En los últimos años se ha dado a conocer el alto número de ejecuciones extrajudiciales que son perpetradas en Venezuela. La Organización de Estados Americanos documentó, desde el año 2014, la comisión de más de 18.093 ejecuciones extrajudiciales entre los años 2014 y 2020, y más de 15.000 detenciones arbitrarias y cientos de casos de tortura. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó que en 2020 se habían perpetrado más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales. De lo documentado se aprecian cifras escalofriantes. Desde luego, debido a la opacidad imperante en los órganos del sistema de justicia en Venezuela, se desconoce cuántos funcionarios están siendo investigados y cuántos han sido efectivamente sentenciados.

Las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, como fue examinado en el Primer Informe de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, se han cometido en tres contextos: a) represión política selectiva en contra de opositores políticos (Casos Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo); b) control de seguridad o control social (OLP, OLHP, FAES y CICPC), con más de una decena de miles de muertes, todo con el fin de demostrar que el gobierno aparentemente responde al problema social de la inseguridad, y reforzar el poder con fines de control social para reducir la posibilidad de que se produzcan levantamientos políticos, especialmente en las zonas más pobres; c) represión a las protestas, en las que, según fuentes oficiales, se han producido 167 asesinatos.

En el marco del examen preliminar llevado adelante por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se está a la expectativa de si se incluye el crimen de lesa humanidad de asesinato, que además ha sido identificado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, la misión determinó que las fuerzas de seguridad alteraron la escena de los crímenes con pruebas falsas o simulando enfrentamientos; las víctimas recibieron “disparos mortales en zonas vitales del cuerpo” y a veces a quemarropa. Han predominado los disparos a la cabeza, el cuello y el tórax, sugiriendo que las fuerzas de seguridad no intentaron emplear métodos no letales de control antes del uso de la fuerza letal. 

Sin embargo, por ahora, el examen preliminar se ha centrado en la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Se podría estar ante dos escenarios: 1) quedaría a potestad de la Fiscalía incluir tal delito o 2) que tal vez los Estados que remitieron la situación del caso “Venezuela I” faciliten tal información directamente a la Oficina del Fiscal para que sean investigados formalmente los mencionados crímenes en el contexto de seguridad ciudadana y control social.

En este marco, de acuerdo con los hallazgos, se podría indicar que la comisión generalizada de ejecuciones extrajudiciales puede constituir evidencia suficiente de que se ha cometido el crimen de lesa humanidad de asesinato, que los comandantes y superiores en la cadena de mando de los distintos órganos de seguridad conocían o debían haber conocido del ataque. Por último, se podría afirmar que en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado que coincide con un plan para cometer crímenes de lesa humanidad, disfrazada como una política para combatir la delincuencia, incluida la eliminación de las personas que se perciben como “delincuentes”.