Eso es justamente lo que explica buena parte de la discusión reciente. Desde 2017, la vacancia presidencial ha sido usada una y otra vez en un contexto de enfrentamiento político constante. En el caso de PPK, los pedidos de vacancia se sustentaron en el escándalo Odebrecht y en los llamados “Kenjivideos”. Aunque existían cuestionamientos serios, la dinámica mostró también una lucha de poder intensa dentro y fuera del Congreso, que generó una presión política tan alta que Kuczynski terminó renunciando antes de la votación de una nueva moción de vacancia. En el caso de Vizcarra, su vacancia en 2020, formalmente basada en la incapacidad moral permanente, fue vista por amplios sectores como una represalia política en un contexto de confrontación con el Parlamento. Luego vino el breve gobierno de Merino, que asumió por sucesión constitucional, y renunció pocos días después tras protestas masivas y una fuerte crisis social.

Con Pedro Castillo el escenario fue distinto, sobre todo en su desenlace final. Su vacancia del 7 de diciembre de 2022 ocurrió luego de su intento de disolver el Congreso y alterar el orden constitucional. En ese caso, la actuación del Congreso sí puede entenderse como una respuesta legítima y necesaria frente a un intento de quiebre democrático. Pero incluso allí debe recordarse que Castillo gobernó bajo una presión constante, con intentos de vacancia desde inicios de su mandato.

Durante el gobierno de Boluarte, el problema mostró otra faceta: el Congreso no siempre declara la vacancia cuando existen razones para ejercer control político, sino cuando hacerlo le resulta políticamente conveniente. Durante buena parte de su gestión, Boluarte enfrentó graves cuestionamientos, pero, aun así, se mantuvo en el cargo. Finalmente, fue vacada en octubre de 2025, en medio de una crisis de seguridad, escándalos éticos como el caso Rólex y también por conductas y declaraciones que agravaron la crisis política y social, como llamar terroristas a manifestantes o minimizar las muertes en protestas. Más recientemente, la destitución de Jerí confirmó que la presidencia peruana se ha vuelto una figura altamente vulnerable, sin verdadero blindaje institucional y sometida a la lógica de mayorías parlamentarias cambiantes.