Es esencial recordar que el 28 de junio de 2009, Honduras sufrió un golpe de Estado en el que el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, asumió la Presidencia de la República en sustitución de Manuel Zelaya Rosales, quien fue enviado al exilio en Costa Rica. En julio de 2011, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional emitió el informe titulado: Para que los hechos no se repitan, en el que no dudó en calificar lo ocurrido el 28 de junio de 2009 como un “golpe de Estado”. Tras casi trece años de este suceso, no queda duda de que así fue, pero en ese momento hubo sectores que atenuaron los acontecimientos calificándolos como “sucesión presidencial”.

Se rompió el orden constitucional, pero la Constitución continuó aplicándose, se celebraron elecciones en noviembre de ese año, y en enero de 2010 asumió el poder político el Partido Nacional, liderado por Porfirio Lobo Sosa, quién suscribió un acuerdo con liderazgos del Partido Liberal, el Partido Unificación Democrática y el Partido Demócrata Cristiano, para promover un Gobierno de unidad y reconciliación nacional, que se tradujo en la integración de representantes de diferentes partidos políticos en el Poder Ejecutivo.

Lobo era el presidente de la República, pero el protagonismo lo tomó Juan Orlando Hernández, dirigiendo el Poder Legislativo entre 2010-2014. A partir de este período, Hernández continuó su ascenso en el poder político, alcanzó la Presidencia de la República en 2014 y extendió su influencia en el Congreso Nacional (CN) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Desde entonces y hasta enero de 2022, se produjeron reformas constitucionales, decisiones de la CSJ y otros hechos que se describen a continuación y que profundizaron el debilitamiento del Estado de derecho.

Por ejemplo, el 19 de enero de 2011, el CN aprobó las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) con el objetivo de captar inversión nacional y extranjera, pero en detrimento de la soberanía nacional, la forma de Gobierno y el territorio, figuras que forman parte de disposiciones irreformables de la Constitución. El artículo 374 de la Constitución establece que en ningún caso se podrán reformar los artículos referidos a la forma de gobierno, el territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República y el referente a quienes no pueden ser presidentes de la República en el período presidencial siguiente.  Por este motivo, la CSJ declaró la inconstitucionalidad de las RED el 12 de octubre de 2012.

Curiosamente, los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ que votaron a favor de la inconstitucionalidad de las RED, fueron destituidos el 12 de diciembre de 2012 por el CN presidido por Hernández. Unas semanas después de esta destitución, se aprobó una reforma constitucional para crear las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), con características semejantes a las de las RED. En este caso, una Sala de lo Constitucional recompuesta por el CN presidido por Hernández, declaró la constitucionalidad de las ZEDE el 16 de mayo de 2014, aún y cuando trastocó artículos constitucionales irreformables. 

La reforma que creó la figura de las ZEDE, expresamente modificó el artículo 294 referido al territorio nacional y afectó disposiciones relativas a la forma de gobierno y la capacidad del Estado de ejercer su soberanía en todo el territorio nacional. Las ZEDE dispondrían de un sistema de salud, seguridad, educación y seguridad social propio. A la vez, tendrían un sistema de justicia que opera con base al derecho anglosajón, en contraste al sistema de derecho civil que funciona a nivel nacional.

Cuatro años después de que Hernández fuera reelecto, Xiomara Castro asumió la Presidencia de la República con el respaldo de 1,716,793 votos (51.12%), el número más alto en la historia democrática del país. Esta victoria supuso la salida del poder de Hernández, que semanas después de haber dejado el cargo, fue solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas. Después de que un juez de primera instancia declaró con lugar la solicitud de extradición, la defensa de Hernández presentó un recurso de apelación ante la CSJ. Sin embargo, la Corte declaró sin lugar el recurso de apelación y ratificó la extradición de Hernández el pasado 28 de marzo de 2022, quien fue entregado a la justicia norteamericana.

Previo al traspaso de mando presidencial, hubo dos hechos que dan cuenta de cómo el debilitamiento del Estado de derecho extendió sus efectos durante la transición de poder. La Constitución prevé que el 21 de enero el CN deberá reunirse para elegir una Junta Directiva (JD) provisional, conformada por un presidente, vicepresidente y secretario. Dos días después, el CN deberá elegir una JD en propiedad. La elección de las autoridades del CN desembocó en una crisis constitucional, dos JD fueron juramentadas, una respaldada por la entonces presidenta electa Xiomara Castro, y la otra, presidida por un diputado del Partido Libertad y Refundación (el partido político de Castro), pero con el respaldo del Partido Nacional y el Partido Liberal, los otros dos partidos políticos mayoritarios.

La Constitución establece que el presidente del Congreso Nacional debe recibir la promesa de ley de la persona que asume la Presidencia de la República en la inauguración del período presidencial, en su defecto, el presidente de la CSJ debe realizar la juramentación, y, por último, cualquier juez de Letras o de Paz de la República. Castro presentó formalmente la promesa de ley frente a una jueza de Paz. La crisis en el CN se resolvió hasta el 7 de febrero con un acuerdo político suscrito entre Jorge Calix, el diputado del Partido Libre que fue juramentado en una de las JD, y Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libre. La negociación política se sobrepuso al procedimiento constitucional.

¿Cuál es la relevancia de todos estos hechos para plantear la redacción de una nueva Constitución? Después del golpe de Estado, que en sí mismo es una violación del orden constitucional, la normalización de la situación política conllevó la integración de fuerzas políticas en los poderes del Estado. El posicionamiento del Partido Nacional en el poder, y la complicidad de otras fuerzas políticas, permitió que se tomarán decisiones como las RED, ZEDE, la reelección presidencial, la destitución de magistrados de la CSJ y la captura del Estado en manos de liderazgos políticos vinculados con el narcotráfico. Esto se tradujo en la vulneración de los valores protegidos por los artículos irreformables del texto constitucional mencionado, en especial los de la forma de gobierno, la independencia de poderes, la alternancia en el poder y la integridad del territorio nacional.

En caso de que se plantee un proceso constituyente a mediano o largo plazo, desmontar el diseño autoritario que dejó Hernández requeriría de una reforma estructural del sistema político que no se agotaría en revertir reformas constitucionales como la de las ZEDE. También se necesitaría revisar un catálogo de legislación secundaria y un especial rigor en los perfiles de los ciudadanos seleccionados para integrar la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, la elección de las autoridades de ambas instituciones se llevará a cabo en el 2023.

Indudablemente, el Congreso Nacional es la piedra angular para esa reforma estructural, sin embargo, el Partido Nacional seguirá teniendo un papel importante en las negociaciones, considerando que cuenta con 44 congresistas. Para aprobar una reforma constitucional o elegir a un alto funcionario se requieren 86 votos, es decir, por lo menos 2 congresistas del Partido Nacional tendrían que votar en favor de iniciativas de esta naturaleza. Este partido se ha caracterizado por la disciplina de sus congresistas para emitir votaciones en bloque.  

En los diferentes niveles del sistema político y legal persiste un legado con rasgos autoritarios. ¿Cómo revertir esta estructura? La alternancia en el poder fue importante, pero no es suficiente. Por tal razón, se requiere una nueva Constitución, siempre y cuando la integración de una eventual Convención Constitucional traiga consigo la renovación de liderazgos políticos que den paso a un sistema democrático fresco y la construcción de una cultura política en la que el respeto de los valores constitucionales predomine al momento de tomar decisiones.