Desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, la gestión migratoria estadounidense se ha radicalizado con la priorización de la expulsión masiva, sin derecho de defensa, de personas migrantes supuestamente “indocumentadas.” Aunque también se ha hecho, según se ha documentado, respecto a personas que contaban con una autorización para permanecer en el territorio estadounidense. El caso más conocido hasta ahora es el de un inmigrante salvadoreño que fue expulsado ignorando la orden judicial que impedía enviarlo a su país de origen porque su seguridad corre peligro allí. Esta situación tiene claros impactos en las personas expulsadas, pero también en distintos países de la región Latinoamericana.

Esas medidas, justificadas con el argumento de la seguridad nacional y en cumplimiento de una promesa de campaña, empezaron a implementarse a partir del 20 de enero de 2025, fecha en la que Trump emitió la Orden Ejecutiva 14159, ”Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”, en la que ordenó, entre otras cosas, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se asegurara de que las personas extranjeras cumplan con su deber de registrarse con el gobierno en cumplimiento con la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) (8 U.S.C. 1302), y garantizara que el no cumplir con este requisito fuera tratado como una prioridad de control de ley civil y penal.

Al ser una parte relevante de dicha Orden la expulsión eficiente de inmigrantes recientes y otros extranjeros, se ordena al DHS  tomar todas las medidas apropiadas,  para aplicar, a su entera discreción, las disposiciones de la INA a las personas extranjeras que se encuentren en territorio estadounidense sin autorización desde al menos dos años atrás. Además, se le autorizó al DHS a tomar con prontitud las medidas apropiadas para usar todas las demás disposiciones de las leyes de inmigración o cualquier otra ley federal, incluidas, aunque no limitadas a las contenidas en la INA, para asegurar la expulsión eficiente y expedita de las personas extranjeras de los Estados Unidos.

Con esa amplia discrecionalidad y holgura de fundamentación en la actuación del DHS, en un primer momento, las expulsiones se hicieron con apoyo de leyes como el Título 42 (que originalmente se utilizó durante la pandemia de COVID-19) para justificar la expulsión acelerada de personas migrantes sin un proceso de audiencia legal adecuado. Posteriormente, se ha utilizado también la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, que permite su aplicación contra grupos extensos de personas no nacionales, sin necesidad de demostrar ningún comportamiento ilícito ni amenaza por parte de las personas no nacionales afectadas, con lo cual, dicha Ley no les concede ninguna oportunidad de presentar pruebas “de su lealtad” a los Estados Unidos (EEUU). Todo esto sin olvidar que se han documentado, hasta ahora, al menos siete muertes de personas migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Ante los claros indicios de arbitrariedad en el desarrollo de estas medidas de expulsión colectiva, se han intentado varias vías judiciales, aunque con poco éxito. Lo que hasta ahora (abril 2025) representa el mayor triunfo jurídico es que el Tribunal Supremo de EEUU ha ordenado al gobierno que suspenda temporalmente las expulsiones amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. Por lo tanto, a nivel interno es evidente que hay aún un largo camino por recorrer en este ámbito.

Pero esa situación no solo afecta a EEUU, ya que impacta directamente en muchos países de Latinoamérica, pues según la Oficina de Estadísticas del DHS, siete de los diez países de origen con mayor número de personas migrantes “indocumentadas”, antes del inicio del segundo gobierno de Trump, eran de Latinoamérica: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Colombia y Brasil. Hasta la fecha no hay cifras públicas del número de personas que efectivamente han sido expulsadas desde enero de 2025, ni de sus nacionalidades, pero para inicios de abril 2025 se informaba por un periódico estadounidense que se habían realizado 113,000 arrestos y más de 100,000 expulsiones.

Por lo que, ante esa realidad, resurgen y nacen nuevos retos de gestión migratoria en América Latina, sin haber tiempo para aplazarlos ni planificarlos como se debería. El más nuevo, es el derivado del hecho de que muchas personas que habían iniciado la ruta migratoria al norte han dado vuelta atrás. Con lo que deshacen el camino andado, arriesgando nuevamente la vida e integridad por los distintos países de tránsito, pero ahora sin la esperanza que les movía y en muchos casos ya sin recursos económicos para volver, ni para pagar las conocidas extorsiones en el camino.

Otro, que ya lleva tiempo ahí, derivado de la situación en la que se encuentran muchas personas que ya estaban en la frontera de México con EEUU o en otras regiones esperando, y que al no poder regresar a sus países de origen por muy diversos motivos, han decidido quedarse ahí, convirtiéndose ahora en “indocumentadas” pero lejos del sueño americano.

Uno más, también con algunos antecedentes, derivado de la recepción de personas expulsadas que no son nacionales del país que les recibe. Por ejemplo, en enero de 2025, México aceptó cuatro vuelos de deportación que trasladaban a 13,455 personas, de las cuales 2,970 no eran originarias de México. No se puede perder de vista que, en el caso de El Salvador, esa recepción reciente ha sido para directamente privarles de libertad.

Pero también, uno de larga historia, que es la situación de sus propios nacionales retornados, cuyos perfiles se conocen poco y no hay medidas adecuadas para recibirles. Esto a pesar de que varios países latinoamericanos han implementado en el pasado programas de repatriación para gestionar el retorno de sus ciudadanos desde EEUU, incluso con el apoyo de organismos internacionales, o que en sus leyes nacionales prevén la figura del retorno. Sin embargo, estos programas que ya eran insuficientes y poco operativos ante casos puntuales, ahora frente al volumen de personas y sin recursos para garantizar una reintegración efectiva son, sin duda, otro de los retos migratorios importantes a los que se enfrenta Latinoamérica.

Y todo esto, sin perder de vista que en la región hay también importantes retos para la movilidad humana derivados de los impactos del cambio climático, la violencia, las violaciones de derechos humanos, las persecuciones políticas, la inestabilidad económica, entre otros. Como importante será tener presente que el Embajador de EEUU ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dejó claro al Secretario General recientemente electo, y demás Estados, que se debe fortalecer la cooperación en la región para poner fin a la migración ilegal.

Si en los próximos meses los países latinoamericanos defienden a sus nacionales en EEUU como a sus productos frente a los aranceles, mostrarían que lo humano aún les importa. Pero sobre todo, el gran desafío actual es que América Latina afronte los retos antes destacados sin replicar en sus políticas migratorias el modelo arbitrario de EEUU, sino uno que, en conjunto fortalezca las capacidades de acogida y garantice los recursos necesarios para brindar asistencia humanitaria adecuada a quien así lo necesite. Solo con políticas comunes, con perspectiva de derechos humanos, se podrá hacer frente desde la región a la realidad que se vive hoy.

Citación académica sugerida: Castilla Juárez, Karlos. ¿Hacia dónde vamos? De las expulsiones colectivas desde los Estados Unidos a los retos migratorios ineludibles para América Latina. Agenda Estado de Derecho. 2025/05/09. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/expulsiones-colectivas-desde-los-estados-unidos/