De acuerdo con la legislación nacional, el enjuiciamiento penal está a cargo de los fiscales del Ministerio Público. La Constitución venezolana (artículo 285) establece que el Ministerio Público debe “ordenar y dirigir la investigación de los delitos dentro del territorio nacional”. La acción penal puede ser iniciada de oficio, sin la aprobación del Fiscal General y debería ser independiente y sin motivaciones políticas. Los fiscales deben investigar con “la diligencia requerida” estableciendo los hechos del delito, identificando a los posibles autores y recogiendo todas las pruebas. Esto, según el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, incluye tanto las pruebas que apoyen una acusación contra un individuo como pruebas que sugieran su inocencia. Del mismo modo, según las normas internacionales, “(l)os fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal”.

A pesar de estas obligaciones legales, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (MII) establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha documentado la implicación de actores políticos externos en procesos penales contra opositores políticos reales o presuntos. Estos funcionarios públicos de alto nivel, que incluyen autoridades ejecutivas de alto rango y legisladores, han emitido declaraciones sobre los casos incluso antes de que se emitan las acusaciones. Las declaraciones se han hecho en los medios de comunicación, incluidos programas de televisión, redes sociales (Twitter), ruedas de prensa o ante el Parlamento.

En ellas se han presentado “teorías” sobre la presunta participación de personas u organizaciones de la sociedad civil en actos delictivos, especialmente relacionados con delitos de terrorismo o traición. Como señaló la MII, “las declaraciones expresan de forma rutinaria conclusiones sobre la culpabilidad o la inocencia, el carácter o la reputación de las personas sujetas a la investigación, perjudicando potencialmente sus derechos”.

A menudo, esas autoridades han mencionado públicamente información que debería estar restringida a fiscales y abogados defensores. En algunos casos se trataba de “confesiones” realizadas o de información facilitada en circunstancias coercitivas, incluso sin la presencia de un abogado o durante detenciones en régimen de incomunicación. Además, hay motivos razonables para creer que esas detenciones fueron arbitrarias y que las confesiones se obtuvieron bajo tortura. Por ejemplo, la MII documentó que en el caso del periodista Roland Carreño, cuando ninguno de sus abogados o familiares tenía noticias sobre su paradero, el Ministro de Comunicaciones tuiteó que “estaba detenido, que había sido detenido en flagrancia y que había confesado “acciones contra la paz de la nación”.

Igualmente, problemática ha sido la conducta del Fiscal General, Tarek William Saab, quien dirige la Fiscalía, entidad encargada de actuar con independencia, imparcialidad y objetividad. El Fiscal General Saab ha calificado de “delincuentes” a personas investigadas cuando las investigaciones acababan de comenzar, en violación de disposiciones legales específicas del Código Procesal Penal venezolano y los estándares del derecho internacional derivados del principio de presunción de inocencia. Lo ha hecho durante ruedas de prensa, discursos ante el Parlamento y a través de su cuenta de Twitter. Como ha documentado la ONG local Acceso a la Justicia, la Fiscal General se refirió pública y frecuentemente a los acusados con calificativos como “aberrados”, “delincuentes” o “ladrones”, especialmente en casos de personas que percibía como opositores políticos. Así, organizaciones de la sociedad civil venezolana como CECODAP, que defiende los derechos de los niños, ha denunciado a la Fiscal General por divulgar nombres, apellidos, fotografías y vídeos de adolescentes implicados en presuntos actos de violencia y acoso escolar.