¿Los cenotes de Yucatán, en México, se encuentran amenazados? ¿Deberían reconocerse como algo más que objetos de protección?
Reconocer derechos propios a la naturaleza constituye un movimiento global que, como ha sostenido el informe Rights of Rivers publicado en octubre de 2020, representa un intento de proteger los ecosistemas y elementos naturales de los que depende la vida, frente a las limitaciones y fracasos del derecho ambiental moderno para abordar la crisis ecológica mundial. Para este informe, el movimiento de derechos de la naturaleza “busca reescribir el sistema legal para trabajar por el ambiente en lugar de estar contra él”.
El movimiento de derechos de la naturaleza se remonta por lo menos al artículo pionero de Christopher Stone en el que preguntó si los árboles deberían tener derechos, publicado hace cincuenta años en la revista Southern California Law Review. Desde entonces, diversas personas, organizaciones y comunidades han afirmado que no sólo los árboles, sino también algunos ríos, deben ser titulares de derechos. Así, la Constituciones y leyes ordinarias de Bolivia y el Ecuador han reconocido derechos de la naturaleza, la Corte Constitucional de Colombia y el Parlamento de Nueva Zelanda reconocieron al río Atrato y al río Whanganui como sujetos de derechos, respectivamente.
En este contexto, Yucatán, entidad federativa ubicada en el sur de México, ofrece perspectivas interesantes para la protección de los derechos de la naturaleza. De Yucatán generalmente se afirma que no hay ríos ni lagos superficiales. Esto se debe a la particular naturaleza kárstica del paisaje yucateco: un suleo de piedra caliza altamente permeable que no permite la conformación de cuerpos de agua superficiales, pero, en cambio, hace posible la constitución de formas geológicas subterráneas como cuevas, grutas y dolinas de colapso, que la población maya ha llamado dzonot o cenotes. Neftaly Gijón-Yescas y sus colegas definen a los cenotes como: “geoformas resultado de la disolución y colapso de las rocas solubles como la caliza, proceso conocido como karstificación en el ámbito de las geociencias”.
Los cenotes constituyen la única fuente natural de agua dulce en Yucatán. Este hecho es suficiente para reconocer su importancia. La civilización maya construyó sus principales ciudades alrededor de estos cuerpos de agua. Las numerosas piezas arqueológicas encontradas en el fondo de los cenotes nos indican que estos son lugares de memoria, en los que es posible conocer la forma en la que los seres humanos se han adaptado a entornos particulares. Las comunidades mayas actuales dependen en gran medida del agua de los cenotes para consumo doméstico, ritual, agrícola y para el ganado.
Los cenotes también son ecosistemas que prestan servicios ambientales como captura de carbono y son el hogar de especies únicas y en peligro de extinción, que han evolucionado en sus profundidades, como el pez ciego (Oglibia pearsei) y la anguila ciega (Ophisternon infernale). Por estas razones, en 2007, la región conocida como “Anillo de Cenotes” de Yucatán fue incluida en la lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar. Asimismo, por su peculiar belleza, que se manifiesta en aguas cristalinas rodeadas de estalactitas, ofrecen no solo una experiencia estética, sino también una fuente de ingresos para el ecoturismo.
Históricamente, las comunidades mayas han cuidado de los cenotes mediante prácticas tradicionales como la narración de relatos sobre “dueños” y “guardianes” que consideraríamos “fantásticos”: los aluxes, o pequeños duendes traviesos, y las serpientes emplumadas y voladoras son algunos de los seres que custodian los cenotes y a quienes hay que pedir permiso para utilizar sus aguas. De lo contrario, quien acceda a los cenotes sin la autorización de sus dueños puede cargar “malos vientos”, enfermarse e incluso morir.
El cuidado de los cenotes es particularmente necesario porque el acuífero subterráneo de Yucatán es muy vulnerable a la contaminación, tal como lo han documentado diversos índices. No obstante, sobre todo en las últimas cuatro décadas, diversas actividades económicas como la agricultura industrial, las granjas porcícolas y avícolas, los desarrollos urbanos y de turismo de masas, han contaminado los cenotes con plaguicidas altamente peligrosos, muchos de ellos prohibidos en otros países (como el DDT, el endosulfán, el paratión metílico y el paraquat), con nitratos, metales pesados, entre otras sustancias tóxicas. La exposición a estos contaminantes está relacionada con enfermedades gastrointestinales en niños, cáncer de mama y cervicouterino, entre otros padecimientos en los que Yucatán se encuentra en los primeros lugares en México.
El Gobierno de Yucatán ha intentado proteger los cenotes mediante la creación de la “Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes” en 2013. No obstante, ésta aún no cuenta con el Programa de manejo que establezca las acciones para conservar la zona. Del mismo modo, el Estado se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional en materia de saneamiento del agua. Como ha registrado la organización Greenpeace en un informe, de 222 granjas porcinas registradas en Yucatán, solo 18 cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental. Como diagnostica el informe Rights of Rivers, el derecho ambiental moderno ha sido insuficiente para proteger los cenotes.
Es en este contexto que han surgido iniciativas para reconocer a los cenotes como sujetos de derechos. En 2022, la Fundación para el Debido Proceso publicó el informe Los cenotes de la península de Yucatán como sujetos de derecho desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza, elaborado por la abogada Samantha Colli Sulú. Retomando la “jurisprudencia de la Tierra”, Colli argumenta que reconocer derechos a los cenotes implicaría que dichos derechos puedan ser defendidos ante un tribunal, así como la creación de figuras de guardianía comunitaria, juntas asesoras y agencias de monitoreo de estos cuerpos de agua.
Asimismo, a inicios de 2022, ciudadanos del municipio de Homún y representantes del Comité maya Kana’an Ts’onot (Guardianes de los Cenotes) que se han enfrentado a una mega granja porcícola, solicitaron por escrito a autoridades federales, estatales y municipales el reconocimiento de la personalidad jurídica a los cenotes que conforman el Anillo de Cenotes. También demandan la expedición de “una norma oficial mexicana que reconozca las características específicas del acuífero kárstico de la península de Yucatán, y que ordene las acciones necesarias para la restauración, mantenimiento, regeneración y protección de los cenotes”. En ejercicio de su derecho a la libre determinación reconocido en el derecho nacional e internacional, las comunidades mayas del Anillo de Cenotes tienen la potestad “para elaborar sus reglamentos comunitarios para el manejo, conservación, protección y restauración de los cenotes”. Tanto el informe de Collí como la solicitud de Kana’an Ts’onot coinciden en que no se trata simplemente de reconocer un derecho en el papel.
Ante todo, es necesario que las comunidades, especialistas y autoridades trabajen de manera activa, mediante procesos de consulta y de participación pública, en el cuidado y protección del agua de los cenotes. Desde las particularidades del territorio kárstico yucateco, extremadamente vulnerable a la contaminación, estas voces se suman al concierto global que exige formas novedosas de proteger la naturaleza.
Citación académica sugerida: Llanes Salazar, Rodrigo. ¿Cenotes de Yucatán (México) como titulares de derecho?. Agenda Estado de Derecho. 2022/11/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/cenotes-de-yucatan-mexico-como-titulares-de-derecho/
Palabras clave: Derechos de la naturaleza, agua, México
Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación se centran en derechos humanos, pueblos indígenas y sustancias tóxicas.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.