Restricción de derechos y retroceso normativo en Chile: Informe CEI 57 y la infancia trans a la luz delos estándares internacionales
27 de Junio de 2025
Un informe parlamentario en Chile busca restringir los derechos de la infancia trans, proponiendo suspender programas de apoyo y desconocer su autonomía. ¿Cómo este retroceso normativo choca con la evidencia científica y los estándares de derechos humanos?
Desde la promulgación de la Ley 21.120, que reconoce y protege el derecho a la identidad de género, se ha debatido extensamente la situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes (NNA) respecto del ejercicio de su autonomía progresiva y el reconocimiento de su vivencia interna e individual del género. La discusión se ha centrado en si los NNA poseen la edad suficiente para discernir en la toma de decisiones relacionadas con su identidad de género y el acceso a los programas de acompañamiento estatales, con independencia de la voluntad de sus progenitores. Asimismo, se ha cuestionado si los programas de acompañamiento tienen efectos nocivos en cuanto al desarrollo integral de los NNA.
El pasado 15 de mayo, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó el Informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) 57 que reunió antecedentes sobre los actos del Gobierno vinculados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincide con su nombre y sexo registral. El informe recomienda la suspensión del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), la derogación de la Circular 812 del Ministerio de Educación –la cual autorizaba el uso del nombre social en las aulas–, modificar la Ley 21.120 para reforzar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos; y, restringir los programas de acompañamiento exclusivamente a intervenciones psicológicas, ajustándose al supuesto “objeto de la ley”: la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto al cambio de nombre y sexo registral. Esta interpretación resulta restrictiva y reduccionista, al desconocer el espíritu de la norma que busca, precisamente, garantizar la vivencia plena y digna de la identidad de género en todos los ámbitos de la vida.
Uno de los principales argumentos de la CEI, para recomendar la suspensión del PAIG es la preocupación por los posibles efectos nocivos de las atenciones endocrinológicas en NNA trans. La CEI cita como principal fundamento el “Informe Cass” fuertemente criticado por la comunidad científica internacional debido a la falta de antecedentes bibliográficos y uso de referencias no actualizadas ni pertinentes, llegando incluso a conclusiones distintas a las que su propia investigación cuantitativa parece indicar.
Lo más complejo es que, pese a los cuestionamientos científicos que rodean al Informe Cass, los diputados que votaron a favor del informe de la CEI 57 ignoran que el mismo informe no recomienda la suspensión total de las intervenciones médicas ni prohibir la transición social o el cierre de las clínicas de género, sino que propende una atención y enfoque holístico e integral que responda a las necesidades particulares de cada NNA en proceso de transición, cuestión que no se lograría eliminando, o suspendiendo, el PAIG en Chile.
El enfoque que presenta la CEI, centrado solo en las posibles repercusiones futuras, ignora por completo los beneficios comprobados del PAIG. Así lo advirtió el representante del Colegio Médico, Dr. Carlos Becerra, durante la sesión N° 7 de la CEI, quien afirmó que no es ético para los profesionales de la salud abstenerse de aplicar tratamientos que han demostrado resultados clínicos positivos. Si bien aún no existen evidencias irrefutables, las guías clínicas de atención sobre disforia de género se asientan en la revisión exhaustiva de 260 estudios, siendo suficientemente sólidas para afianzar la práctica médica.
