Numerosas organizaciones han propuesto la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ante las abundantes y serias denuncias de uso ilegal de la fuerza estatal y otros tipos de violencias en el actual Paro Nacional en Colombia. Mientras aumenta diariamente el conteo de graves violaciones de derechos humanos, incluida la violencia sexual y basada en género, la propuesta ha recibido el respaldo de sectores políticos dentro y fuera del país. La pregunta que nos surge es ¿Para qué serviría? 

Un GIEI es un mecanismo ad hoc y temporal de investigación de violaciones de derechos humanos propuesto en cuatro ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante casos emblemáticos por su impacto social (Ayotzinapa y Berta Cáceres), así como frente a situaciones de crisis (Nicaragua y Bolivia) en donde hubo indicios de represión ilegal de la protesta social por parte de fuerzas de seguridad pública. En todos los casos existía falta de confianza en los órganos de justicia nacionales para ofrecer verdad, justicia y reparación oportuna. El mecanismo ha sido aceptado por tres Estados –México, Nicaragua y Bolivia– cediendo al clamor de las víctimas, la ciudadanía y la comunidad internacional. 

Estos mecanismos se conforman con competencias delimitadas y una temporalidad específica. Sus miembros son elegidos por la Comisión y se les da un tiempo para cumplir con su mandato, que puede ser prorrogado. Hasta ahora, se les ha permitido, entre otras, analizar la actuación de las autoridades en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación penal y la reparación de las víctimas. Basados en su expertise y la evidencia disponible pueden recomendar mejoras, proponer alternativas (por ejemplo, el uso de otras tecnologías probatorias, la apertura de otras líneas de investigación, la adopción de modos de tipificación o de atribución de responsabilidad), y sacar sus propias conclusiones. Los Estados se comprometen a darles acceso a los expedientes, recursos y seguridad.

El primer GIEI surge en 2014 en el marco de las medidas cautelares que otorgó la CIDH a raíz de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. La presión social llevó al entonces presidente Peña Nieto a aceptar la asistencia técnica de la CIDH en una reunión con sus familiares. La CIDH eligió a 5 personas expertas y en cuatro meses empezó a funcionar. Luego de un año de trabajo, el Estado consideró que no era necesaria su continuación. El GIEI elaboró dos informes, entre otras, con propuestas de líneas de investigación sustentadas en pruebas científicas (distintas a las de las autoridades) y recomendaciones. Algunas de las imputaciones efectuadas por la administración de justicia del Estado han sido consecuencia directa de su trabajo. Actualmente, permanece un Mecanismo Especial del Asunto Ayotzinapa (MESA) que da seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del GIEI. 

Un segundo GIEI fue creado a raíz de la crisis democrática de 2018 en Nicaragua que inició cuando miles protestaron en las calles contra una reforma pensional y en rechazo a políticas autoritarias del gobierno de Daniel Ortega. La CIDH logró autorización para una visita in situ de cinco días que se llevó a cabo al mes de iniciadas las protestas. Al finalizarla, emitió unas observaciones preliminares en las que constató un patrón de represión de la protesta social. Una de sus recomendaciones fue la creación de un GIEI. Pocos días después, se logró llegar a un acuerdo para establecer un GIEI-Nicaragua e investigar los hechos ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo. La CIDH eligió a 4 personas que iniciaron funciones en julio de ese año y operaron por seis meses. 

El Grupo elaboró un informe en el que constató dicho patrón, la connivencia de las fuerzas policiales con grupos paraestatales así como la negación de justicia, y dio recomendaciones. Una de las conclusiones más relevantes es que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, por lo que solicitó la investigación del Presidente Ortega y los máximos jerarcas de la policía. Como respuesta, el gobierno decidió expulsarlos del país en diciembre de 2018. Para las víctimas, este fue un primer esfuerzo que les acercó a la verdad, y brindó luces de responsabilidades de índole penal internacional. 

El tercer GIEI fue creado por la crisis en Bolivia y las protestas en el contexto del proceso electoral de 2019. La CIDH llevó a cabo una visita y emitió unas observaciones preliminares, recomendando un GIEI.  A los pocos días, la CIDH y el Estado boliviano lograron un acuerdo limitado a los hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. La CIDH anunció su integración desde enero de 2020, pero se instaló hasta noviembre luego de las elecciones. El Grupo se integra por 5 personas, con un plazo de seis meses. A la fecha no se ha hecho público y se espera la publicación del informe para mediados de agosto del presente año.  

Víctimas, sociedades y autoridades nacionales se han beneficiado de los GIEI: 

• En los casos de Ayotzinapa y Nicaragua, lograron probar violaciones a los derechos humanos constitutivas de delitos, identificando inclusive a presuntos responsables de alto perfil. 
• Evidenciaron falencias de los sistemas de investigación criminal y brindaron recomendaciones que trascienden los casos concretos y responden a necesidades específicas y basadas en las mejores prácticas internacionales. 
• En el caso del GIEI-Ayotzinapa se han fortalecido las capacidades de investigadores locales. 
• Estos Grupos han establecido metodologías replicables que toman en cuenta a las víctimas, les han dignificado, y les han servido para establecer canales de comunicación con las autoridades. 

Tomando en cuenta estas experiencias, la creación de un GIEI en Colombia podría ser beneficiosa. Por un lado, si se conforma rápido, puede ayudar a que las investigaciones que se están iniciando -y las que deben abrirse- utilicen desde el principio las mejores técnicas, realicen una adecuada tipificación de los delitos y se llegue a la atribución de responsabilidades en los distintos niveles, lo que redundaría en una justicia más pronta, que a su vez desestimularía que se sigan cometiendo abusos y reduciría la conflictividad social.  

Esto no implica sustituir a las autoridades porque el mecanismo tendría un mandato acotado y, de hecho, trabajaría de la mano con aquellas. No es un secreto que la justicia colombiana continúa enfrentando graves problemas para ofrecer respuestas satisfactorias, entre otros, frente a la violencia sexual y de género, los crímenes contra líderes sociales y excesos de la fuerza pública en la respuesta a la protesta social. 

Por otra parte, frente a las críticas a la independencia del actual gobierno de los órganos de investigación y de control –que preceden al Paro-, un GIEI podría contribuir a reestablecer canales de comunicación con las víctimas y la sociedad civil, dándoles la oportunidad de probar su imparcialidad y restituir la confianza pública. En general, que el gobierno colombiano permita este tipo de asistencia técnica mejoraría el posicionamiento internacional del país –bastante afectado-, con todos los aspectos positivos de ello.

En suma, si hay voluntad y buena fe, la creación de un GIEI en Colombia, tras la visita que realizará la CIDH en estos días, solo supone beneficios para todos los sectores, con la sola excepción de aquellos a quienes la impunidad les conviene. Independencia, confianza, verdad y justicia son algunas de las ganancias que se podrían obtener, además de  reducir el nivel de violencia que solo va en aumento y que es urgentísimo desescalar.