El Artículo 75 del Estatuto de Roma (ER) contempla la reparación de las víctimas de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). Su interpretación, de conformidad con el Artículo 21(3) del mismo tratado, debe “ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. En línea con esta norma, la CPI ha incorporado subreglas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a las reparaciones ordenadas en el marco de su competencia. Este artículo ofrecerá una sucinta evaluación de este fenómeno en los casos contra Lubanga y Ntaganda. 

De conformidad a la Norma 85(a) de las Reglas de Procedimiento y Prueba, las víctimas son: “personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte”. Ellas o sus causahabientes tienen derecho a la reparación integral del daño. Éste, según la Sala de Apelaciones, abarca todo tipo de dolor, lesión y perjuicio de carácter material, físico o psicológico, causado directa o indirectamente, y que haya sido sufrido personalmente a la víctima.

Bajo el numeral (1) del Artículo 75 del ER, las reparaciones deben obedecer a los principios definidos por la CPI. Seguidamente, el numeral (2) establece que las reparaciones deben expresarse en una decisión proferida contra el condenado. La sentencia de apelación en el caso Lubanga aclaró que tales principios son: “conceptos generales que, a pesar de formularse a la luz de las circunstancias de un caso específico, pueden ser objeto de aplicación, adaptación, expansión o adición por futuras Salas de Primera Instancia” (SPI). Por su parte, la orden de reparaciones se refiere a: “las conclusiones, determinaciones y hallazgos de la Sala con base en tales principios”.

Hechas estas aclaraciones, resulta oportuno evaluar la incorporación del precedente interamericano a dos casos hito de reparaciones de la CPI: Lubanga y Ntaganda. Este análisis seguirá la propuesta de Vasiliev, quien considera que el propósito de la fertilización cruzada es robustecer la argumentación jurídica de los tribunales penales internacionales y, por consiguiente, sugiere calificar su validez en clave metodológica. Esto implica indagar acerca de la justificación del recurso a jurisprudencia importada; la correcta interpretación y aplicación de los criterios jurídicos allí desarrollados; la valoración del contexto de las decisiones de otras cortes, y; la adecuación, de ser necesaria, de los criterios jurídicos que éstas desarrollan.

En Lubanga, la SPI-I señaló que acudiría a las decisiones de los tribunales regionales de Derechos Humanos (DDHH) dada su “contribución sustancial” al “avance del derecho individual a un remedio efectivo y a las reparaciones”. Por el contrario, la SPI-VI se abstuvo de justificar su recurso a las sentencias interamericanas en Ntaganda. Si bien puede inferirse que la SPI-VI le atribuyó gran autoridad a la jurisprudencia de la Corte IDH, una mención explícita de las razones para emplearla habría fortalecido su postura.

En ambos casos, la CPI empleó los criterios jurídicos de la Corte IDH como cimiento de sus posturas frente a diversos aspectos de interés para las reparaciones que debía estudiar. 

Así, en Lubanga, la SPI-I citó las sentencias de la Corte IDH para sustentar la presunción de sucesión resarcitoria a favor del cónyuge y los hijos de la víctima; la posibilidad de conceder reparaciones individuales y colectivas concurrentes; el propósito y alcance de la restitución, la compensación, la rehabilitación y la publicación de la sentencia, y; el nexo de causalidad entre las acciones del condenado y el daño a resarcir.

La Sala de Apelaciones confirmó estos aspectos, bien fuera en su fallo o en la orden modificada de reparaciones. Esto indica, según Vasiliev, que el recurso a sentencias de la Corte IDH fue correcto.

De otra parte, la SPI-VI empleó los fallos de la Corte IDH en Ntaganda para complementar los principios reconocidos en Lubanga y reiterados en Al-Mahdi (v. gr. reparaciones proporcionadas, adecuadas y oportunas; responsabilidad individual del condenado; trato equitativo y no discriminatorio de las víctimas; atención especial a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia sexual; transformación de factores estructurales de discriminación, y; reparaciones con enfoque de género). 

En efecto, al amparo de providencias interamericanas, la SPI-VI incorporó el principio de acción sin daño, enfatizando que “la Corte debe prestar particular atención a las víctimas pertenecientes a grupos vulnerables”. Igualmente, ahondó en el enfoque de género al señalar que éste debía integrar consideraciones sobre interseccionalidad. Asimismo, la SPI-VI profundizó en el alcance y la forma de evaluación del daño moral, implantó daños más complejos como la afectación al proyecto de vida, el daño transgeneracional y las afectaciones comunitarias que manan de ciertas violaciones individuales a los DDHH. De otra parte, la SPI-VI aclaró que las reparaciones no pueden enriquecer ni empobrecer a sus beneficiarios y que no tienen carácter punitivo. Finalmente, sostuvo que las reparaciones concedidas por la CPI no eximían al Estado de remediar daños bajo el derecho (inter)nacional.

En lo relativo al contexto jurisprudencial, nada indica que la CPI haya usado los fallos de la Corte IDH selectivamente para validar sus preconcepciones. En cambio, adelantó investigaciones rigurosas: En el caso Lubanga, la SPI-I acudió a 10 providencias cubriendo dos décadas. En el caso Ntaganda, la SPI-VI empleó 30 sentencias producidas a lo largo de 31 años.