A jueces y magistrados de Perú y México también les cayó la “fiebre” de ChatGPT
18 de Abril de 2023
Jueces de Perú, Colombia y México han usado ChatGPT en audiencias o sentencias ¿Qué lecciones surgen de su aplicación? ¿Qué límites tiene?
A finales de marzo, un juez de Perú y un magistrado de México usaron ChatGPT para motivar una sentencia de segunda instancia y para ilustrar sus argumentos en una audiencia judicial, respectivamente. ChatGPT es un chatbot desarrollado por la empresa OpenAI que opera a partir de un modelo de lenguaje de gran escala (LLM), esto es, un sistema computacional entrenado a partir de grandes volúmenes de datos cuyo principal objetivo es predecir la probabilidad de un hilo de palabras dado su contexto precedente (por ejemplo, una consulta de un usuario).
El juez peruano y el magistrado mexicano no son los primeros funcionarios judiciales de América Latina que han acudido a ChatGPT u otros LLM para redactar y/o motivar parte de sus decisiones. A comienzos de año, escribí sobre el uso de ChatGPT para redactar decisiones judiciales por parte de un juez y una magistrada de Colombia (versión en Español y versión en Inglés). En ese momento advertí que no era aconsejable utilizar este tipo de herramientas como si fueran fuentes confiables de información ni conocimiento. Las respuestas de este tipo de sistemas frecuentemente contienen información imprecisa, incorrecta e incluso ficción.
Como argumentó la profesora Emily Bender y las demás coautoras del artículo “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? 🦜”, los LLMs son como “loros estocásticos” que regurgitan información a partir de predicciones basadas en los patrones que identifican en los billones de datos con los cuales fueron entrenados. Estos sistemas fueron entrenados para predecir el hilo de palabras que más probablemente sigue a una consulta introducida (prompt); por tanto, los LLMs no razonan, no piensan y no tienen capacidad para distinguir la ficción de la realidad.
En suma, quizá los LLMs puedan servir para explorar temáticas, resumir textos, e incluso para inspirarse, pero no son instrumentos idóneos para responder preguntas fácticas, técnicas ni mucho menos jurídicas. Por todo lo anterior, la principal crítica que sostengo respecto del uso dado por los jueces colombianos a ChatGPT es que hubieran transcrito literalmente las respuestas arrojadas por el chatbot, sin que incluyeran en sus decisiones ejercicios expresos y explícitos de verificación de cada una de las afirmaciones transcritas a partir de fuentes confiables.
El caso peruano es el más sencillo de explorar porque el uso dado a ChatGPT fue muy limitado (Expediente 00052-2022-18-3002-JP-FC-01). El Juez Especializado del Juzgado Civil Transitorio de San Juan de Miraflores, del Distrito Judicial de Lima Sur, debía resolver en segunda instancia sobre la fijación de la pensión de alimentos de una menor de edad (nacida en diciembre de 2021).
El punto de la sentencia en el cual el juez “invocó” a ChatGPT fue en la parte motiva, cuando debía calcular la obligación alimentaria que le correspondía al padre y a la madre en proporción a sus “posibilidades económicas y condiciones personales”. Así, en el considerando undécimo, el juez informó que:
“mediante la asistencia de la plataforma de Inteligencia Artificial de Open AI – Chat GTP[1], corresponde aplicar la técnica de proporción matemática, a efectos de establecer cuál es el aporte que corresponde a cada padre, según sus ingresos, para satisfacer el gasto de manutención de su hija.”
La única trazabilidad que dejó el juez acerca de su consulta al sistema fue una nota a pie de página en la cual transcribió el URL de su interacción con ChatGPT (https://chat.openai.com/chat/ca6a3d92-134e-4c8f-a84f-d48084f9fb70). Quizá el juez no era consciente de que incluir ese URL no ofrecía ninguna pista sobre su consulta a ChatGPT porque los demás usuarios no podemos acceder a sus interacciones pasadas con el sistema. El punto no es menor, porque indica que el juez no estaba familiarizado con la manera como funciona la herramienta.
En la audiencia realizada el 29 de marzo de 2023, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, indicó que había consultado ChatGPT a través de su teléfono móvil. En el marco del proceso SUP-JE-21/2023, el Tribunal Electoral debía resolver sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia que trataba sobre el uso de la expresión “ya sabes quién” en el marco de la precampaña electoral del partido Morena en el Estado de México. La pregunta jurídica abordada por el Tribunal Electoral era si el uso de esa expresión podía generar una situación de desequilibrio en la precampaña dado que podía ser interpretada como una alusión de apoyo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la audiencia en la cual se examinó el fallo de primera instancia del tribunal electoral local, el magistrado Rodríguez Mondragón argumentó que dicho fallo debía ser revocado pues no había incluido un análisis contextual del uso de la expresión “ya sabes quién” y, por tanto, había un vicio de falta de exhaustividad.
