El 15 de septiembre de 2021, Guatemala conmemoró el bicentenario de su Independencia de la Corona española. La entonces Capitanía General de Guatemala incluía a los Estados contemporáneos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y –después de una breve incorporación al proyecto imperial de México– llegó a formar la República Federal de Centroamérica en 1824. Después de una Guerra civil entre los liberales y los conversadores, la República se fue desmoronando y el Estado que hoy conocemos como Guatemala se estableció. Por lo tanto, es importante reconocer que las historias de los Estados que pertenecen a la región actual de América Central han sido entrelazadas, durante y después de la colonia española, y Guatemala se ha encontrado en el centro político y administrativo de distintos proyectos de construcción de Estado. 

Varios guerreros indígenas desempeñaron un papel importante en las luchas contra la Corona española en los años previos a la Independencia, incluyendo a Manuel Salvador de la Cruz Tot, Atanasio Tzul, y Lucas Aguilar. A pesar de lo anterior, el Acta de Independencia, suscrita en 1821 sin participación de líderes indígenas, hace referencia únicamente al “pueblo guatemalteco”, ocultando la diferencia étnica y el manto de la igualdad, una idea (liberal) que sigue vigente en el discurso político hasta el día de hoy. Lejos de representar una mejora en la situación de aquellas personas que se habían convertido en “indios” y quienes habían disfrutado de cierto reconocimiento legal en la colonia española, la población indígena se hizo invisible, sus tierras se usurparon por parte del Estado criollo que buscaba extraer minerales, y la continuidad cultural se vio amenazada por instituciones educativas que buscaron eliminar su cultura. En los dos siglos después de la Independencia, la experiencia de los Pueblos Maya, Xinka and Garífuna se ha caracterizado por el despojo de sus tierras por parte de diversos actores que buscan usarlos en el marco de proyectos extractivos, un proceso que en muchas ocasiones se ha acompañado del uso de la fuerza.

La Guerra Civil que duró 30 años (1960 a 1996) cobra una relevancia singular y trágica; durante este periodo, la población maya de Guatemala fue blanco de una política sistemática de masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento y destrucción de sus pueblos. En el marco de los Acuerdos de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico encontró que dichos crímenes constituyeron actos de genocidio y reconoció los orígenes coloniales de la violencia.

El enjuiciamiento de Ríos Montt –reconocido como dictador en Guatemala–, quien fue hallado culpable por cargos de genocidio, es un hecho de gran importancia para los Pueblos Indígenas, aun cuando en última instancia la Corte Constitucional anuló la decisión.  Otro avance relevante fue el enjuiciamiento de un grupo de militares que recibieron sentencias de cárcel de entre 120 y 240 años por la violación y esclavitud sexual de 15 mujeres del Pueblo Maya Q’eqchi. En Agosto 2021, se anunció que dos ex generales del ejército guatemalteco irían a juicio acusados por genocidio. Estas victorias en los tribunales pueden considerarse como un avance considerable de cara al reconocimiento del sufrimiento indígena en Guatemala.

También es importante reconocer que se ha dado un proceso incipiente de multiculturalización del Estado guatemalteco, que inició en 1985 –durante la dictadura militar– con la inclusión de dos artículos en la Constitución Política sobre el derecho a la identidad cultural (art. 58) y la protección de los grupos étnicos (art 66). No obstante, fue el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas, firmado en 1995, el que ofreció el reconocimiento más amplio de la identidad indígena y la discriminación, estableciendo un catálogo de derechos, que incluye: los derechos de las mujeres indígenas, los derechos culturales y los derechos civiles, políticos y sociales –especialmente, el derecho consuetudinario–.

Del mismo modo, el Acuerdo detalla una serie de pasos que debe tomar el gobierno guatemalteco para poder implementar los derechos reconocidos. Ahora bien, en 1999, se rechazó en una consulta popular un grupo de reformas constitucionales –incluyendo el reconocimiento de Guatemala como Estado pluricultural y multi-étnico y el derecho de los pueblos indígenas a sus propias autoridades y derecho consuetudinario–. A pesar de este revés, el Acuerdo dio lugar a una serie de reformas legales que se podrían considerar como garantistas desde la perspectiva de los derechos indígenas, incluyendo tres leyes de descentralización que contemplan la participación indígena en los gobiernos municipales y una serie de medidas para mejorar el acceso a la justicia. También cabe destacar que el Estado guatemalteco ha adoptado varios instrumentos internacionales de gran relevancia, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos  Indígenas, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y la Política de la FAO sobre los pueblos indígenas.

Un tema polémico, que ha dado lugar a considerable movilización social en los últimos años, es el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo con los marcos normativos y jurisprudencia internacionales y regionales, y en sintonía con la experiencia de otros pueblos indígenas en América Latina.  Como observa Lucía Xiloj, actualmente no existe una legislación específica que regule la implementación de los procesos de consulta previa en Guatemala, varias demandas sobre la omisión de la consulta previa se han presentado por parte de líderes indígenas y la Corte Constitucional ha determinado que las consultas deben llevarse a cabo de forma previa a los proyectos extractivos.

La Corte también ha instado al Congreso a proferir una ley para proteger este derecho y se han formulado varios proyectos en ese sentido. No obstante, todos se han rechazado por parte de líderes indígenas debido a la falta de participación de los pueblos en aquellos procesos y un desconocimiento de los estándares internacionales y regionales sobre la materia. Frente a esta laguna legal, las comunidades indígenas han llevado a cabo consultas internas –comunitarias, en el marco de su libre determinación, y municipales, como herramienta para defender su tierra y territorio–.

A pesar de ciertos progresos de cara al reconocimiento de la identidad, la cultura y los derechos de los pueblos indígenas a lo largo de las últimas tres décadas, la violencia en contra de las comunidades indígenas es extendida y los responsables disfrutan de un alto grado de impunidad. Por lo tanto, el progreso limitado a nivel legal se puede considerar como un paso necesario, pero aún insuficiente.

Como observa Lu’K’at Pedro Us Soc en un artículo publicado por la Universidad San Carlos de Guatemala, con referencia a los festejos por el bicentenario de la Independencia, la relación colonial en términos reales ha permanecido en el tiempo, y se refleja en la exclusión, la subordinación, la marginalización y la pobreza experimentada por los pueblos indígenas. En efecto, los festejos del Bicentenario –como ha sido el caso en toda América Latina– usurparon las tradiciones de los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna, reduciéndolas a simple: folklore.

Esta coyuntura podría ofrecer una oportunidad para que el Estado guatemalteco y las organizaciones indígenas reconsideraran y re-estructuraran las relaciones coloniales que siguen sosteniendo los vínculos sociales, económicos y políticos en Guatemala. No obstante, este tipo de conversación sigue sin consolidarse y en recientes meses los líderes indígenas han denunciado el persistente colonialismo interno que padecen.