El colapso de los arrecifes de coral de aguas cálidas: una crisis ambiental y de derechos humanos que requiere acciones urgentes
5 de Noviembre de 2025
El artículo aborda el colapso de los arrecifes de coral como una crisis ecológica y de derechos humanos, destacando las obligaciones estatales derivadas del derecho internacional para proteger ecosistemas vulnerables ante el cambio climático.
Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más valiosos y bellos del planeta, pero también uno de los más amenazados. Su pérdida no sólo representa una tragedia ecológica, también constituye una crisis de derechos humanos. Estos ecosistemas son vitales para el bienestar de alrededor de casi mil millones de personas, ya que proporcionan alimento, protección costera frente a inundaciones, ciclones y otros eventos extremos, además de ingresos económicos a través del turismo. En ese sentido, son fundamentales para el goce de una serie de derechos humanos (alimentación, trabajo, vivienda y propiedad).
A nivel ecológico, son el pilar del equilibrio oceánico, al sustentar cerca de una cuarta parte de la biodiversidad marina, por lo que su afectación también podría suponer una lesión al derecho de todas las personas a un ambiente sano, incluyendo a las generaciones futuras. El principal desafío que enfrentan los corales es el calentamiento global. El aumento de la temperatura del mar provoca que los corales se blanqueen, un proceso que ocurre cuando expulsan las algas simbióticas (zooxantelas) que les proporcionan nutrientes, oxígeno y sus característicos colores vibrantes.
Aunque los corales pueden sobrevivir a un evento de blanqueamiento, quedan debilitados y son más vulnerables a enfermedades. Si las olas de calor marinas se prolongan o repiten con frecuencia, mueren masivamente. Como resultado, y pese a su enorme valor ecológico y social, los arrecifes están sufriendo una mortalidad sin precedentes. El cuarto evento de blanqueamiento global registrado entre 2023 y 2025 ha sido el más grave hasta la fecha, ya que se estima que ha afectado a más del 84% de los ecosistemas coralinos del planeta.
Esta situación ha llegado a un punto de inflexión irreversible, y requiere acciones urgentes. La buena noticia es que el derecho internacional tiene las herramientas para exigir responsabilidades y forzar un cambio real.
El pasado 12 de octubre, el informe Global Tipping Points 2025 publicado por la University of Exeter junto a una red internacional de científicos, reveló que la desaparición masiva de los arrecifes de coral de aguas cálidas constituye el primer “punto de no retorno” (o punto de inflexión) que alcanza el sistema terrestre.
Este concepto describe un umbral crítico que, una vez traspasado, conduce a cambios profundos e irreversibles. El informe concluye que, ya con un calentamiento global de 1,4 °C, los arrecifes de coral tropicales han cruzado su punto de inflexión térmica —estimado en torno a 1,2 °C— y están experimentando una muerte sin precedentes.
Aun así, el informe sostiene que la magnitud del daño podría reducirse si se lograra disminuir el calentamiento a menos de 1,2 °C e, incluso, revertirlo hacia 1 °C por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, advierte que este escenario es altamente improbable, considerando que el mundo se dirige a superar los 1,5 °C en los próximos 10 años y los 2 °C antes de final de siglo.
Además de una transición inmediata y justa, lejos de los combustibles fósiles, el informe recomienda reducir los factores de estrés no climáticos —como la sobrepesca y la contaminación—, con el fin de aumentar la resiliencia de los corales. También urge a los Estados a elaborar evaluaciones de riesgo y políticas específicas para afrontar el impacto ecológico y social derivado de los arrecifes degradados o disfuncionales.
Frente a esta “nueva realidad”, los Estados deben actuar con debida diligencia reforzada y cumplir las obligaciones internacionales que han asumido en los distintos regímenes del derecho internacional que convergen en este desafío: el derecho del mar, el régimen climático y el derecho internacional de los derechos humanos. Este cumplimiento debe realizarse de forma coherente y articulada, considerando el panorama completo de obligaciones para asegurar respuestas congruentes y eficaces.
En sus recientes Opiniones Consultivas sobre cambio climático, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) interpretaron las obligaciones estatales en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho internacional público en general, respectivamente, en el contexto de la crisis climática. Las tres decisiones coinciden en un punto central: los Estados deben actuar con urgencia para enfrentar el cambio climático, tanto en sus causas como en sus consecuencias.
En particular, el TIDM abordó el “nexo océano-clima” y subrayó el alto riesgo que enfrentan los corales frente a las olas de calor marinas (párr. 62). Determinó que la CONVEMAR impone a los Estados el deber de proteger y preservar los ecosistemas “raros o vulnerables” frente a los impactos del cambio climático, incluido el aumento de la temperatura del mar (párrs. 400 y 406). Dado que los arrecifes de coral tropicales se encuentran entre los ecosistemas más frágiles, los Estados deben -como mínimo- adoptar e implementar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y estrategias de adaptación destinadas a fortalecer su resiliencia (párrs. 391 y 405), como la creación de áreas marinas protegidas con refugios térmicos y programas de restauración coralina.
La Corte IDH, por su parte, también reconoció la gravedad de los eventos de blanqueamiento masivo calificándolos como una amenaza “particularmente grave”, dada la función esencial de los corales para los ecosistemas y las comunidades humanas (párrs. 79 y 80). En su Opinión Consultiva sobre Cambio Climático, la Corte interpretó que del derecho humano a un ambiente sano se desprende la obligación de proteger prioritariamente los ecosistemas que el IPCC ha identificado como particularmente vulnerables al cambio climático, entre ellos los arrecifes de coral (párr. 366). Además, estableció que los Estados deben incorporar en sus planes nacionales de adaptación medidas efectivas para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia no sólo de las personas y comunidades, sino también de los ecosistemas (párr. 385).
Cumplir con estas obligaciones exige actuar con debida diligencia reforzada, utilizando los mejores esfuerzos y los máximos recursos disponibles para prevenir riesgos, en este caso, los asociados al colapso de los corales de aguas cálidas. Este estándar se determina caso por caso, pero las Opiniones Consultivas ofrecen criterios objetivos sobre su alcance en el contexto climático. En todo caso, cuando el riesgo es elevado, las acciones preventivas deben reflejar esa gravedad y urgencia.
Por ello, resulta imperativo que los Estados implementen sin demora las medidas necesarias para reducir la temperatura global, fortalecer la resiliencia coralina y evaluar los riesgos humanos y sociales vinculados a esta crisis. Estas acciones deben realizarse con la participación activa de las comunidades costeras, que son las primeras afectadas por la pérdida de estos ecosistemas.
El colapso de los arrecifes de coral no es sólo un problema ambiental, sino un llamado de alerta sobre la interdependencia entre el océano, el clima y los derechos humanos. Protegerlos es, en última instancia, proteger la vida misma.
Citación académica sugerida: Oviedo Rodríguez, Natalia. El colapso de los arrecifes de coral de aguas cálidas: una crisis ambiental y de derechos humanos que requiere acciones urgentes. Agenda Estado de Derecho, 2025/11/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-colapso-de-los-arrecifes-de-coral-de-aguas-calidas/
Palabras claves: Emergencia climática; Arrecifes de coral; Derecho Internacional
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Máster en Derecho Internacional por la Universidad Pompeu Fabra. Abogada especializada en Derecho Internacional Ambiental y Derechos Humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
