En Honduras las mujeres dedican en promedio 3.24 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado en comparación a los 41 minutos que invierten los hombres.

Esta relación desigual ocasiona que las mujeres deban emplear una cantidad mayor de esfuerzo y energía en los trabajos de cuidados, asimismo, disponen de menos tiempo para dedicarse a su formación, organización, educación, empleo y otras actividades relacionadas con su crecimiento personal y profesional, inhibiendo de manera general las posibilidades de poder formar parte de la esfera pública y toma de decisiones dentro del país.

Aunque es innegable que las mujeres se enfrentan a diversas barreras para participar en el ámbito público de la sociedad, este trabajo se centra en las tareas de cuidado por ser uno de los obstáculos menos conocidos, en gran parte debido a la percepción arraigada de las mujeres como cuidadoras por naturaleza.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la carga de trabajo no remunerado que las mujeres experimentan, ha evidenciado la estrecha relación existente entre la distribución desigual de las tareas según el género, la pobreza, los patrones patriarcales y discriminatorios, así como la concentración del poder; elementos que se refuerzan mutuamente, limitando así el pleno disfrute de los derechos de las mujeres y el progreso hacia la igualdad real.

Esta división de tareas según el género y la injusta organización de la responsabilidad del cuidado siguen siendo factores estructurales que contribuyen a la desigualdad en América Latina y el Caribe.

A pesar de que Honduras ha realizado esfuerzos encaminados a cumplir con la obligación de propiciar condiciones y mecanismos para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones, como por ejemplo: La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2000), la Política Nacional de la Mujer – II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 y la Ley Electoral de Honduras (2001), entre otros, estos no han tenido el impacto suficiente ni los resultados esperados, que permitan romper el “techo de cristal” conocido como el “conjunto invisibilizado de mecanismos discriminatorios que impiden o dificultan el acceso de las mujeres a las estructuras de poder político”.

Lo anterior, en aras de garantizar no solo la igualdad formal en el ejercicio y goce de los derechos políticos de las mujeres, si no también generar cambios a largo plazo en la sociedad y la manera en la que las personas organizan sus responsabilidades dentro de los hogares.

Esta situación se puede ver reflejada en las tasas de participación y representación de mujeres hondureñas en la política. Si bien es cierto que en las elecciones del año 2021 las mujeres alcanzaron un mayor grado de representación, este sigue siendo un porcentaje bastante bajo en comparación al de los hombres.

i. A nivel legislativo, 35 mujeres fueron electas en comparación a 93 diputados, es decir, 37.63%.

ii. En el ejecutivo por primera vez una mujer ostenta el cargo de presidenta,

iii. 16 mujeres fueron electas como alcaldesas en comparación a 280 alcaldes, es decir, solo un 5.41% del total de autoridades municipales.

iv. En cuanto a secretarías de Estado, solamente 8 tienen a mujeres como titulares.