Basar esta restricción en el “objeto de la ley”, resulta reduccionista, ya que si bien la ley establece un procedimiento de rectificación registral, también reconoce derechos subjetivos de no discriminación y patologización que deben ser garantizados por cualquier órgano y agente del Estado. Limitar el acceso a atenciones de salud integrales a los NNA trans y sus familias, o supeditar su ejercicio a la autorización expresa de sus padres, desconoce el principio de autonomía progresiva y contraviene los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen un acceso igualitario y no discriminatorio a las atenciones de salud para NNA trans.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por la aprobación de políticas públicas y leyes que han restringido el acceso a NNA trans a procedimientos de afirmación de género, como la restricción de bloqueadores de pubertad y la terapia hormonal. Asimismo, ha señalado que estas restricciones constituyen una forma de discriminación estructural y atentan contra los principios fundamentales del Derecho internacional de los derechos humanos como el derecho a la identidad, la no discriminación y el interés superior del niño y su autonomía progresiva. En particular, la CIDH ha instado a los Estados a abstenerse de implementar medidas que obstaculicen el acceso a cuidados médicos afirmativos, señalando que estas normativas perpetúan el estigma y contribuyen a la violencia institucional contra personas trans menores de edad (CIDH, 2023).
En el Informe de la CIDH sobre Personas Trans y Género Diversas y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (2020), se da cuenta de las dificultades a las cuales se enfrentan las personas trans en el ejercicio de su derecho a la salud, particularmente la patologización de sus identidades y la violencia y discriminación en las atenciones. En este marco, la falta de acceso a los procedimientos de afirmación de género generan un impacto severo en los NNA trans, quienes comienzan a tomar consciencia respecto de su identidad de género a temprana edad.
Por su parte el Programa de Naciones Unidas (PNUD) destaca que los tratamientos de afirmación de género en NNA son voluntarios, no obligatorios, ni son requisito para el reconocimiento legal de la identidad de género. La evidencia empírica actualizada demuestra que la importancia del acceso a estos procedimientos genera efectos positivos en la salud de NNA trans, contribuyendo a la disminución de ansiedad, depresión, insatisfacción corporal y, en casos más severos, las autolesiones o ideación suicida. Además, plantea que los bloqueadores puberales, utilizados durante más de dos décadas en el tratamiento de la pubertad precoz, permiten detener temporalmente los cambios físicos asociados a la pubertad, lo que resulta fundamental para aquellos NNA trans que experimentan un proceso de transición, evitando el desarrollo de características sexuales secundarias no deseadas.
Uno de los principales cuestionamientos a los tratamientos de hormonización en NNA trans es la supuesta falta de la madurez necesaria para decidir. Sin embargo, el principio de autonomía progresiva reconoce su capacidad para comprender el significado, beneficios y riesgos de estos procedimientos, por lo que negar la capacidad con base en la edad, constituiría una forma de tutela paternalista, que vulnera su derecho a la identidad, salud e integridad corporal. La participación de representantes legales en los procesos de consentimiento es relevante, pero en casos de conflictos debe primar el interés superior del NNA.
Como en cualquier otra especialidad médica, la posibilidad de mala praxis no puede ser descartada. Sin embargo, esto no justifica la restricción generalizada ni la criminalización de los procedimientos de afirmación de género. Es deber del Estado establecer mecanismos eficaces de prevención, fiscalización, investigación y sanción, respetando el debido proceso y garantizando el derecho a la salud, especialmente cuando estos tratamientos están respaldados por estándares clínicos internacionales y se prescriben bajo estrictos protocolos de evaluación psicosocial y médica.
La prohibición generalizada de programas de acompañamiento psicosocial constituiría una retroceso en el goce efectivo de derechos de un grupo históricamente vulnerado, reforzando las desigualdades estructurales que enfrentan los NNA trans en el acceso a servicios de salud integral. Es obligación de los Estados asegurar el acceso a servicios de salud adecuados y respetuosos de la identidad de género de los NNA, garantizando su participación activa en las decisiones sanitarias que los involucren, conforme a su grado de madurez.
Citación académica sugerida: Seguel, Fernanda y Asencio, Elías. Restricción de derechos y retroceso normativo en Chile: Informe CEI N°57 y la infancia trans bajo los estándares internacionales. Agenda Estado de Derecho. 2025/06/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/informe-cei-57-y-la-infancia-trans-a-la-luz/
Palabras clave: Personas trans, Niñez trans, Identidad de género.
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Directora de Fundación Visibles Chile, Egresada de Derecho Universidad Austral de Chile.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
