El DRE estadounidense no se limita a traducir el derecho internacional, sino que lo reordena, lo jerarquiza y lo reinterpreta según la política exterior del gobierno de turno. A nivel global lo hemos presenciado en las leyes, órdenes ejecutivas y resoluciones judiciales que, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, avalaron la “guerra contra el terrorismo”, y las invasiones en Irak y Afganistán, las detenciones ilegales y torturas de Guantánamo y Abu Ghraib.

Tristemente, en América Latina esta es una historia trillada: la hemos visto en los años setenta, con la complicidad estadounidense en las dictaduras sudamericanas; en los ochenta, con las operaciones de la CIA en Nicaragua y con la invasión estadounidense a Panamá y el secuestro del dictador —y antiguo colaborador de la CIA— Manuel Noriega. Ahora, la vemos una vez más en Venezuela, con el ataque ilegal de EE. UU. en violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y los principios más básicos del derecho internacional, que prohíben el uso unilateral de la fuerza, la vulneración de la soberanía política, territorial y económica de los Estados, y la inmunidad de los jefes de Estado, entre otras normas internacionales básicas.

Lejos estoy de defender que el derecho internacional sea un orden perfecto o completamente justo. No lo es, y basta recordar quiénes tienen sillones permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para comprobarlo. Pero, aunque nos parezca injusto o contrario a la moral, el derecho internacional no autoriza a los Estados a derrocar dictaduras e imponer la democracia mediante el uso de la fuerza.

Es el derecho estadounidense, y no el derecho internacional, el que ha permitido una invasión alevosa a un Estado soberano, el asesinato de más de doscientas personas —si se cuentan también las víctimas de los ataques en aguas del Caribe—, el secuestro de un jefe de Estado y su presentación por la fuerza ante un juez de EE. UU —no ante un tribunal internacional— que, como tarea de rutina, no se inmuta ante semejante acontecimiento: no cuestiona el modo de su detención, no sopesa su inmunidad como jefe de Estado y no actúa como garante de la legalidad.

En cualquier país que aspire a tomarse en serio el Estado de derecho y el debido proceso, esto sería impensable. ¿Cómo es esto posible en EE. UU., el autoproclamado campeón de la democracia? Aquí reside la paradoja, y el infortunio. Estos acontecimientos —Venezuela, pero también los anteriores y los próximos, Groenlandia y los que podrían venir— son una realidad gracias a un derecho estadounidense que traduce el derecho internacional y lo reescribe en algo que no es, con una pluma a la medida de su interés nacional. La política exterior de EE. UU. ya no está disfrazada de buenas intenciones, sino que ahora proclama fuerte y claro que el hemisferio occidental es “su hemisferio” y que está al servicio de una geopolítica vil, opaca, cínica, asesina.