Remedios latinoamericanos: la incorporación de la jurisprudencia interamericana relativa a las reparaciones en la CPI

2 de Julio de 2021
Remedios latinoamericanos: la incorporación de la jurisprudencia interamericana relativa a las reparaciones en la CPI
Crédito foto: Flickr CPI

Un análisis al ejercicio de fertilización cruzada entre la CPI y la Corte IDH en materia de reparaciones a las víctimas. 

El Artículo 75 del Estatuto de Roma (ER) contempla la reparación de las víctimas de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). Su interpretación, de conformidad con el Artículo 21(3) del mismo tratado, debe “ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. En línea con esta norma, la CPI ha incorporado subreglas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a las reparaciones ordenadas en el marco de su competencia. Este artículo ofrecerá una sucinta evaluación de este fenómeno en los casos contra Lubanga y Ntaganda

De conformidad a la Norma 85(a) de las Reglas de Procedimiento y Prueba, las víctimas son: “personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte”. Ellas o sus causahabientes tienen derecho a la reparación integral del daño. Éste, según la Sala de Apelaciones, abarca todo tipo de dolor, lesión y perjuicio de carácter material, físico o psicológico, causado directa o indirectamente, y que haya sido sufrido personalmente a la víctima.

Bajo el numeral (1) del Artículo 75 del ER, las reparaciones deben obedecer a los principios definidos por la CPI. Seguidamente, el numeral (2) establece que las reparaciones deben expresarse en una decisión proferida contra el condenado. La sentencia de apelación en el caso Lubanga aclaró que tales principios son: “conceptos generales que, a pesar de formularse a la luz de las circunstancias de un caso específico, pueden ser objeto de aplicación, adaptación, expansión o adición por futuras Salas de Primera Instancia” (SPI). Por su parte, la orden de reparaciones se refiere a: “las conclusiones, determinaciones y hallazgos de la Sala con base en tales principios”.

Hechas estas aclaraciones, resulta oportuno evaluar la incorporación del precedente interamericano a dos casos hito de reparaciones de la CPI: Lubanga y Ntaganda. Este análisis seguirá la propuesta de Vasiliev, quien considera que el propósito de la fertilización cruzada es robustecer la argumentación jurídica de los tribunales penales internacionales y, por consiguiente, sugiere calificar su validez en clave metodológica. Esto implica indagar acerca de la justificación del recurso a jurisprudencia importada; la correcta interpretación y aplicación de los criterios jurídicos allí desarrollados; la valoración del contexto de las decisiones de otras cortes, y; la adecuación, de ser necesaria, de los criterios jurídicos que éstas desarrollan.

En Lubanga, la SPI-I señaló que acudiría a las decisiones de los tribunales regionales de Derechos Humanos (DDHH) dada su “contribución sustancial” al “avance del derecho individual a un remedio efectivo y a las reparaciones”. Por el contrario, la SPI-VI se abstuvo de justificar su recurso a las sentencias interamericanas en Ntaganda. Si bien puede inferirse que la SPI-VI le atribuyó gran autoridad a la jurisprudencia de la Corte IDH, una mención explícita de las razones para emplearla habría fortalecido su postura.

En ambos casos, la CPI empleó los criterios jurídicos de la Corte IDH como cimiento de sus posturas frente a diversos aspectos de interés para las reparaciones que debía estudiar. 

Así, en Lubanga, la SPI-I citó las sentencias de la Corte IDH para sustentar la presunción de sucesión resarcitoria a favor del cónyuge y los hijos de la víctima; la posibilidad de conceder reparaciones individuales y colectivas concurrentes; el propósito y alcance de la restitución, la compensación, la rehabilitación y la publicación de la sentencia, y; el nexo de causalidad entre las acciones del condenado y el daño a resarcir.

La Sala de Apelaciones confirmó estos aspectos, bien fuera en su fallo o en la orden modificada de reparaciones. Esto indica, según Vasiliev, que el recurso a sentencias de la Corte IDH fue correcto.

De otra parte, la SPI-VI empleó los fallos de la Corte IDH en Ntaganda para complementar los principios reconocidos en Lubanga y reiterados en Al-Mahdi (v. gr. reparaciones proporcionadas, adecuadas y oportunas; responsabilidad individual del condenado; trato equitativo y no discriminatorio de las víctimas; atención especial a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia sexual; transformación de factores estructurales de discriminación, y; reparaciones con enfoque de género). 