Para ilustrar cómo podría motivarse un fallo, el magistrado Rodríguez Mondragón afirmó lo siguiente:
“yo por ejemplo, aquí en el celular, he estado haciendo consultas allí PTChat (sic)… si sabe quién es ‘ya sabes quién’ y la respuesta es que en el contexto político mexicano es el presidente… se refieren al presidente Andrés Manuel López Obrador y nos da una explicación de que esta referencia se popularizó en 2018 en la campaña.”
El magistrado no terminó ahí, hizo consultas adicionales a ChatGPT que comentó durante la audiencia:
“También le pregunté a GPT Chat (sic), una tecnología de inteligencia artificial magistrada, y también le pregunté por ejemplo sobre si reconocía a quién se referían como el ‘innombrable’ o el que no es el nombrado y contesta que a Voldemort en esta serie de Harry Potter… yo pensaría que si pongo también los mismos párrafos le podría preguntar si esto o no es un acto anticipado campaña o de precampaña y da una explicación es decir si la inteligencia artificial nos da una explicación de contexto con motivaciones es lo que se espera de un tribunal que razona sobre las expresiones que se analizan.”
Finalizó el magistrado con una invitación implícita para usar sistemas como ChatGPT para motivar fallos judiciales:
“está siendo reiterado el ejercicio del Tribunal Electoral del Estado de México en no agotar el principio y su deber de exhaustividad y no da razones suficientes cuando la tecnología ahora por ejemplo nos facilita una serie de información procesando obviamente bases de datos todo el conocimiento que está a disposición de los tribunales.”
Posteriormente, el magistrado José Luis Vargas tomó la palabra para criticar la manera como su colega proponía que los jueces usaran herramientas como ChatGPT: “quiero pensar que lo que nos acaba de decir es simplemente un ejemplo aislado y no es un pronóstico de lo que será la jurisprudencia de este tribunal…pues me preocuparía que ahora nuestras resoluciones las tomemos a partir de lo que dice el Chat GPT.”
Luego el magistrado Vargas manifestó su preocupación sobre cuál rol tendrían los tribunales si en el futuro ChatGPT definiera los casos de comienzo a fin y además argumentó que este tipo de sistemas “todavía tiene bastantes errores” y que “esa es la razón por la cual creo que nosotros los seres humanos -por un buen rato más- seguiremos ocupando estas posiciones.”
En línea con lo que he explicado en este texto, comparto la preocupación del magistrado Vargas sobre el riesgo de que los funcionarios judiciales confíen en ChatGPT para absolver preguntas jurídicas, técnicas y fácticas. La herramienta podría servir para explorar temáticas, pero no es idónea para que usen sus respuestas para motivar fallos sin que haya una verificación detallada de cada oración incluida en el texto sintético generado por el sistema.
También estoy de acuerdo que los sistemas de decisión automatizada o semiautomatizada usados por los Estados para realizar sus funciones públicas siempre deben estar bajo control humano. Con mayor razón en el marco de funciones judiciales, en tanto determinados usos de algunas herramientas de inteligencia artificial pueden tener consecuencias negativas para los derechos fundamentales de las partes de los procesos y de terceros.
A partir de la manera como operan los LLMs y de los casos reportados en este texto, a continuación, propongo cinco recomendaciones para jueces que quieran usar LLMs en su ejercicio profesional:
1. Uso informado. Antes de usar un LLM para alguna actividad importante, asegúrese de tener conocimientos básicos sobre cómo funcionan, cómo fueron desarrollados, para qué pueden ser herramientas de apoyo idóneas, y qué limitaciones y riesgos presentan.
2. Uso transparente y ético. Si usa un LLM para apoyar la actividad de motivar decisiones judiciales, debe ser transparente en la manera que se usó y distinguir de manera clara qué parte del texto es sintético (producido por el sistema).
3. Ejemplos de usos idóneos. Los LLMs pueden ser particularmente útiles para traducir textos, resumir documentos y para explorar nuevas temáticas. Los LLMs en cambio no son particularmente precisos cuando se consulta asuntos fácticos o para hacer cálculos matemáticos.
4. Uso responsable. No asumir que las respuestas de los LLMs son confiables, debe verificarse en detalle y con otras fuentes toda información que produzcan dado que los LLMs con frecuencia ofrecen respuestas incorrectas, imprecisas o incluso ficticia.
5. Uso que proteja privacidad y confidencialidad. No introducir información personal ni confidencial en las consultas realizadas al LLM pues una vez se comparte esta información se pierde el control de la misma.
Citación académica sugerida: Gutiérrez, Juan David. A jueces y magistrados de Perú y México también les cayó la “fiebre” de ChatGPT. Agenda Estado de Derecho. 2023/04/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/a-jueces-y-magistrados-de-peru-y-mexico-tambien-les-cayo-la-fiebre-de-chatgpt/
Palabras clave: Algoritmos, Covid-19, derechos humanos, inteligencia artificial.
Profesor asociado de la Universidad del Rosario y PhD en política pública de la Universidad de Oxford.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
