¿Qué significa el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado para la democracia y los derechos humanos?
2 de diciembre de 2025
Para Asdrúbal Aguiar, el Nobel de la Paz a María Corina Machado simboliza la defensa de la democracia y los derechos humanos frente al autoritarismo en América Latina.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado alcanza, desde ya, importante trascendencia. Sus razones habrían de fluir hacia las distintas vertientes culturales de Occidente, más allá de lo personal y del mérito que le acredita a la ganadora del premio el Instituto Nobel, si se atiende a la justificación que declara desde Noruega.
Hacer este escrutinio es esencial, en efecto, sobre todo para que el galardón y reconocimiento universales dado a esta esta figura que simboliza la aspiración democrática de amplios sectores ciudadanos en Venezuela y América Latina y también en Europa, abone en favor de la máxima expresada por sus otorgantes: ¡Sólo la democracia garantiza la paz! Y decirlo, en tiempos de descreimiento democrático en las élites occidentales, no es poca cosa.
El régimen de Venezuela ha sido la fuente de la violencia estructural que aún sufren los venezolanos como nación en diáspora, nómade hacia afuera y hacia adentro, ávidos de su reencuentro con la libertad y la experiencia de la democracia.
Que la iniciativa o la movilización de voluntades que, sucesivamente, cristalizan en Noruega y dan lugar a la acreditación de María Corina como Nobel de la Paz – acaso sintiéndose frustrado el Estado noruego tras sus múltiples intentos por promover una apertura democrática en Venezuela – y que a su vez el premio lo originase un tándem de prestigiosas universidades de la Florida, en Estados Unidos al que se le sumó un grupo de senadores y representantes del Congreso norteamericano, indica, claramente, que otro es el tiempo que nos interpela y otro también el tiempo del premio a la paz.
Varios centenares de intelectuales, rectores universitarios, ministros de relaciones exteriores y hasta un exjefe de Estado, desde Santiago de Chile hicieron causa común alrededor del deseo de ver a Machado premiada por el ejemplo de su gesta, de su resistencia estoica y militante, con las armas de la civilidad.
Varios de los premios Nobel de la Paz más emblemáticos en el continente americano se inscriben en un contexto político e intelectual marcado por la influencia de procesos regionales gestados en La Habana y por la transformación como la relativización de las ideas sobre democracia y derechos humanos tras 1989.
La democracia y el Estado de Derecho han sufrido un deterioro acelerado, extrañamente tras el agotamiento del socialismo real. La banalización de esa circunstancia por el mundo liberal y las democracias occidentales, creyéndose que el mandado estaba hecho tras el derrumbe de la Cortina de Hierro, y no reparando en que la preservación de la libertad es el resultado de una obra cotidiana sostenida, disciplinada, anclada en valores éticos, y jamás un producto acabado, ha tenido profundas consecuencias. Esa actitud ha conducido a Europa y las Américas hacia su actual y aparente callejón sin salida.
En nombre de los derechos humanos se le han arrebatado al ciudadano común las garantías de su derecho a la democracia y a la tutela judicial efectiva de sus derechos. Se las ve de prescindibles. No aparecen o apenas se les subraya en los textos del Foro de São Paulo, del Grupo de Puebla, del Programa de la ONU 2030 e inclusive en los del Gran Reinicio de Davos. No por azar, mi antiguo y fallecido colega de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en célebre voto que expide en 2005 (Caso Yatama vs. Nicaragua), recuerda que: “No cabe duda que, la vigencia de los derechos políticos y de los componentes fundamentales de la democracia son delicados asuntos que en el pasado y en el presente han tocado aspectos medulares de la vida de la población en la región. Quedaron atrás los gobiernos surgidos de golpes militares pero la realidad nos da cuenta de una multiplicidad de amenazas a la democracia y a los derechos políticos que plantea retos cotidianos a ser enfrentados en casi todos los países de la región”.
Empero, en 2009 ajusta para dar cuenta de lo actual (Caso Escher y otros vs. Brasil), a saber, que “para favorecer sus excesos, las tiranías clásicas que abrumaron a muchos países de nuestro hemisferio invocaron motivos de seguridad nacional, soberanía, paz pública. Con ese razonamiento escribieron su capítulo en la historia… Otras formas de autoritarismo, más de esta hora, invocan la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia (o la pobreza, cabe añadirlo), para imponer restricciones a los derechos y justificar el menoscabo de la libertad. Con un discurso sesgado, atribuyen la inseguridad a las garantías constitucionales y, en suma, al propio Estado de Derecho, a la democracia y a la libertad”.
