Hasta 2018 en Latinoamérica solo se había iniciado el análisis de dos situaciones (Colombia y Honduras) y fueron a motu proprio. El EP de Colombia, iniciado en 2004, continúa y el de Honduras, abierto en 2010, fue cerrado en 2015. Desde entonces, se dieron tres remisiones por parte de Estados latinoamericanos: un grupo conformado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú frente a situaciones en Venezuela (2018), siendo la primera remisión estatal de la situación de otro Estado Parte en la CPI; Venezuela por situaciones en su territorio (2020); y el Estado Plurinacional de Bolivia por hechos en su territorio (2020).

Los informes 2020 de la Fiscalía de la CPI sobre los EP destacan el avance a la fase 3 de Venezuela I, considerando que existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, y el inicio de los análisis en Venezuela II y Bolivia. En el caso de Colombia, la Fiscalía planteó el inicio de un proceso, sin precedentes, de consultas para construir un marco de parámetros referenciales que permitan tener indicadores para determinar si debe abrir una investigación o esperar los procesos de rendición de cuentas nacionales.

Si bien una remisión de un Estado Parte no conduce automáticamente a la apertura de una investigación, sí acelera el proceso pues la decisión de la Fiscalía no requiere revisión judicial. Por esa razón, un primer desafío de la JPI en Latinoamérica es el aumento de las remisiones estatales y la pulsión política de anunciar públicamente la presentación de denuncias ante la CPI, desvalorando su independencia judicial.

Considerar los desafíos que enfrenta la justicia penal internacional es una tarea que debe involucrar a todos los interesados en la permanencia del sistema del Estatuto de Roma. Así, la tendencia a atacarse políticamente a partir de llamados y amenazas ante la CPI debe rechazarse pues expropia la justicia que es para las víctimas, destinatarias de los esfuerzos de la JPI. La denuncia del uso político de la CPI, como reto para los próximos años, no pretende negar los crímenes ni olvidar a las víctimas sino, por el contrario, procurar su centralidad en los procedimientos futuros, sin que ningún actor político se arrogue el éxito del avance o de las decisiones judiciales de la CPI en estos casos. Por ejemplo, en Venezuela las víctimas requieren justicia ahora y después de terminar la dictadura.

El segundo desafío tiene que ver con el aumento de la capacidad de documentación de situaciones relacionadas con la comisión de crímenes internacionales. El conocimiento y la experiencia en la defensa de los derechos humanos debe acompañarse de los criterios para la determinación y prueba de los elementos de los crímenes, así como la documentación e indicación de las responsabilidades. Entonces hay que aumentar el conocimiento público de las reglas de funcionamiento del sistema del ER y de las decisiones judiciales de la Fiscalía y la Corte, así como acompañar el desafío que supone la generación de indicadores de complementariedad, como los que se esperan formular en el caso de Colombia. A esto se suma la permanente exigencia de respuestas de los sistemas nacionales de justicia y la atención a la ausencia de procesamientos genuinos frente a crímenes de competencia de la CPI.

El tercer desafío es la invitación a la Fiscalía para mirar con mayor detenimiento a las víctimas de Latinoamérica: analizando la situación de México y otros países de la región a motu proprio; aumentando la traducción al español de sus actuaciones, incluso analizando el uso del español como idioma oficial; incluyendo en sus informes anuales la información no confidencial remitida por la sociedad civil, permitiendo el contraste de la entregada por los Estados; y produciendo diálogos sobre la no repetición como parte del proceso de complementariedad, de forma que mientras se investigan los crímenes se sumen esfuerzos para evitar su continuidad.

Serán años desafiantes. Los efectos de la pandemia en esta materia están por verse, así como el nombre de la persona que liderará el equipo de la Fiscalía de la CPI, probablemente un nacional de Europa. Mirar a Latinoamérica permite insistir en el compromiso genuino de la región por defender y respetar los principios y valores fijados en el Estatuto de Roma, así como en el propósito de la justicia internacional de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.