciudadanía. ¿Cree que eso es así? ¿Cómo mejorar el impacto del trabajo del Comité?
HT:
Es verdad que tanto las decisiones de los órganos de tratados como de los mecanismos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, sufren ese problema. Y es normal, porque trabajamos en Ginebra y hay 167 Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, es algo que se espera que suceda, no podemos conocer la totalidad de la realidad que vive un determinado país y, por tanto, puede dar la impresión de que estamos desarrollando una forma de justicia un poco lejana de la vida cotidiana, de las víctimas y de las personas en general.
Sin embargo, hay un punto que es importante y tiene que ver con el impacto del que hablábamos anteriormente. Es primordial reforzar el efecto transformador que pueden llegar a tener las decisiones que toma el Comité de Derechos Humanos y el trabajo que desempeña este.
En este sentido, un claro ejemplo para lograr aquello es lo que ha venido haciendo una ONG en Ginebra, que ha organizado misiones en terreno para explicar las Observaciones finales —tras el diálogo constructivo desarrollado con el Estado—o las Observaciones generales del Comité. Hace algunos meses fui a Kenia para hablar sobre las Observaciones finales con la sociedad civil, el Poder Judicial, defensores y defensoras de derechos humanos, y periodistas. Estas son instancias relevantes para explicar cómo el trabajo del Comité puede ser utilizado por estos grupos de la sociedad.
Un obstáculo que también se encuentra a la hora de reforzar la difusión del trabajo del Comité es el idioma. Este es un problema porque nosotros trabajamos en inglés, francés y español. Pese a ello, hemos ido avanzando para superar estas barreras. Por ejemplo, tenemos programas de traducción cuando hay decisiones que afectan a ciertas comunidades, como ocurrió en el caso de Paraguay y la lengua guaraní. También es importante poner el foco en las víctimas de determinadas decisiones. Como muestra de ello, encontramos el caso de niños y niñas, instancia en la que es muy importante utilizar un lenguaje sencillo para transmitir correctamente lo que se ha decidido por parte del Comité.
AED.
Podría poner un ejemplo de decisión que haya impactado en la vida de una comunidad en algún lugar?
HT:
Hay muchos ejemplos, pero para mí como mujer, la decisión que tiene el impacto más importante es la de Mellet v. Irlanda (2016), sobre el acceso al aborto. Este dictamen fue adoptado en 2016, época en la que Irlanda tenía una prohibición constitucional con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Como era de esperarse, la situación de las mujeres en el país era muy compleja. Posteriormente, en 2018, se realizó un referéndum constitucional en el que se aprobó permitir que el parlamento irlandés legisle sobre la regulación de la interrupción del embarazo. Finalmente, desde diciembre de 2018 el aborto es legal en Irlanda.
Naturalmente, no puedo decir ni afirmar que el dictamen del Comité de Derechos Humanos fue el motivo principal de la modificación de la Constitución irlandesa —pese a que algunos señalan que sí constituyó un impulso—, pues es claro que existían otros factores internos. Asimismo, se une el gran trabajo de la sociedad civil. Pese a ello, creo —aunque puede que me equivoque—que la decisión del Comité constituyó un fuerte aviso o llamado de atención hacia el Estado de Irlanda, sobre todo porque el dictamen desarrolla amplios estándares con respecto a la discriminación en contra de las mujeres y su relación con el derecho a la vida.
Por ejemplo, en la decisión se señaló que los obstáculos en el acceso al aborto constituyen una forma de tortura y, por tanto, una violación bajo el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, para un Estado democrático como Irlanda, no era bueno tener una decisión de tal calibre, emanada de un órgano de la ONU.
AED:
Un problema que se suele identificar en el trabajo del Comité de Derechos Humanos (así como en otros órganos internacionales) es la carencia de mecanismos de ejecución de las decisiones y, como consecuencia de ello, la falta de carácter vinculante de las resoluciones que “condenan” a los Estados. ¿Cree usted que esto es así en el caso del Comité? ¿Cómo enfrentar este desafío?
HT:
Es verdad, no puedo decir que no es un problema de nuestro Comité. Me parece que cuando se habla de las comunicaciones individuales y la cuestión del impacto, la implementación de las decisiones es uno de los problemas más importantes.
El sistema de Naciones Unidas es muy diferente al sistema ante la Corte Europea de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tenemos un mecanismo de seguimiento muy sofisticado. Cuando la decisión es publicada, el Estado tiene un plazo de seis meses para enviar al Comité información sobre la implementación de la decisión, pero si no tiene tal información o si solo entrega información de carácter parcial sobre las medidas prácticas para implementar la decisión.
“El Comité no tiene herramientas para forzar a un Estado a aplicar las medidas de reparación señaladas en la correspondiente decisión. En consecuencia, no existe un mecanismo de sanción contra un Estado”.
