Desde la fundación de la segunda República en 1949, Costa Rica ha sido una de las democracias más estables y completas del mundo, así lo refleja el índice de Democracia elaborado por el medio especializado The Economist en los últimos años.

Esta estabilidad democrática de la que hoy se habla, fue el resultado de constantes pugnas por el poder político entre actores sociales y políticos, y no una concesión de uno o de un conjunto de ellos, o de una estrategia de largo plazo de un actor en particular. Ni el voto femenino y universal, ni el establecimiento de un sistema electoral puro y confiable, ni las garantías sociales se establecieron sin vencer serias resistencias.

La instauración de la democracia en el período 1949-1975 fue reforzada por un proceso de inclusión social. Donde primó el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, lo que permitió ampliar su participación en las oportunidades y beneficios de la vida económica, social y política (Sojo, 2000). Mediante políticas sociales universales, un creciente gasto público social y altas tasas de crecimiento económico, el país logró que la mayoría absoluta de su población lograra condiciones de habilitación ciudadana, y esto a su vez generó una sensación de estabilidad y confianza al sistema político.

Sin fuerzas armadas; sin dictaduras civiles o militares desde 1919; con un sistema electoral robusto, independiente y que cuenta con gran confianza por parte de la ciudadanía; así como con una grata tradición de respeto y garantía a los derechos humanos, Costa Rica ha destacado a través de los años en su estabilidad democrática.

Primero, se puede afirmar que la Constitución Política de 1949 delimitó muy bien el poder del Estado, su organización y los controles que cada poder puede ejercer sobre el otro, promoviendo así el principio de pesos y contrapesos, donde la distribución del poder y el control que se ejercen entre los organismos públicos, es fundamental para garantizar los derechos de las personas y formar un Estado.

La Carta magna además contempla un listado de derechos fundamentales, tanto civiles como sociales que el Estado debe respetar y garantizar. Es incuestionable la relación intrínseca que existe entre una sana democracia y su ejercicio de protección y promoción de los derechos humanos. Tal y como lo señala la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) “La promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”.

Otro pilar fundamental de la estabilidad democrática costarricense que también puede mencionarse, es la legitimidad del órgano electoral. El Código Electoral de 1953 otorgó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) las herramientas para organizar, dirigir y controlar los comicios por más de cinco décadas.  Dicho Código ha sido reformado en varias ocasiones; y en 2009 incorporó significativos avances, tales como la inclusión de un amplio capítulo sobre justicia electoral, reglas sobre democratización interna de los partidos políticos, la paridad y la alternancia como normas de equidad de género, la creación del Registro Electoral y del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) dentro de la estructura del TSE y la autorización del voto de los costarricenses en el extranjero, entre otros.

Estas reformas legales e independencia al TSE, ha dado una mayor legitimidad a los procesos electorales y a la institución como tal. Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la OEA, en las pasadas elecciones presidenciales (6 de febrero de 2022) se centraron en observar aspectos relacionados con organización, tecnología, justicia, financiamiento, participación política de mujeres y libertad de expresión, y destacaron que Costa Rica cuenta con un sistema electoral sólido que inspira confianza a los distintos actores del proceso, y hace un reconocimiento al TSE y a todas las personas que cumplieron funciones en las distintas etapas por su institucionalidad y profesionalismo.