En su momento, concepciones clásicas del derecho internacional plantearon que el tratamiento a los extranjeros por parte de los Estados constituía un asunto de competencia exclusiva de cada Estado, de política doméstica, y por tanto entregado enteramente a su regulación interna. Sin embargo, el diseño y la implementación de la política migratoria de un Estado no se encuentra al margen del respeto pleno a los compromisos que vinculan a los Estados en el ámbito internacional. El orden internacional no impide a los Estados definir sus políticas migratorias, pero sí ha restringido su ámbito discrecional. De esta manera, hoy por hoy se ha ampliado el ámbito de las competencias regladas, incluyendo el “derecho de expulsión”, y se ha reducido el de las competencias enteramente discrecionales.

De hecho, podemos hablar hoy de un “derecho internacional migratorio”, como estatuto jurídico que aborda desde aspectos más generales a más específicos, distintas dimensiones de la migración tanto a nivel global, regional o bilateral. Autores como Perrouchoud, en la obra Foundations of International Migration Law, han identificado, por lo menos, cuarenta tratados internacionales que abordan no sólo instrumentos de derechos humanos, sino que también derecho internacional de los refugiados, derecho internacional laboral, derecho internacional comercial, derecho internacional marítimo y del aire, derecho internacional penal, derecho internacional diplomático y consular, y derecho internacional de la nacionalidad.

La jurisprudencia interamericana, por ejemplo, ha dado varios pasos hacia la reducción del nivel de discrecionalidad de los Estados en materia migratoria, por medio del establecimiento de diversos estándares aplicados tanto a la admisión, la permanencia, la residencia y la expulsión o deportación de personas migrantes. También ha sido el caso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En fallos como Rodrigues Da Silva y Hoogkamer v. Países Bajos, el Tribunal Europeo ha señalado que a la potestad expulsora de los Estados le están impuestos límites, a efectos de “equilibrar el interés público e individual en el seno de la sociedad democrática”. En fallos como Nadege Dorzema y otros v. República Dominicana, la Corte Interamericana ha resuelto que las medidas de expulsión o deportación, al requerir la privación de libertad de la persona y tener un carácter punitivo sancionatorio, no están ajenas al cumplimiento de las normas del debido proceso. Otros casos emblemáticos en materia de derechos de quienes migran, como el de la Familia Pacheco Tineo v. Bolivia, o Vélez Loor v. Panamá, han sido igualmente relevantes en el establecimiento de estándares relativos a la garantía del derecho a defensa de las personas deportadas, y su derecho a ser notificadas de la decisión de expulsión y sus motivos, debiendo ser oídas por la autoridad competente con el objeto de exponer las razones que le asisten en contra de la medida.

Todas estas consideraciones nos permiten arribar a algunas conclusiones. Es imposible desconocer las competencias soberanas de los Estados para controlar el desplazamiento de personas a través de sus fronteras. De hecho, hay muchas razones de interés público que demandan del Estado un eficaz ejercicio de aquellas, a la hora de resolver acerca del ingreso, la permanencia, la residencia o salida forzosa de ciertas personas del territorio de un país. Es decir, claramente existe un “derecho a deportar” por parte de los Estados (o si se prefiere, una “potestad expulsiva”). Sin embargo, ello no obsta a que el ejercicio de dicha potestad no pueda realizarse de manera puramente discrecional, estando reglado por el derecho internacional de distintos modos, particularmente a través del derecho internacional convencional y las interpretaciones vinculantes que de los tratados realizan los organismos de control de la vigencia de los mismos.