Nicaragua es un país que ha sido constantemente golpeado por la violencia política. En poco más de cuarenta años, su población ha sufrido constantemente las consecuencias de complicados episodios políticos con casi ninguna referencia a sus víctimas. Desde la guerra de agresión vivida casi inmediatamente desde que la Revolución asumió el poder, hasta los hechos de la explosión civil de abril de 2018 se puede constatar un país cuya violencia aparece y reaparece con una potencia inexplicable.

A diferencia de todos los países de la región latinoamericana que han sido azotados por dictaduras o procesos autoritarios, Nicaragua es un caso excepcional en cuanto al abordaje de su pasado, pues es el único que no aplicó ninguna de las hoy ya consolidadas medidas de justicia transicional que podrían estar centradas en las víctimas, su dignidad o la búsqueda de la verdad; entre ellas, comisiones de esclarecimiento, investigaciones judiciales, reformas institucionales o planes integrales de reparación. Esta ausencia, por ejemplo, puede verificarse respecto de las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por las partes en pugna en la guerra de la década de los 80. Al contrario, el gobierno de transición, fiel a las prácticas políticas históricas, aplicó sendas leyes de amnistía para olvidar, perdonar el pasado y, aparentemente, reconciliar a los nicaragüenses. 

Si bien varios países de la región también aplicaron este tipo de medidas exculpatorias, aun después de haber juzgado a los responsables de etapas represivas precedentes, como el caso argentino con sus leyes de obediencia debida y punto final, recientemente la presión de los movimientos de derechos humanos, los cambios en el derecho internacional y la relevancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han permitido derogar leyes atingentes, reabrir casos y considerar la imprescriptibilidad de los crímenes relacionados con graves violaciones de derechos humanos. En el caso nicaragüense, no sólo no se ha podido avanzar en este sentido, pues en 2019 volvió a aprobar otra ley de amnistía, sino que tampoco se ha podido progresar en cualquier medida que controvierta el pasado de violencia ni previo a 1990 ni con relación a 2018.

Los hechos de abril de 2018, que según las cifras de la CIDH han provocado la ejecución de 328 personas, están directamente conectados con esa política de perdón y olvido, establecida como discurso y práctica oficial del Estado desde 1990 –que, para ese entonces, se llamó de “reconciliación”– y que está más asociada con la pacificación en el posconflicto y alejada de la perspectivas de las víctimas y su pasado.

Los autores como Vannini, Oettler o Sprenkels que han estudiado el particular caso nicaragüense , coinciden en que el Estado ha impuesto una política de “olvido forzado” de casi todo su pasado, pero, sobre todo, respecto de los hechos de los últimos 40 años. Este olvido forzado tiene dos grandes implicaciones. Por un lado, ha consumado un desconocimiento latente del derecho a la verdad, tanto en su faceta individual –es decir, el derecho de las víctimas directas e indirectas a conocer móviles, responsables y contexto del hecho victimizante–, como de la colectiva –esto es, el derecho de la sociedad a conocer las causas, escenarios de victimización y consecuencias en la población, como presupuesto necesario para la no repetición– tal y como ha sido reconocido por la Corte IDH, la CIDH y otros órganos internacionales.

Y, por otro lado, puede ayudar a explicar la profundidad de los hechos represivos de abril y sus principales dinámicas hoy en pleno desarrollo. Como en su momento lo destacó el Relator de las Naciones Unidas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, los procesos de búsqueda de la verdad constituyen verdaderos catalizadores de procesos de organización de la sociedad civil que no sólo mantienen viva la memoria, sino que también favorecen espacios de profundas reflexiones. 

Así pues, en primer lugar, el Estado nicaragüense al renunciar al tratamiento de su convulsa herencia de violencia política, dio lugar a un enorme hueco reflexivo y crítico de por qué el país está tan constantemente cada cierto tiempo inmerso en los fratricidios. Es decir, el olvido ha implicado la ausencia de un papel activo en la creación de políticas de la memoria en la sociedad. En este sentido, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su informe acerca de los hechos violentos de 2018 remarcó que “es necesario detenerse sobre lo sucedido y emprender una reflexión social para entender no solamente las causas inmediatas sino también las profundas de los recientes actos de violencia” y que “solamente de esta manera se podrá romper el ciclo de crisis políticas, conflictos armados internos, dictaduras y violaciones masivas y/o sistemáticas a los derechos humanos que Nicaragua vive de manera repetida en su historia reciente” (Informe GIEI, 2018, p. 335).

