Alerta roja frente a la violencia psicológica contra las mujeres en Brasil

11 de Noviembre de 2021
Alerta roja frente a la violencia psicológica contra las mujeres en Brasil
Crédito foto: Adolfo Luján / Flickr

En Brasil se ha reforzado la protección y castigo legal frente a la violencia contra las mujeres. Esto significa un avance pero se plantean varios desafíos. 

En el 15º aniversario de la Ley brasileña destinada a combatir la violencia doméstica, Ley 11.340/2006 (Ley Maria da Penha), el debate acerca de la protección de los derechos de todas las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencia ha ganado renovados contornos con la tipificación del crimen de violencia psicológica contra las mujeres por la Ley 14.188/2021. La Ley Maria da Penha ya enumeraba, en su artículo 7º, la violencia psicológica como uno de los cinco tipos de violencia doméstica y familiar contra la mujer. La criminalización de esta forma de violencia es un paso más para hacer frente a todo el ciclo de la violencia doméstica y a la efectiva realización de la igualdad de género.

La Ley 14.188/2021, en vigor desde finales de julio de 2021, institucionalizó el programa de cooperación «Alerta Roja contra la Violencia Doméstica» y tipificó la violencia psicológica contra la mujer, sujeta a pena de reclusión de 6 meses a 2 años y multa. Se añadió, así, el artículo 147 B al Código Penal, a fin de criminalizar la acción frente a quien «causara daño emocional a la mujer, que la dañe y perturbe su pleno desarrollo o que pretenda degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, vergüenza, humillación, manipulación, aislamiento, chantaje, ridiculización, limitación del derecho de ir y venir o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y autodeterminación«.

Se sabe, como poetizaba el escritor brasileño Carlos Drummond, que los «lirios no nacen de las leyes«, es decir, nuestra realidad de violencia estructural e institucional nacional y regional, marcada por el patriarcado y por discriminaciones contra las mujeres, no cambia con la creación de nuevos tipos penales en los códigos. Pero, precisamente por esta realidad violenta, el cambio legislativo, en refuerzo a las demás medidas y políticas públicas, es —aunque con quince años de retraso— muy bienvenida.

El aumento de la protección es especialmente relevante en el contexto pandémico, en el que los índices de violencia contra las mujeres y el porcentaje de feminicidio crecieron espantosamente en una gran variedad de países. Es precisamente en momentos de precariedad económica e inestabilidad social cuando la violencia de género en el ambiente doméstico adquiere contornos más dramáticos, ya que las mujeres que están bajo el yugo de la violencia doméstica han pasado a estar confinadas con sus propios agresores.

Aquí emerge la triste universalidad de la violencia doméstica contra la mujer: países con realidades sociales diversas y culturas muy distintas han demostrado aumentos en los índices de violencia. Esto se agudiza en regiones como la latinoamericana donde ya hay rasgos estructurales de machismo y discriminación contra las mujeres. En Brasil, los índices de violencia doméstica, que ya eran altos antes de la pandemia, se han agravado. Como se constata en el informe Violencia doméstica durante la pandemia de Covid-19, los casos de feminicidio crecieron un 22,2% entre marzo y abril de 2020 en 12 estados brasileños.

La convivencia forzada con agresores, por un lado, y la dificultad de acceder a los servicios de respuesta oficial, por otro, parecen haber impulsado el aumento de la violencia. Datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública apuntan que, a pesar de la reducción significativa de registros de reporte de ocurrencia de violencia doméstica y de concesiones de medidas protectoras en la mayoría de los estados brasileños en el período de la pandemia, los casos de feminicidio y de menciones de violencia contra la mujer en Twitter han aumentado de forma expresiva. Esto demuestra cómo la dicotomía público-privada todavía impregna la cultura machista en el ámbito familiar, donde subsisten las principales dificultades de implementación de los derechos de las mujeres. La igualdad ante la ley no basta para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres: es necesaria la igualdad de poderes en las relaciones familiares donde el paradigma que persiste sigue siendo el masculino.

Un avance hacia los cambios en las dinámicas de poder

El escenario descrito da cuenta que la ideología dominante, al menos en la práctica, es el modelo «patriarcal androcéntrico» que subyuga social y políticamente la condición femenina. Aunque todavía predominante, este sistema de ideas pasa a ser cada vez más cuestionado, especialmente gracias al trabajo de los movimientos feministas a partir de la Ley Maria da Penha y sus desdoblamientos normativos, cuyo más reciente es la tipificación de la violencia psicológica.

Por supuesto, estas innovaciones legislativas no surgen del vacío, sino que son fruto de una evolución en la acción y consolidación de los derechos humanos de las mujeres. El propio nombre dado a la Ley 11.340/2006 es un emblema de la lucha internacional de los derechos humanos de las mujeres en el sistema regional interamericano de protección de los derechos humanos. Tal avance legislativo resultó de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después del análisis de la petición enviada por la defensora de derechos de las mujeres Maria da Penha Maia Fernandes, con apoyo de la sociedad civil.

