En el marco del 184 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado del 13 al 24 de junio de 2022 en formato híbrido, se llevó a cabo la audiencia pública número 9 sobre “Acceso a la justicia y estereotipos de género en la región”. Según la presidenta de la CIDH,  Julissa Mantilla Falcón, se trató de “una audiencia histórica, con el propósito de dejar saber a cada niña y mujer que han sufrido afectaciones a su derecho al acceso a la justicia por estereotipos de género, que no están solas, ni fueron culpables y que hay una serie de organizaciones, incluida la Comisión Interamericana, que están trabajando por ellas”.

El Capítulo VI del  Reglamento de la CIDH sobre las audiencias ante la Comisión, dispone que estas podrán celebrarse por iniciativa propia de la Comisión o a solicitud de la parte interesada (art. 61) y abordar tanto peticiones o casos como constituirse sobre cuestiones de carácter general (arts. 64 y 66), siendo un acto público salvo circunstancias excepcionales (art. 68). En este caso, se trató de una propuesta motu proprio por la CIDH sobre una temática de interés general vinculada a derechos humanos. Para este supuesto, la Comisión habilita que las personas interesadas realicen una solicitud de comparecencia, siendo un total de trece las organizaciones convocadas a participar.  

La iniciativa de oficio de la CIDH permite aproximar conocimiento experto a un órgano consultivo de la OEA dedicado a promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región. Con estos encuentros la CIDH muestra su disposición al aprendizaje, la escucha (ruegos, peticiones, crítica constructiva) y la toma de posicionamiento sobre cuestiones controvertidas como la afectación a garantías judiciales y al debido proceso por el empleo de estereotipos de género hacia las mujeres.

En la audiencia 9, la estereotipación de género se visibilizó en todo momento desde una mirada interseccional. Ello es relevante, ya que el contexto latinoamericano precisa la necesaria consideración y mención de mujeres migrantes, indígenas, víctimas del conflicto armado en Colombia, privadas de libertad, LGBTIQ+ o defensoras de derechos humanos, quienes se ven afectadas de manera diferenciada en el efectivo acceso a la justicia. La convergencia de distintos condicionantes o categorías identitarias obliga a analizar la posición de mayor subordinación por el denominado estereotipo combinado que puede afectar a algunas mujeres como ocurrió en el caso de Manuela contra el Salvador (mujer, pobre, joven y del ámbito rural).

Así, como señala la Dra. Laura Clérico en la audiencia, es importante remarcar la relación existente entre la obligación de no estereotipar y la concepción de desigualdad estructural desarrollada en informes temáticos de la Comisión junto al impacto de manera desproporcionada en mujeres en situación desaventajada. 

Además, en este espacio, fue una constante la referencia a la desvalorización del relato de las mujeres y disidentes sexuales víctimas de violencia de género. El descrédito hacia la narrativa de las mujeres por parte de jueces y juezas tiene sus raíces en los estereotipos de género repercutiendo en el acceso a medidas de protección, la valoración de la prueba o la falta de imparcialidad, elementos clave de un procedimiento.  

En la audiencia se abordaron aspectos fundamentales relacionados con el poder judicial y la posición de las mujeres en los procedimientos judiciales. En particular, se abordó la necesidad de: 1) que se acredite la capacitación de la judicatura en perspectiva de género y se evalúe en audiencias públicas; 2) establecer sistemas de rendición de cuentas a juezas y jueces frente al empleo de estereotipos de género que vulneren derechos para las mujeres; 3) reforzar el papel esencial de las representaciones letradas como objetoras de  estereotipos, y 4) que juezas y jueces remuevan ideas preconcebidas y creencias personales para conocer sobre el fondo de un asunto.

En el marco de esta audiencia, se destacaron los esfuerzos de algunos países de la región en impulsar medidas que mitiguen las barreras de acceso a la justicia para las mujeres. Por ejemplo, México cuenta con un Protocolo para juzgar con perspectiva de género impulsado por la Suprema Corte de Justicia y con la denominada “Ley Fátima”, que obliga a todos los agentes estatales a capacitarse en perspectiva de género. Sin embargo, como menciona la representante de la sociedad civil de México, Ana Katiria Suárez Castro, la práctica ha demostrado la insuficiencia de estos esfuerzos con incorporaciones y consideraciones escuetas, forzando la pregunta acerca de la operatividad de la obligación. Parece que la inclusión de un enfoque anti-estereotipación pasa por monitorear a jueces y juezas, mantener reportes, crear protocolos y formar al personal de la administración de justicia, siendo esencial la capacitación y la cooperación del resto de profesionales que interactúan con las víctimas. La comisionada Margaret May Macaulay señaló que el nombramiento de mujeres juezas no asegura la necesaria adhesión a un enfoque anti-estereotipación, definiendo la representatividad orgánica como una cuestión necesaria pero no suficiente para la detección y evitación de estereotipos en sede judicial.

En resumen, y de acuerdo con lo señalado por quienes participaron en esta audiencia, el uso de estereotipos puede afectar negativamente a diversos elementos del proceso judicial en distintas fases: la valoración de los hechos y de la prueba; el testimonio de las víctimas y, por tanto, su confianza en el sistema judicial; la argumentación e imparcialidad judicial (en puridad, la ausencia de ambas); el acceso a medidas de protección. Además, puede generar una revictimización e impactar de manera diferenciada en mujeres en situación de desigualdad estructural.

Más allá de la relevancia de algunas de las cuestiones sobre las que versó la audiencia nueve y de la apertura de nuevos interrogantes para la reflexión (¿cómo controlar la actividad judicial sin afectar a su independencia?, ¿cómo garantizar una formación efectiva?, ¿es suficiente con asegurar una representación paritaria en el poder judicial?, ¿qué mecanismos cabe introducir para reclamar una afectación a la imparcialidad judicial por estereotipos de género?), es innegable el impacto positivo de nuevos canales de comunicación con la CIDH.

La importancia y calidad de los aspectos expuestos deberían materializarse en un      informe temático que ponga de manifiesto la situación de desventaja de mujeres que encuentran obstáculos al acudir a los sistemas de justicia, insistiendo en la obligación de los Estados de tomar medidas necesarias para removerlos, y en especial, de aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad, ya que como señaló la comisionada Roberta Clarke “aún vivimos bajo las causas estructurales de los estereotipos de género y estas causas estructurales incluyen la resistencia hacia relaciones de poder patriarcales”.

La implementación activa de las audiencias constituye una ventana de oportunidad al no requerir de un caso o de una víctima concreta, ni el agotamiento de las vías internas. Sirven para generar un espacio donde debatir, reflejar o amplificar el tratamiento de situaciones particulares de interés general. A través de ellas, la CIDH anticipa los temas que deben formar parte de la agenda política elaborando un humus de saberes expertos que, desde distintas áreas de trabajo, permite problematizar cuestiones complejas y advertir las distintas alternativas de actuación en garantía de los derechos de las mujeres. Asimismo, constituye el prolegómeno a su inclusión como parte del Plan Estratégico para el período 2023-2027 de la CIDH. Con todo, también resulta relevante aplaudir este tipo de iniciativas de diálogo judicial o interinstitucional en el que la ciudadanía puede intervenir y contribuir a la discusión más allá de las élites del poder.