¿Por qué importa tener y cumplir una Agenda Interamericana de Derechos de Pueblos Indígenas?
8 de Agosto de 2023
En marzo se celebró la I Reunión Interamericana sobre la implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala. ¿Cuáles son los desafíos en la materia y qué conclusiones se obtuvieron?
En América Latina existen grandes sectores de la población que, debido a características inherentes a la diversidad humana, enfrentan desigualdades estructurales que se traducen en exclusión e impiden, anulan o reducen el goce o ejercicio pleno de sus derechos humanos. Mientras que “la asimetría en la distribución de recursos, servicios, privilegios y responsabilidades, prestigio y poder” explican la situación de desigualdad de poblaciones en histórica vulneración, la consecuencia directa en la realidad de estas comunidades, grupos sociales, y colectivos es que reciben un trato desfavorable en comparación con el resto de los miembros del entorno al que pertenecen. La discriminación entra en juego limitando oportunidades y accesos, y determinando la manera en la que personas de estos colectivos participan en la sociedad. Este es el caso de los pueblos indígenas.
En Latinoamérica hay 54,8 millones de indígenas, constituyendo casi el 30% de las personas en pobreza extrema. Entre algunos indicadores socioeconómicos que ilustran su situación, se conoce que su tasa de informalidad laboral es de 82,6%, 31,5 puntos porcentuales más que la de las personas no indígenas, y las probabilidades de que tengan un sueldo son 12,4 puntos porcentuales menores que las de sus homólogos no indígenas. En la educación también enfrentan una situación de desigualdad, puesto que el 31,7% de la población ocupada indígena en la región no ha tenido ninguna formación, frente al 12,8% de los no indígenas, y menos del 30% han tenido educación intermedia y avanzada, frente a más del 48% de los no indígenas (CEPAL, 2020). Su profunda vinculación con el ambiente también se ha visto afectada por la situación de degradación ambiental en sus territorios, que impide la obtención de medios de subsistencia tradicionales; esto también se traduce en situaciones agudas de inseguridad alimentaria para estas poblaciones.
Esta situación de desigualdad socioeconómica también tiene su correlato a nivel político, puesto que las personas indígenas tienen, además de desfavorables indicadores socioeconómicos, una situación de sub-representación en las posiciones de toma de decisiones. En América Latina, su origen étnico-racial impacta en la posición que estas personas ocupan dentro de la estructura social y política, siendo la discriminación y la exclusión lo que permite que un grupo dominante mantenga y justifique su exclusión social y económica, pero también política.
Esta situación no ha sido ajena a los debates en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En la Asamblea General celebrada en República Dominicana en 2016, tras 17 años de negociación, este cuerpo político interamericano adoptó la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADIN). Aunque no tiene rango de Convención, la DADIN es el primer instrumento en la historia de la OEA que promueve y protege los derechos de los pueblos indígenas en las Américas. Un año más tarde, en 2017, la Asamblea General aprobó también el Plan de Acción para la Implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas (2017-2021), el cual tiene como objetivo principal contribuir al pleno reconocimiento, ejercicio y disfrute de los derechos los pueblos indígenas en el plano nacional, así como en el plano hemisférico mediante el apoyo de la OEA y otras instancias del sistema interamericano.
Dos acciones por parte de los Estados miembros de la OEA merecen ser reconocidas. Por un lado, y en vista de las dificultades para avanzar más rápidamente en la implementación de los contenidos del Plan de Acción, la Asamblea General de la OEA decidió en 2021 extender la duración del Plan y continuar animando a los Estados miembros, la Organización y otras instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para avanzar en su implementación. Por otro lado, en 2023 y después de 7 años de aprobada la DADIN, los Estados lograron reunirse en La Antigua, Guatemala en 20 al 22 de marzo de 2023 para evaluar la viabilidad de establecer un mecanismo de seguimiento a la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas al igual que del Plan de Acción. Esta I Reunión de la DADIN convocó a autoridades de política pública para pueblos indígenas, representantes de pueblos indígenas y funcionarios públicos de las Américas, además de funcionarios de organismos y cooperación internacional, con dos principales objetivos: por un lado, conocer los avances y los desafíos de los Estados miembros en la implementación del Plan de Acción 2017/2021 de la Declaración, y por el otro, analizar la posibilidad de crear un Mecanismo de Seguimiento Institucional en el marco de OEA.
La reunión fue exitosa en producir un documento para el funcionamiento de este Mecanismo, denominado Documento de Consenso sobre la creación del Grupo de Trabajo para la Implementación del Plan de Acción, el cual fue analizado del 21 al 23 de junio en Washington, DC cuando se celebró la 53 Asamblea General de la OEA. En la Resolución Ómnibus sobre Derechos Humanos siendo considerada por los Estados miembros se estableció un Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Implementación de la DADIN, el que tendrá la función de diseñar y luego operativizar el proceso de seguimiento. Se espera que en próximamente los países inicien con la designación de los representantes que estarán siendo parte de este mecanismo.
Este proceso no deja de enfrentar algunos retos, de los cuales es válido resaltar al menos dos. En primer lugar, está el desafío de una plena representación de los actores que deben ser parte del proceso de designación, que harán los Estados, de las personas participantes de ese Grupo de Trabajo. El mandato que se consideró en la Asamblea General establece que los Estados deberán “presentar candidaturas de expertos al más alto nivel, y encomendar a la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad a convocar a la presentación de candidaturas de las organizaciones legítimas de los Pueblos Indígenas.” Será sobre la base de esta terna que se realizará la elección y los nombramientos respectivos para integrar el Grupo de Trabajo.
El segundo reto es de naturaleza práctica, a saber, las dificultades en la identificación de recursos para operativizar los trabajos de este Grupo de Trabajo. Tenemos claro que para poder lograr resultados que impacten las realidades de comunidades históricamente excluidas o sub representadas, es clave invertir en programas, proyectos y políticas que ayuden a traducir compromisos en la cotidianidad. Sin embargo, no siempre es fácil identificar y acceder a esos recursos.
Superar estos retos va a requerir una combinación de creatividad, para cumplir con el trabajo que se necesita en una situación de recursos limitados, y mucha voluntad política para mover la agenda, invertir en acciones concretas y también, rendir cuenta sobre los avances e impactos de este proceso en la realidad cotidiana de los pueblos indígenas en las Américas. Más allá de estos retos, cumplir con este mandato no puede ser más relevante, considerando la situación de discriminación y exclusión que los pueblos indígenas de las Américas aun enfrentan.
* Las opiniones son personales. No representan las de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Citación académica sugerida: Muñoz-Pogossian, Betilde. ¿Por qué importa tener y cumplir una Agenda Interamericana de Derechos de Pueblos Indígenas? Agenda Estado de Derecho. 2023/08/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/agenda-interamericana-de-derechos-de-pueblos-indigenas/
Palabras Clave: pueblos indígenas, derechos humanos, inclusión, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
