En cuanto a las reparaciones, la Corte Interamericana ordenó continuar con las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de Digna Ochoa; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; la creación de un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará su nombre y el diseño e implementación de una campaña para reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Además, entre las medidas de no repetición, destaca la creación e implementación de un “Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en el Procedimiento Penal”.

La sentencia del caso de Digna Ochoa es trascendental en un país en donde las personas defensoras de derechos humanos viven bajo amenazas y hostigamientos de todo tipo, y los asesinatos cometidos contra ellas ocurren ordinariamente, y en completa impunidad. Es un llamado a las autoridades para adoptar medidas que contribuyan a garantizar el derecho de acceso a la justicia para las personas defensoras, y concretamente, actuar con debida diligencia en la investigación y juzgamiento de ataques dirigidos contra estas personas.

En este sentido, resulta peculiar que se haya ordenado que el Ejecutivo Federal “Elabor[e], present[e] e impuls[e] una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales.” (Párr. 177.6) Lo anterior obliga al Ejecutivo a impulsar un cambio de la Carta Magna en un plazo de dos años.

Han sido pocos los casos en donde la Corte IDH ha ordenado directamente una reforma constitucional y esto, por lo regular, se ha dado cuando existe una clara contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), tal como sucedió, por ejemplo, en el caso Olmedo Bustos (La última tentación de Cristo) Vs. Chile en materia de libertad de expresión.

En el caso Digna Ochoa, si bien no existe por sí misma una contradicción entre la CADH y la Constitución Mexicana, se ordena promover el cambio constitucional mencionado con el fin de fortalecer a los servicios periciales, lo que representa, sin duda, el incipiente surgimiento de un estándar internacional en esta materia. A su vez, el hecho de que una sentencia internacional ordene una posible reforma constitucional, es algo trascendental a partir del valor casi intocable que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha otorgado a las restricciones a los derechos presentes en la misma desde la ya célebre Contradicción de Tesis 293/2011.

Igualmente, la sentencia es importante por el hecho de que en dos casos pendientes de resolución en la Corte IDH –Caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, y Caso Tzompaxtle Tecpile y otros– se está cuestionando la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, instituciones presentes en la Constitución Mexicana en sus artículos 19 y 16 respectivamente. Sin duda, lo resuelto en el caso Digna Ochoa es un precedente importante en el eventual debate tanto en el fondo como en las posibles medidas de reparación de ambos asuntos.

En la supervisión de cumplimiento de la sentencia o en una posible solicitud de interpretación, sin duda será objeto de discusión el alcance del verbo “impulsar” en una medida de reparación adoptada en un formato inédito. Una interpretación demasiado amplia bien podría terminar en ningún cambio, mientras que una muy estricta llevaría a que se concluyera el proceso de reforma rápidamente. Igualmente, cabría preguntarse si este deber corresponde exclusivamente al Ejecutivo o al resto del Estado Mexicano considerando que en el punto resolutivo 18 de la sentencia se menciona la participación del Estado y no sólo del Ejecutivo. En el Sistema Interamericano cuando la Corte IDH hace alusión al Estado se refiere a todos los poderes públicos lo que implicaría que la reforma constitucional sería obligatoria.

La sentencia de la Corte IDH es parte de la justicia que los familiares de Digna Ochoa esperaron por más de veinte años. Es justicia, pero no completa: aun falta determinar quien le arrebató la vida. Aun así, este es el primer paso en un proceso que tenemos que completar para honrar el luminoso legado que nos ha dejado la distinguida mexicana como defensora de derechos humanos, no le podemos fallar esta vez.