Desde la irrupción del COVID-19, los países han asumido medidas para frenar la propagación de la enfermedad a través de la aplicación de toques de queda, el cierre de tribunales y la ampliación de los poderes del ejecutivo, entre otras. Esta crisis ha tenido un impacto particular sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales, poniendo en peligro el derecho de las sociedades democráticas a disponer de una justicia operativa e independiente.

El  avance de la pandemia, sus efectos y los retos que genera tienen un impacto en el corto, mediano y largo plazo para la independencia judicial, el acceso a la justicia y su administración. A lo largo de estos meses se ha podido constatar que, si bien esta epidemia ha tenido algunos efectos transitorios sobre la organización y el funcionamiento de las instancias judiciales, estos han generado dinámicas que tienen visos de consolidarse como una práctica habitual. Su impacto ha sido diferente en función de los países y las regiones, grupos y colectivos, produciendo una situación de parálisis y colapso de los sistemas de justicia.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su artículo 4, establece  los requisitos para la legitimidad de un estado de excepción. El riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad y a la vulneración de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, entiende que, con el fin de solventar una colisión de derechos, tanto el Estado como el poder judicial, deberán llevar a cabo “una permanente tarea de ponderación entre derechos e intereses legítimos muchas veces enfrentados o contrapuestos”. 

En América Latina se declararon estados de emergencia con el fin de hacer frente a los retos planteados por la crisis sanitaria. Esta declaración legitima a los gobiernos para arrogarse potestades especiales que les permiten disponer de herramientas suplementarias a la hora de afrontar situaciones excepcionales. La utilización de estos mecanismos suele conllevar una restricción de los derechos humanos a cambio de controlar más exhaustivamente las circunstancias que provocan estas situaciones. El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 29 establece que la suspensión de los derechos establecidos en el PIDCP debe efectuarse, únicamente, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación.

Se da la circunstancia de que, en ocasiones, los ciudadanos asumen la restricción de sus derechos fundamentales como un mal necesario con el fin de garantizar su seguridad. Es en estas circunstancias cuando una justicia independiente debe asumir la función de supervisión, defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales contra las posibles tentaciones autoritarias de los poderes públicos. La Corte IDH, en su Opinión Consultiva OC-9/87, determinó que el carácter judicial de las garantías conlleva la participación activa de un órgano judicial independiente e imparcial con competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las medidas excepcionales adoptadas.

A pesar de lo anterior, ha quedado constatado cómo, por medio de los estados de emergencia en el marco de la pandemia, se han producido ataques a los sistemas judiciales que han amenazado su independencia y operatividad entre los que caben destacar la independencia judicial, la suspensión de derechos, el acceso a la justicia y la brecha digital.