En nuestro sistema legal, la revisión de este tipo de sanciones contra magistrados se sustancia ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que analice si medió arbitrariedad en el ejercicio de esas atribuciones. Eso nos trae de nuevo al inicio de este artículo y a la decisión adoptada por el máximo tribunal. Si bien el recurso de los jueces incluyó distintos argumentos, me detendré en el central: la presunta afectación a su independencia judicial.

En su recurso ante la Corte Suprema, los jueces señalaron que la sanción era una afrenta a su independencia, ya que se basó en el “contenido” de su sentencia. Al respecto, señalaron que los jueces no pueden ser sancionados por ese motivo, ya que de lo contrario se afectaría su libertad de decidir. Ese criterio está incluso recogido en el artículo 14, inc. b, de la ley 24.937, que señala: “[q]ueda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia de la protección contenido de las sentencias”.

A la hora de resolver, la CSJN reconoció que la independencia podía verse cercenada si los magistrados se vieran expuestos a ser removidos o sancionados por el contenido de sus sentencias. Sobre el punto, repasó su propia jurisprudencia (“Arigós”, Fallos 274:415), que es compatible con la interamericana en cuanto señala que “la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia” (Corte IDH, Gutiérrez Navas vs. Honduras, párr. 107; Ríos Ávalos vs. Paraguay, párr. 107).

Sin embargo, a la hora de aplicar ese criterio general al caso, la CSJN señaló que la conclusión del Consejo de la Magistratura no era irrazonable, ya que la inclusión de la referencia a la interrupción del embarazo de la niña “configura una flagrante infracción a las normas de decoro de la función judicial”. A la par, consideró que tampoco era arbitraria la conclusión relativa a que la incorporación en la sentencia de la fotografía descripta “constituyó un acto ´cruel´ y ´revictimizante´” hacia la menor de edad.

La Corte indicó que lo que se juzgaba era un abuso sexual infantil –no así la interrupción del embarazo-, que la propia víctima era la destinataria de la sentencia en la que se incluyó esa fotografía y que ese comportamiento judicial era innecesario para la resolución del caso y para fundar la posición jurídica allí plasmada. También señaló que ese aspecto excedía lo relativo al “decoro” en la función judicial y afectaba disposiciones normativas expresas, como la recogida en el artículo 4, inciso c, de la Ley 27.372: “la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles”. 

Siempre respecto del mismo argumento, la CSJN agregó que tampoco era arbitraria la sanción por la caracterización de los médicos que llevan a cabo interrupciones legales de embarazos como “asesinos a sueldo” o “sicarios”, así como por la calificación del protocolo del Ministerio de Salud para la práctica como un “manual de salvajadas inhumanas”. Lo mismo afirmó respecto de su propio fallo “F.A.L.”, al que los jueces sancionados calificaron como “directamente perverso”. La CSJN recordó que los jueces inferiores pueden apartarse de sus precedentes si aportan argumentaciones no tratadas en él (Fallos 307:1094), aspecto que exige “una rigurosa carga argumentativa” (Fallos 341:570) que no se verificó en el caso. Sin perjuicio de ello, agregó que incluso en situaciones de ese tipo debe guardarse mesura en el ejercicio de la función crítica.