Esta deuda de gestión activa del pasado violento desde 1990, ha restringido a la democracia nicaragüense de grandes oportunidades para su consolidación eficaz. Sin una discusión social proactiva de las responsabilidades políticas de, por ejemplo, los errores de la revolución, la sociedad nicaragüense no ha tenido la oportunidad de exigir con herramientas o repertorios concretos a sus élites políticas nuevas reglas del juego para las dinámicas institucionales y las componendas políticas. Así, al no poder profundizar como política de Estado el rechazo hacia la violencia política, las élites han guardado a aquella como una opción posible que debe activarse cuando sea necesario (sobre las élites en Nicaragua véase los ensayos de Acuña y Monte, en Anhelos de un nuevo horizonte, 2020).

Por ejemplo, el Frente Sandinista, en su carácter de espacio político, al no haber sido debidamente cuestionado por sus errores en la revolución, nunca ejerció ni fue sometido a un proceso real de reflexión sobre su predisposición recurrente hacia la violencia como instrumento de presión en los tiempos en los que fue oposición. Sin comisiones de la verdad ni investigaciones patrocinadas por el Estado, los nicaragüenses -y este es otro efecto de la ausencia del abordaje del pasado de violencia- no han tenido la posibilidad de dimensionar no sólo las responsabilidades de los políticos en los acontecimientos violentos sino las graves consecuencias en la propia sociedad previa a 2018.

Así las cosas, con élites predispuestas hacia la violencia incuestionada, la represión gubernamental de abril es un efecto y una responsabilidad directa del propio Estado nicaragüense no sólo por su participación protagónica en las graves e inexplicables violaciones de derechos humanos y sus profundas consecuencias en todos los sectores sociales, sino principalmente por haber abdicado de su capacidad preventiva para poder evitar que una sociedad supuestamente organizada democráticamente fuera sometida a tan insondables patrones de crueldad ante su silencio y su discurso ininterrumpido de perdón y reconciliación que asumió, a pesar de las supuestas distancias ideológicas, tanto el gobierno transicional de Chamorro -neoliberal- como el del propio Ortega -de izquierda- en el poder desde 2007.

Nicaragua está asistiendo a las consecuencias de las democracias que nacen amnésicas y crecen así, pues más allá de la justicia y la propia existencia de comisiones de la verdad, está ante el deber de la memoria como responsabilidad ética y que le corresponde al Estado, para que hechos de violencia tan incorporados en los imaginarios y las prácticas políticas y sociales no se repitan más. Si no, ¿cómo podría explicarse que miles de nicaragüenses que forman parte de la militancia del partido en el poder se hayan sumado al aplastamiento gubernamental de las protestas cívicas de abril con conductas que fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad? La respuesta está siempre en la ausencia de abordaje del pasado violento y en el deber activo que todo Estado debe asumir respecto de este.

De cara al futuro, y a diferencia de 1990, hoy en día se cuenta con un concierto consolidado de viejas y nuevas expresiones organizadas de la sociedad que sostienen la necesidad de no más olvido y de una vez saldar las angustiantes y acumuladas responsabilidades de la violencia que siempre vuelve, calando en la conciencia popular eficazmente. Una prueba de esta conciencia y el deseo del pueblo por asumir su pasado es el hecho de que la explosión de abril la protagonizó una juventud que rechazó, contrario a las fuerzas estatales y paraestatales, las viejas consignas sacrificiales de justificación de morir por la lucha (“patria libre o morir”) y transitó a un nuevo imperativo ético por la vida que estamos seguros cambiará profundamente las lógicas políticas: patria libre y vivir.

¿Cómo abordará un nuevo gobierno el pasado violento y por dónde empezará? Creemos que pedir perdón en nombre del Estado debe ser el primer acto del gobierno transicional, un perdón que con seguridad representará el inicio de un largo proceso, no ausente de complejidades y tensiones, pero que permitirá a Nicaragua reincorporarse en el sendero de la democratización que tanto se ha ralentizado en los últimos años. Una democratización con memoria y con justicia, esa que hizo falta en 1990, nos llevará a construir la conciencia colectiva por los derechos y la dignidad de los otros para que nunca más haya represión estatal ni sectores civiles involucrados en hechos tan incompatibles con los derechos humanos.