De allí que, volver a la democracia y a su fuerza moral como sustentos de la paz, tras la resignificación del premio Nobel otorgado a Machado, implica una corrección de rumbos esperanzadora, para Europa y para las Américas, y para civilización milenaria judeocristiana, que es racional y objeto de ataques despiadados por los cultores de los sentidos y del complejo adánico contemporáneo.
“Vivimos en un mundo donde la democracia está en retirada, donde más regímenes autoritarios están desafiando las normas y recurriendo a la violencia”, precisa el Instituto Nobel. Destaca luego algo no menos relevante, a saber, que “se realizaron más elecciones que nunca, pero cada vez menos son libres y justas”.
En mi libro Calidad de la democracia y expansión de los derechos humanos, doy cuenta de la anterior aporía, al observar que “las elecciones libres y justas se encuentran debilitadas en su fuerza decisional y son desafiadas, sea por el núcleo de lo democráticamente indecidible por las mayorías, sea, sobre todo, por quienes, alegando la primacía del Bien Común [en el que poco creen los ciudadanos digitales], relativizan las manifestaciones de la misma soberanía popular; … tanto como al hacerse cotidianas y no periódicas, pierden [las elecciones] su significación como instrumento de estabilidad y gobernabilidad democrática procurando lo contrario.” Afectadas como se encuentran las mediaciones institucionales y la inmediatez que alcanzan las relaciones de poder a través de los medios de comunicación social y el ecosistema de redes, viene ocurriendo “una inflación en los derechos humanos de grupos que los trivializan, afectándose el sentido mismo del pluralismo democrático y su relación con la coherencia social que reclama la vida política”.
De modo que, para que la democracia, según lo reafirman los miembros del Instituto Nobel aleccionando al mundo, se la considere “precondición para la paz duradera”, urge defender un “terreno común”: “la defensa del principio de respeto a la voluntad popular” aunque estemos en desacuerdo.
Para salvar la libertad y vivir en paz, a la democracia mal se la puede reducir a experiencia o reingeniería para la organización y la gestión del poder republicano y sus políticas públicas. Es experiencia de vida personal, camino a través del cual se realiza y ha de cristalizar la voluntad de nación. En pocas palabras, no habrá república sin nación, tanto como no habrá paz sin democracia.
Así las cosas, es María Corina la intérprete cabal de lo inédito, de la voluntad de nación de los venezolanos tras el transcurso de casi dos centurias copadas, de forma absoluta, por el cesarismo bolivariano; por una república que ha hecho y deshace a su arbitrio y de ordinario con arbitrariedad que suma a sus habituales prácticas criminales, considerándose el ente tutelar de un pueblo al que ha preterido y todavía sojuzga. Se busca impedir que fragüe como nación madura sin mengua de su cultura de presente o de tener un ser inacabado que se hace y rehace a diario, buscando alcanzar entidad moral, así la sea en cierne.
El liderazgo de María Corina Machado representa una ruptura simbólica con la tradición de liderazgo partidista centralizado en Venezuela y un llamado a la participación militante de la ciudadanía, para que en lo sucesivo prive el principio pro homine et libertatis por encima del histórico principio pro-Estado. Traspasa a su experiencia juvenil de servicio social a los niños abandonados o maltratados de Venezuela y, sucesivamente, dada su sólida formación académica y empresarial deriva hacia una organización de la sociedad civil – es el caso de Súmate – preocupada por el control electoral y la transparencia del voto en un momento de histórica debilidad del sistema de partidos políticos en el conjunto de Occidente.
La cuestión es que, tras el agotamiento del mismo sistema de partidos, por sólo conjugar éstos con el lenguaje del poder desde finales del siglo XX, sus mascarones se ven empujados a una tácita cohabitación clientelar con los actores de la dictadura. Machado, antes bien, que entiende y hace suyo el desamparo en el que se encuentran los venezolanos, su misma labor de vigilancia de la transparencia electoral la lleva al encuentro cotidiano con estos, en todos sus estratos y en la plenitud de la geografía patria. Pasan a ser aquellos, todos, parte vertebral de su agenda. La gente común son el foco central de su atención, pues actúa consustanciada con la idea de la democracia moral.
