Derecho a la salud y política de drogas: una oportunidad para el cambio en las Américas

06 de Agosto de 2024
Derecho a la salud y política de drogas
Foto: Pixabay

¿Los países de la región no suelen abordar la discusión de la salud y la política de drogas desde un enfoque de derechos humanos y reducción de daños? ¿Los enfoques prohibicionistas y punitivistas se siguen superponiendo? 

 

En los últimos años ha habido una revisión discursiva y –desafortunadamente— poco institucional sobre la política de drogas en los países de las Américas. Digo poco institucional, porque no todos los países, especialmente sus gobiernos, han abordado el tema desde un enfoque de derechos humanos y  reducción de daños. Es verdad que algunos países han emitido regulaciones permisivas en cuanto al uso de algunas substancias que históricamente se encontraban prohibidas (como la mariguana), estos han sido esfuerzos minimalistas y, sobre todo, no han buscado aminorar el impacto del prohibicionismo en los usuarios.  Pese a que a lo largo y ancho del continente las Constituciones de los países latinoamericanos incluyen el derecho a la salud física y mental, cuyo núcleo es arropado por los tratados y convenciones internacionales en derechos humanos, la realidad es que los enfoques prohibicionistas y punitivistas se siguen superponiendo a esta.

Los enfoques prohibicionistas y punitivistas, que fueron impulsados desde países desarrollados como Estados Unidos de América durante la era Reagan, fueron replicados en  el continente latinoamericano. En el nombre de la salud pública, se optó por usar  el poder del Estado para castigar el uso problemático de sustancias. En su peor versión, las reformas castigaron severamente la producción, comercialización y venta de sustancias, lo cual en la práctica también se confundía con su consumo privado y controlado, haciendo que muchas personas fueran directamente a las cárceles.En su versión suave, esta política condenó a un ostracismo a todas las personas con uso problemático de sustancias, el modelo médico se impuso y las alternativas siempre fueron modelos coercitivos de atención en lugar de un modelo comunitario de salud mental. Ante este panorama complejo, cobra relevancia el más reciente informe emitido por la relatora especial de la ONU Tlaleng Mofokeng.

El Informe de la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental proporciona directrices a los países del sistema de Naciones Unidas para examinar las leyes y políticas en materia de drogas, con el objetivo de mostrar los efectos diferenciados que repercuten en la regulación actual en algunos segmentos de la población. La relatora también expone las deficiencias en la atención y el cuidado del derecho a la salud, especialmente la falta de un enfoque de reducción de daños. Para ello, retomó el estándar de protección al derecho a la salud, los artículos 2, párrafo 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a salud física y mental sin discriminación al más alto nivel.

La relatora reconoció que, dentro del sistema internacional de fiscalización de drogas, tres tratados internacionales son cruciales. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1072; el Convenio de Sustancias Sicotrópicas de 1971; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico, que sometieron a fiscalización internacional cientos de drogas y tipificaron como delitos todos los aspectos de producción y distribución no autorizada (p. 6). A su consideración, aunque los tratados no mencionen un enfoque de derechos humanos, la aplicación de estos y la fiscalización internacional de drogas debe realizarse conforme a la Carta de las Naciones Unidas y bajo un estricto enfoque de derechos (p. 7).

El informe hace un cincelado de las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos en el contexto de la fiscalización de drogas. La penalización y estigmatización del consumo de drogas afectan negativamente la salud individual y colectiva, ya que impiden el acceso a servicios y tratamientos adecuados debido al temor de consecuencias legales y al hostigamiento. La discriminación en la aplicación del derecho penal y en los servicios de salud exacerba esta situación, llevando a mayor vulnerabilidad y enfermedades. Aunque se justifican las leyes punitivas en nombre de la salud pública, no han logrado reducir el consumo ni los daños relacionados, y los sistemas de control de drogas han empeorado la situación. La relatora destacó que un enfoque basado en el acceso voluntario y científico a tratamientos es más efectivo para reducir el consumo de drogas y sus daños sociales (pp. 7-10).

Otro punto importante que destaca este informe es que las leyes y políticas en materia de drogas han tenido un impacto negativo desproporcionado en grupos marginados como minorías étnicas, mujeres, personas LGBTIQA+, trabajadores sexuales, migrantes y personas con VIH/sida. Estas poblaciones enfrentan mayores niveles de estigmatización y discriminación, lo que obstaculiza su acceso a servicios de salud adecuados. Las mujeres que consumen drogas, por ejemplo, experimentan violencia significativamente mayor, y las personas LGBTIQA+ evitan buscar asistencia médica por temor a la discriminación. Las personas migrantes y trabajadoras sexuales que consumen drogas enfrentan doble penalización y exposición a violencia. Estas políticas no solo fallan en abordar el problema del consumo de drogas, sino que también agravan las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social de estos grupos (p. 10-12).

La relatora no es omisa en pronunciarse sobre las determinantes comerciales de la salud. Está bien documentada la crisis que la industria farmacéutica provocó en Estados Unidos pagando incentivos a médicos siempre y cuando recetaran OxyContin a pacientes que no necesariamente lo requerían, esto finalmente provocó una crisis de salud pública sin precedentes. En ese sentido, el informe es enfático al establecer que la industria farmacéutica influye significativamente en el derecho a la salud y en la investigación y desarrollo de medicamentos. Las prácticas dañinas de estas empresas, como la presión sobre las funciones regulatorias y el pago de incentivos a los médicos, afectan el acceso a medicamentos y el derecho a la salud y pueden requerir la intervención del Estado (pp. 13-14).

Finalmente, el informe enfatiza que las medidas de reducción de daños, como los programas de agujas y jeringuillas, el tratamiento con agonistas opioides y las instalaciones de consumo supervisado, han demostrado ser eficaces en la prevención de sobredosis y la mejora de la salud pública. La naloxona, un medicamento esencial para revertir sobredosis de opioides, debe estar ampliamente disponible y accesible. Factores determinantes básicos de la salud, como vivienda, empleo y educación, no deben condicionarse al consumo de drogas (pp. 15-17).

En conclusión, el informe de la relatora especial subraya la urgente necesidad de reformar las políticas de drogas en las Américas desde un enfoque basado en los derechos humanos y la reducción de daños. Es imperativo que los gobiernos de la región abandonen los enfoques prohibicionistas y punitivistas, que no solo han fracasado en reducir el consumo de drogas, sino que han exacerbado la discriminación, la estigmatización y las violaciones de derechos humanos. Solo a través de un compromiso decidido y concertado se podrá avanzar hacia una política de drogas que verdaderamente respete y promueva los derechos humanos y la salud de todas las personas en las Américas.

Citación académica sugerida: Castillo Camarena, Cuitlahuac. Derecho a la salud y política de drogas: una oportunidad para el cambio en las Américas. Agenda Estado de Derecho. 2024/08/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/derecho-a-la-salud-y-politica-de-drogas/

Palabras clave: Drogas, derechos humanos, derecho a la salud.

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Cuitlahuac Castillo Camarena

Abogado por la Universidad de Derecho, Maestro en Derecho y Salud Global por la Universidad de Georgetown.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.