En efecto, al amparo de providencias interamericanas, la SPI-VI incorporó el principio de acción sin daño, enfatizando que “la Corte debe prestar particular atención a las víctimas pertenecientes a grupos vulnerables”. Igualmente, ahondó en el enfoque de género al señalar que éste debía integrar consideraciones sobre interseccionalidad. Asimismo, la SPI-VI profundizó en el alcance y la forma de evaluación del daño moral, implantó daños más complejos como la afectación al proyecto de vida, el daño transgeneracional y las afectaciones comunitarias que manan de ciertas violaciones individuales a los DDHH. De otra parte, la SPI-VI aclaró que las reparaciones no pueden enriquecer ni empobrecer a sus beneficiarios y que no tienen carácter punitivo. Finalmente, sostuvo que las reparaciones concedidas por la CPI no eximían al Estado de remediar daños bajo el derecho (inter)nacional.

En lo relativo al contexto jurisprudencial, nada indica que la CPI haya usado los fallos de la Corte IDH selectivamente para validar sus preconcepciones. En cambio, adelantó investigaciones rigurosas: En el caso Lubanga, la SPI-I acudió a 10 providencias cubriendo dos décadas. En el caso Ntaganda, la SPI-VI empleó 30 sentencias producidas a lo largo de 31 años.

Por último, la CPI manifestó comprender que la jurisprudencia de la Corte IDH se enfocaba en responsabilidades estatales, no individuales, pero reconoció que ésta podía ofrecerle “lineamientos útiles” para realizar su labor. De allí que, adoptando un enfoque de Derechos Humanos, empleara los criterios compatibles con la naturaleza de sus procedimientos, sin alterarlos. 

Vale la pena resaltar que dos magistradas del Grupo de países América Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas (GRULAC) participaron en las decisiones estudiadas: Elizabeth Odio Benito y Olga Herrera Carbuccia. En contraste, la orden de reparaciones proferida contra Al-Mahdi por la SPI-VIII, compuesta por magistrados de Filipinas, República Democrática del Congo y Alemania, no contiene referencias directas a la jurisprudencia de la Corte IDH. Esto podría indicar que la procedencia regional de la magistratura incide en la recepción del precedente interamericano por la CPI.

A manera de conclusión, podría considerarse que los dos ejercicios de fertilización cruzada estudiados en este artículo satisfacen, en términos generales, los requisitos metodológicos formulados por Vasiliev para ser considerados “usos” (no “abusos”) de dicha estrategia de fortalecimiento de la argumentación judicial. Ciertamente, las razones por las cuales se acudió a las sentencias de la Corte IDH se formularon expresamente o, cuando menos, quedaron implícitamente sugeridas. Igualmente, el uso de los criterios jurídicos allí contenidos fue correcto, dado que no se fundó en reinterpretaciones de la CPI, sino que los empleó literalmente para dotar de contenido al proceso de reparaciones. Además, la CPI realizó un estudio exhaustivo del precedente interamericano. Finalmente, la CPI sólo injertó criterios jurídicos de la Corte IDH que fuesen compatibles con la naturaleza de su proceso de reparaciones. 

Dado que estas labores parecen haber sido promovidas por magistradas provenientes del GRULAC, este escrito también da cuenta de la importancia de continuar garantizando una participación equitativa de la región en la administración de justicia penal internacional. Asimismo, resalta la necesidad de nominar exclusivamente a los candidatos más calificados a las elecciones judiciales de la CPI. Sólo así se podrá mantener una conversación constructiva entre San José y La Haya.

Citación académica sugerida: Vargas, Niño, Santiago. Remedios latinoamericanos: la incorporación de la jurisprudencia interamericana relativa a las reparaciones en la CPI. Agenda Estado de Derecho, 2021/07/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-incorporacion-de-la-jurisprudencia-interamericana-relativa-a-las-reparaciones-en-la-cpi/

Palabras clave: CPI, Corte IDH, Reparaciones, Fertilización Cruzada, Argumentación Judicial

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Santiago Vargas Niño

Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes y Magíster (Avanzado) en Derecho Internacional Público (cum laude) de la Universidad de Leiden. Se ha desempeñado como profesor de la cátedra en Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Asimismo, cuenta con experiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Corte Penal Internacional. Las opiniones expresadas en este artículo son de carácter eminentemente personal y no representan a ninguna institución.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.