El domingo primero de febrero Costa Rica eligió a la segunda mujer y a la presidencia número 50 desde la fundación de la República. Fueron unas elecciones en las que el abstencionismo disminuyó y en las que el tema que movilizó al electorado operó como un referéndum implícito a favor o en contra del presidente en ejercicio. La candidata oficialista, Laura Fernández, se impuso con un 48,3 % de los votos válidos emitidos, mientras que su agrupación política, Pueblo Soberano, obtuvo el 39,10 % de los votos válidos en las elecciones legislativas, según los resultados provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Un resultado que parece haber sido favorecido por la popularidad sostenida del presidente Rodrigo Chaves, ubicada por encima del 50% (encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) y por ciertas condiciones de estabilidad macroeconómicas; factores que probablemente incidieron en el resultado electoral.

Desde al menos 2014, el sistema político costarricense ha profundizado un proceso de desalineamiento electoral y partidario respecto de los clivajes tradicionales que estructuraron la competencia partidaria durante la segunda mitad del siglo XX. La ruptura del bipartidismo, la erosión sostenida de las identidades partidarias, el aumento del abstencionismo y de la volatilidad electoral sentaron las bases para la emergencia de liderazgos personalistas con una retórica de impugnación del orden político existente. De acuerdo con encuestas del CIEP-UCR, solo dos de cada diez personas manifiestan identificación con algún partido político, mientras que la desconfianza hacia los partidos y la Asamblea Legislativa se mantiene en niveles elevados (son las instituciones peor valoradas por la ciudadanía).

En ese contexto, las elecciones nacionales marcaron un punto de inflexión en la trayectoria reciente del sistema político costarricense. La victoria del oficialismo expresa, a la vez, una ratificación del gobierno saliente y la consolidación de una lógica política específica: un estilo de liderazgo que se presenta como un quiebre con “la política tradicional”, un proyecto político que promete un marco de sentido compartido y la posible emergencia de una nueva identidad política: como posible clivaje articulador del próximo ciclo político. Todo esto, a su vez, legitima la continuidad gubernamental. En otras palabras: un continuismo del cambio.

El oficialismo logró articular un discurso y narrativa desde el conflicto hacia un orden político que se debe cambiar. Tanto durante la campaña, como en el discurso de aceptación de resultados y en conferencias de prensa posteriores, la presidenta electa Laura Fernández retomó explícitamente la idea de una “Tercera República”, presentada como horizonte de transformación del país. Esta narrativa de refundación expresa la voluntad de un nuevo comienzo político y de una ruptura con el arreglo institucional heredado.  Por ahora, no conocemos el límite de esa refundación ni existe una propuesta concreta. Será el ejercicio efectivo del gobierno de Fernández el que permita observar si esta retórica se traduce en propuestas concretas.

Asimismo, este proceso electoral se desarrolló en medio de transformaciones sociales más amplias: la ampliación de desigualdades sociales marcadas territorialmente, el desgaste acumulado de los partidos tradicionales como canales de representación y la vinculación reiterada entre política y corrupción en la percepción ciudadana. Este conjunto de factores configuró un terreno fértil para el ascenso de un liderazgo confrontativo y con una retórica capaz de traducir la desafección ciudadana en apoyo político efectivo en el año 2022, del cual parece haberse nutrido la presidenta electa en estas elecciones de 2026.

En el plano institucional, el continuismo del cambio abre un escenario de un Poder Ejecutivo fortalecido, en comparación con el del 2022-2026. El inicio del mandato de Fernández con una legitimidad de origen fuerte, combinado con una mayoría legislativa (según datos preliminares obtuvo 31 curules de 57), configura un escenario de concentración relativa de poder y, por lo tanto, un margen de maniobra inusualmente amplio para conducir la agenda gubernamental. 

