Si bien la sentencia contempla varios puntos de significancia para Uruguay y los demás países de la región, encuentro especialmente tres cuestiones clave para reflexionar críticamente sobre esta sentencia condenatoria:

A) Lo atinente a la Ley de Caducidad y a los actos jurídicos posteriores tendientes a asegurar su no aplicación.

B) La perspectiva de género que se adiciona a este caso, en especial, la relación de la CADH con la Convención de Belém do Pará, ratificada por Uruguay en el año 1996, Ley 16.735.

C) Lo referente a la garantía del plazo razonable que se entiende vulnerada en el caso.

Primero, la Corte IDH hace un especial análisis de lo acontecido en las investigaciones e identificación y sanción a los responsables de las graves violaciones cometidas durante la dictadura uruguaya (párr. 142 y ss.). Encuentra que “La Ley de Caducidad, entonces, tuvo un impacto directo en todas las actuaciones de investigación atinentes al presente caso”, pues aquella impedía al Estado la persecución de estos delitos. Sin embargo, y luego de la condena respecto de esta Ley habida en el caso Gelman vs. Uruguay (2011), con consideraciones reiteradas en la primera resolución de supervisión de cumplimiento, la Corte IDH reconoció las medidas adoptadas por el Estado para restablecer la pretensión punitiva (párr. 148). No obstante, vuelve a sostener que Uruguay vulneró, con su aplicación al caso, la obligación de investigar en relación a las víctimas del caso (párr. 150).

En este sentido, la Corte IDH vuelve a mencionar que no resulta admisible que la acción penal se considere prescrita para estos casos (párr. 205). A su vez, entiende que, pese a los avances habidos, “no existe todavía seguridad suficiente respecto a la posibilidad jurídica de que las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura puedan ser efectivamente investigadas y sancionadas” (párr. 250).

Segundo, aun cuando en el caso se presentaban hechos de violencia contra mujeres, Uruguay no abordó las investigaciones con perspectiva de género. Al respecto, el fiscal especializado actuante declaró que los victimarios no tenían conocimiento de que estuvieren atentando contra mujeres (párr. 157). La Corte IDH presenta varios hechos que podrían hacer presumir lo contrario, aspecto que alcanza para entender que “no puede descartarse a priori que en el caso se hubieren presentado actos de violencia de género, y que ello debió ser específicamente investigado” (párr. 158).

Por último, frente a la garantía del plazo razonable, la Corte IDH analiza de manera pormenorizada las demoras habidas en el expediente (párr. 159 y ss.), incluyendo los múltiples recursos y excepciones planteadas por la defensa. Al respecto, el tribunal resalta que, en el caso, una vía recursiva insumió casi dos años (párr. 166) y, ante la presentación de una excepción de inconstitucionalidad, la “tramitación transcurrió entre noviembre de 2018 y agosto de 2019, es decir, durante más de nueve meses” (párr. 167).

La Corte IDH entiende que por las características del caso y “sin perjuicio de su deber de respetar estas garantías a las personas imputadas”, se debió “procurar que las causas se tramiten en un plazo razonable”, por lo que los órganos judiciales debieron resolver “con la máxima premura las incidencias que se plante[aron]” (párr. 170).