Al cabo, tras cada firma que recolectaba para los procesos comiciales referendarios o del voto que cuidaba siguiéndole su ruta para evitar que lo confiscase el régimen, entendió bien que tras cada sufragio se encontraba una persona de carne y hueso, que votaba como último recurso para torcerle el brazo a la fatalidad dictatorial y a su desamparo. A los candidatos los ve ella de subsidiarios. ¡Y es que la gente, carente de destino cierto, lo constata María Corina – seguía depositando todas sus esperanzas en una mesa de agiotistas de Estado, de oficiantes de la república, de liderazgos al detalle! Las frustraciones se acumulaban, tras cada fraude electoral, o de cada victoria opositora sin destino a lo largo de más de dos décadas.
Decía – me lo decía – Ramón J. Velásquez, historiador y expresidente de Venezuela que, a partir de los turbulentos años posteriores a 1989, a raíz del punto de ignición que fuese la insurgencia de El Caracazo, los venezolanos, hijos de la modernización, abandonaron sus casas para irse a la calle sin disposición de regreso. La nación, en efecto, acogotada le decía a sus modernizadores – a los partidos que forja la democracia civil durante la segunda mitad del siglo XX, sustitutivos de los cuarteles dominantes durante la primera mitad – que, para lo sucesivo, la tutela de la sociedad política sobre la sociedad civil había concluido. Aquellos no lo entendieron. Les bastaba con acompañar reformas “gattopardianas”, oxigenantes de la política como oficio, pero ajenas, aquí sí, a la idea del bien común y del personalismo o humanismo integral.
He allí que, llegado el momento, esa misma nación, resiliente, dispersa, genéticamente libertaria como la venezolana, decide romper sus cadenas tras tantos vejámenes. E incomprendida por los detentadores de la República se tropieza con una mujer y madre, que alcanza a interpretarla fidedignamente. Deciden protegerse mutuamente, en reciprocidad. Machado se le suma, no la dirige. La orienta y le da los elementos de juicio para que se organice, logre determinar su voluntad, y seguidamente la defienda, mediante una amalgama de voluntades. Le restablece el sentido de la esperanza a la nación que despierta y emerge, a partir del obrar personal de cada ciudadano, apalancada sobre el optimismo de la voluntad y consciente, ahora, que, sin ella, sin la nación ni hay república ni democracia viables.
Anima María Corina Machado a la nación tras su desierto de casi tres décadas, y deja en sus manos su propio destino, primero en 2023, cuando en elecciones primarias la legitiman como candidata presidencial y como su legítima líder y, después, el 28 de julio de 2024, al designar ella como candidato presidencial – cuando el régimen la inhabilita – a Edmundo González Urrutia, un diplomático que tuvo experiencia en la construcción de la paz centroamericana y quien resulta mayoritariamente electo.
Es esa nación, la venezolana, la que logra derrotar a los secuestradores de la República. Lo hace en paz, guiada por Machado, antes de que la represión de los venezolanos se vuelva otra vez sobre ambas, sobre María Corina y sobre el conjunto del pueblo, indiscriminadamente. Pero este, como nación, se dio un presidente. Le otorgó legitimidad de origen republicano. Le ha entregado un mandato confiando en la palabra de María Corina, constructora de caminos de paz en un país asediado por la violencia criminal y el terrorismo de Estado.
“Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad”, escribe la ahora Premio Nobel de la Paz, en su agradecimiento al Instituto de Oslo. “A cada venezolano: este premio es tuyo”, concluye, y afirma, “vamos de la mano de Dios, hasta el final”.
Citación académica sugerida: Asdrúbal Aguiar. ¿Qué significa el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado para la democracia y los derechos humanos?. Agenda Estado de Derecho. 2025/12/02. Disponible en: Enlace permanente: https://agendaestadodederecho.com/premio-nobel-de-la-paz-a-maria-corina-machado-para-la-democracia/
Palabras clave: María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, Venezuela
¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones
Abogado y doctor en derecho, escritor y académico, catedrático, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobernador de Caracas, ministro de la presidencia y de relaciones interiores, y presidente encargado de Venezuela. Presidió el Comité de Redacción del Proyecto de la UNESCO sobre el derecho humano a la paz. Actualmente es el Secretario General del Grupo IDEA.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.