El reconocimiento específico de la violencia psicológica contra la mujer como crimen específico es otro avance, que busca también impulsar la transformación de la concepción social sobre las dinámicas de poder que son aceptables en las relaciones. La violencia doméstica debe ser vista como un patrón, un continuo abuso, y no como incidentes aislados. Además, reconocer las múltiples facetas de la violencia es importante para evitar tragedias que a menudo son fruto del agravamiento de la asociación de prácticas violentas múltiples y persistentes en el tiempo.

La violencia psicológica es la violencia que precede a todas las demás. En una cultura de sumisión femenina como la brasileña, es costumbre mitigar las amenazas y humillaciones verbales que sufren las mujeres y naturalizarlas como algo típico de la relación. En su mayoría, las noticias de feminicidios relatan episodios de violencia psicológica, como amenazas, gritos, actos de superioridad, antes de las agresiones físicas y del asesinato. El hecho es que las agresiones verbales son una «alerta roja» —como dice el programa instituido por la misma ley— de relaciones violentas y perniciosas.

Objeciones y desafíos para el futuro

A pesar de ser un marco para hacer frente a la violencia contra la mujer, de la misma forma como ocurrió cuando la Ley Maria da Penha entró en vigor, surgieron críticas a partir de la edición de la Ley 14.188/2021. Se alega que hay un uso desmedido del derecho penal y una supuesta ausencia de isonomía de la norma. Ninguna de las dos objeciones merece prosperar.

Aunque la defensa de los derechos humanos está, generalmente, alineada a una visión de derecho penal garantista y menos punitivista, el derecho penal aún es un instrumento relevante para demarcar aquellas conductas que reciben el mayor grado de reprobación en una sociedad. Hay una dimensión simbólica en la criminalización: la tipificación promueve el reconocimiento y el rechazo de ese patrón de violencia específico contra las mujeres por ser mujeres. Se superan, así, versiones de garantismo penal que servirían solo para preservar la violencia doméstica.

En cuanto a la objeción basada en el principio de igualdad, suena incluso absurdo tener que decir lo obvio: las estadísticas demuestran ampliamente la desproporcionalidad de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y doméstico. La Corte Suprema brasileña, por unanimidad, juzgó –en los fallos ADC 19 y ADI 4424– la constitucionalidad de la citada ley y rechazó el mismo argumento en relación con la Ley Maria da Penha con base en la dimensión material del principio de la igualdad. Si las mujeres son las principales víctimas, merecen un trato diferenciado. La misma lógica debe aplicarse aquí.

El mayor desafío de la nueva ley no será vencer las críticas infundadas, sino garantizar su aplicación efectiva en pro de la protección integral de la mujer. Para ello, será necesario concientizar y entrenar a los agentes policiales y a todos los demás actores del sistema de justicia para que comprendan el fenómeno y apliquen la ley. Es necesario también reflexionar sobre los indicios y medios de prueba a utilizar. A este respecto, es interesante observar que en países que han dado pasos similares, como el Reino Unido, se ha demostrado que la criminalización de la violencia psicológica ha impulsado al sistema de justicia a reconocer el abuso doméstico como un patrón de comportamiento, lo que facilitó también la obtención de pruebas en los casos de violencia física.

Si la Ley 14.188/2021 salva la vida de una sola mujer, impidiendo que violencias más atroces sean cometidas, ya habrá cumplido su papel. Sin embargo, creemos que la nueva ley tiene un mayor potencial: el de reforzar la cultura del respeto a las mujeres en el país. En definitiva, la ley reafirma el derecho de las mujeres a ser respetadas, buscando hacer efectivo el artículo 5º de la Constitución Brasileña, y garantizar que vivan y sean libres.

Citación académica sugerida: Fachin, Melina; Neves da Silva, Cristina; Osório, Aline; Simões Nascimento, Roberta. Alerta roja frente a la violencia psicológica contra las mujeres en Brasil, Agenda Estado de Derecho, 2021/11/11. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/alerta-roja-frente-a-la-violencia-psicologica-contra-las-mujeres-en-brasil/

Palabras clave: derechos de las mujeres, violencia contra las mujeres, violencia doméstica.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LOS AUTORES
Melina Girardi Fachin

Profesora adjunta de cursos de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Investigación postdoctoral en curso por la Universidad de Coimbra en el Instituto de Derechos Humanos y Democracia (2019/2020).

Cristina Neves

Abogada y socia de Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados. Tiene una maestría de la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en Derecho Constitucional y teoría crítica de los derechos humanos. Es presidenta de Elas Pedem Vista.

Aline Osório

Actual Secretaria General del Tribunal Superior Electoral y coordinadora del Programa de Combate a la Desinformación en las Elecciones. Tiene una Maestría en Derecho (LL.M) de la Facultad de Derecho de Harvard y una Maestría en Derecho Público de la UERJ. Es profesora de Derecho Constitucional y Electoral en el Centro Universitario de Brasília – CEUB.

Roberta Simões Nascimento

Profesora adjunta de la Universidad de Brasilia. Abogada del Senado Federal desde 2009. Doctora cum laude en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Tiene un doctorado y maestría en derecho por la Universidad de Brasilia.

Artículos Relacionados

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.