¿Cómo se puede solucionar esto? Me parece que la cuestión central es comunicar y explicar el contenido y alcance de las decisiones y sus reparaciones. En este sentido, un mecanismo central para lograr este objetivo son las misiones en terreno que pueden llevar a cabo el Comité.
Actualmente, por ejemplo, trabajo mucho con la sociedad civil sobre el tema de las decisiones del Comité en contra de Nepal. El Comité tiene una jurisprudencia contra este Estado, relativa a desapariciones forzadas, violencia sexual, trabajo forzado, tortura, etc. Además, se debe tener en cuenta que, en Nepal, existe un proceso de justicia transicional. Entonces, todo el mecanismo resulta muy interesante porque se hace con la sociedad civil y con el Estado. Pues bien, lo central en estos casos ha sido iniciar una discusión de carácter pragmática, que implique transmitir de la mejor manera posible los alcances y la magnitud de las medidas de reparación que dicta el Comité, teniendo en cuenta el rol central que a las víctimas les atañe en estos asuntos.
AED:
¿Cómo valora el diálogo que se da entre el Comité de Derechos Humanos y los Estados latinoamericanos? Al respecto, ¿Cuáles son los retos y desafíos?
HT:
En general, el diálogo con los Estados latinoamericanos es muy constructivo. Por ejemplo, en 2019, el Comité tuvo un diálogo con México. Fue una instancia muy significativa, con amplia participación de la sociedad civil. Pudimos revisar diversas problemáticas sobre distintos temas, como el uso excesivo de la fuerza y la violencia sexual en contra de mujeres y niñas. En ese entonces, recuerdo que la delegación respondió a las preguntas efectuadas por los miembros del Comité, dándose una atmósfera dialógica muy directa y franca, lo que, personalmente, me gusta mucho. Recientemente, el Comité también tuvo un diálogo con Uruguay y Bolivia, dándose esta misma dinámica. Son conversaciones muy importantes porque las misiones y delegaciones tienen en cuenta y le toman el peso a estas instancias de monitoreo internacionales.
Pese a ello hay un Estado, Nicaragua, que en este 136º Período de Sesiones no asistirá al correspondiente examen periódico llevado a cabo por el Comité. Esta no será la primera vez que ello ocurra. Nicaragua tampoco asistió a los Períodos de Sesiones del Comité contra la Tortura (2022), del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2022), y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2021).
En este sentido, para el Comité de Derechos Humanos no es una sorpresa. Ante casos como estos, el procedimiento a seguir es un poco diferente, ya que es un procedimiento de inasistencia, pero abierto a la sociedad civil. De todas formas, el Comité publicará al final de la sesión —como se hace siempre—sus observaciones finales, pero, como he dicho, sin un diálogo constructivo de por medio.
AED:
Recientemente, con el profesor Ludovic Hennebel, publicó el libro The American Convention on Human Rights: A Commentary en la editorial de Oxford University Press. Respecto de la jurisdicción consultiva y contenciosa de la Corte IDH. ¿Qué estándares identificaron, de parte de la jurisprudencia que deberían ser tomados especialmente en consideración por otros órganos internacionales de derechos humanos?
HT:
El enfoque en las víctimas. Me parece que en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, no se aplica de manera tan acentuada, como sí ocurre en la Corte Interamericana, el principio pro personae a la hora de interpretar. Esto se ve reflejado, por ejemplo, al hablar de reparaciones. En el caso de las decisiones del Comité, el párrafo relativo a las reparaciones es uno muy pequeño y de carácter general.
Es una sección de la decisión que no tiene en cuenta la necesidad de ofrecer una reparación adecuada y detallada para las víctimas y sus familiares. Entonces, me parece que la filosofía de la Corte IDH, marcada por la centralidad en las víctimas y en los grupos en situación de vulnerabilidad, ha de ser tomada por el trabajo del Comité de Derechos Humanos. La práctica de la Corte IDH y también de la Comisión Interamericana, es única en el mundo, especialmente al comparar su trabajo con otros órganos de Naciones Unidas y las otras cortes regionales de derechos humanos.
AED:
En un mundo convulsionado como el actual, ¿qué mensaje quisiera envíar a los Estados, la sociedad civil y la academia en el marco de la lucha por la defensa y protección de los derechos humanos?
HT:
Me parece que, transcurrido más de 70 años desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es muy importante recrear y reescribir este tipo de contrato social mundial. Recordemos que su génesis se remonta a la Segunda Guerra Mundial, con este enfoque de dignidad de la persona humana, solidaridad, justicia, etc. Creo que el sentido de estos ideales se ha ido perdiendo y, en tal sentido, es muy importante reimaginar un proyecto para el siglo XXI, que busque la continuidad, la lucha y la protección efectiva de los derechos humanos.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Entrevista a Hélène Tigroudja sobre el trabajo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su impacto en América Latina y el Caribe. Agenda Estado de Derecho. 2022/11/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/entrevista-a-helene-tigroudja/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
