La ley no solo declara principios, sino que establece un catálogo amplio de derechos igualmente consagrados en la Convención, tales como la igualdad y no discriminación por edad, trato digno, acceso a la justicia, autonomía, salud, participación, educación, trabajo y vida libre de violencia. También incorpora dimensiones menos visibilizadas, como el derecho a la conectividad y a recibir información en lenguaje claro. Y en el centro de ese cambio aparece una idea clave: la autonomía.

La ley reconoce expresamente el derecho de las personas mayores a tomar sus propias decisiones y a definir su plan de vida. Incluso va más allá: prohíbe exigir, por el solo hecho de la edad, acreditaciones de lucidez para la celebración de actos jurídicos. Esta disposición enfrenta una práctica extendida en espacios como notarías, donde muchas veces se presume la incapacidad sin fundamento. Este punto no es menor, ya que establece un límite claro a aquellas prácticas que, bajo la idea de “proteger”, terminan restringiendo la autonomía de las personas mayores y reemplazando su voluntad.

La ley también incorpora mecanismos de protección. Regula el abandono social como una vulneración grave de derechos y crea un procedimiento judicial específico para adoptar medidas de protección. El cambio es importante porque reconocer derechos no basta. También deben existir herramientas reales para exigirlos. En esa misma línea, la ley fortalece el acceso a la justicia. Establece atención preferente, priorización de estos casos y resguardo de la dignidad de las personas mayores durante los procesos judiciales.

A nivel institucional, fortalece el rol del Estado, particularmente del Servicio Nacional del Adulto Mayor, al que se le otorgan mayores atribuciones, incluso la posibilidad de denunciar o hacerse parte en procesos judiciales cuando existan vulneraciones de derechos. Además, se contempla la elaboración de una Política Nacional de Envejecimiento y la implementación de líneas de acción que incluyen programas de cuidado, prevención del abuso y promoción de la autonomía.

Sin embargo, relacionado a ello, aparece uno de los principales desafíos. Y es que muchas de estas medidas dependerán de su implementación efectiva. La ley contempla acciones progresivas y sujetas a recursos disponibles, lo que abre una tensión inevitable entre reconocimiento normativo y garantía real de derechos, cuestión que se vuelve especialmente evidente en materia de cuidados. Si bien se incorporan programas y lineamientos, Chile aún no cuenta con un sistema de cuidados suficientemente robusto. Sin ese soporte, derechos como la autonomía o la vida independiente pueden quedar limitados en la práctica.