Aunque Fernández aún no ha asumido la presidencia y, por tanto, no conocemos su estilo de gobierno, el gobierno saliente dejó un patrón persistente de confrontación entre el Ejecutivo, del cual la presidenta electa fue parte, contra varios órganos de control y contrapeso, en particular la Asamblea Legislativa, la Contraloría General, el Poder Judicial, incluida la Sala Constitucional y el Ministerio Público y el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Este patrón se caracteriza por un uso intensivo de la comunicación pública desde el Ejecutivo, mediante las conferencias de prensa y las redes sociales para comunicar y expresar sus intereses, opiniones y preferencias a la ciudadanía y encuadrar controversias, disciplinar coaliciones, presionar adversarios y movilizar apoyo social. Como parte de estas acciones, el Ejecutivo ha cuestionado públicamente la legitimidad o motivaciones de órganos de control, desplazando desacuerdos técnicos o jurídicos hacia una disputa abierta de autoridad ante la ciudadanía.

Este patrón no es neutro desde el punto de vista del Estado de derecho. La deslegitimación sistemática de los órganos de control introduce riesgos de erosión institucional gradual. La experiencia comparada muestra que los deterioros democráticos en la actualidad rara vez se producen mediante quiebres abruptos, suelen operar, más bien, a través de conflictos prolongados entre poderes, debilitamiento de la confianza pública y normalización de prácticas de confrontación que tensionan los equilibrios constitucionales. De cara al nuevo gobierno, será decisivo observar si esta lógica se mantiene o si, por el contrario, se reorienta hacia una relación menos distante y más cooperativa y sujeta a cauces institucionales con los otros poderes del Estado.

A lo anterior, se suma un contexto más amplio de debilitamiento del Estado de derecho y de la calidad democrática. Informes recientes advierten sobre el deterioro de la libertad de expresión y la relación conflictiva entre el Poder Ejecutivo y la prensa. Costa Rica ha descendido de manera sostenida en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, de Reporteros Sin Fronteras y estudios del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la UCR, documentan un clima de percepción de la ciudadanía sobre un deterioro de la libertad de expresión, junto a ataques verbales y deslegitimación del periodismo por parte del mandatario actual y en donde casi la mitad de la población se siente libre para expresarse, mientras que la otra mitad admite haberse autocensurado.

Costa Rica se encuentra ante una disyuntiva democrática clara: o bien se está frente a una mutación en el funcionamiento de la democracia representativa, una reconfiguración del vínculo entre liderazgo, ciudadanía e instituciones, pero operando dentro del orden constitucional, o bien ante un proceso de erosión incremental de los contrapesos institucionales. En este respecto, el continuismo del cambio puede consolidar la estabilización de un estilo de ejercicio del poder que tiende a plebiscitar la política: reordena la competencia alrededor de lealtades personales y disputas de legitimidad, y presiona a los órganos de control a través del conflicto público.

El desafío del próximo ciclo político no es solo evitar esa deriva, sino, en particular para la presidenta electa, gobernar eficazmente. En otras palabras, solucionar y enfrentar problemas estructurales. En seguridad, el país cerró el 2025 con una tasa de homicidios de 16,7 por cada 100 000 habitantes, con base en cifras del Organismo de Investigación Judicial; esto es el tercer año consecutivo más violento. En ese contexto, el oficialismo buscó capitalizar este malestar con el “modelo Bukele” (mediante una promesa de megacárcel y de mano dura); como una respuesta a la demanda social de orden. Asimismo, este país Centroamericano enfrenta una crisis educativa, los datos disponibles han vuelto visible un rezago severo en comprensión lectora de las y los jóvenes. Por otro lado, en salud, las listas de espera para recibir atención médica en la seguridad social siguen siendo un síntoma de una crisis de capacidad estatal. 

El nuevo ciclo político abre una oportunidad para el nuevo gobierno, esto es, convertir el respaldo en capacidad real de gobierno y que eso se perciba en resultados medibles en seguridad, educación y salud. Por lo cual, ese voto de confianza dado por casi la mitad del electorado no equivale a un ‘cheque en blanco’, el nuevo Poder Ejecutivo asumirá el gobierno fortalecido y con una mayoría legislativa. Por ello, ya no bastará la retórica del conflicto ni la promesa de orden, sino la capacidad de responder a la ciudadanía en sus necesidades materiales.